Archivo mensual: octubre 2010

     Marzo 2013

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Obligación de las personas físicas y jurídicas de comunicar al Banco de España sus transacciones económicas y saldos de activos y pasivos financieros con el exterior

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Le recordamos que el 1 de enero de 2013 entró en vigor la Circular 4/2012 del Banco de España, que obliga a las personas físicas y jurídicas a comunicar al Banco de España sus transacciones económicas y saldos de activos y pasivos financieros con el exterior. Esta Circular sustituirá a las Circulares 6/20001 y 3/20062 y, parcialmente, a la Circular 2/20013, si bien estas no quedarán derogadas hasta el 1 de enero de 2014. En consecuencia, durante el año 2013 coexistirán las obligaciones de información previstas en la nueva Circular y en las anteriores.4

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Como consecuencia de la aprobación de la nueva Circular, parte de la información sobre cobros y pagos exteriores, que antes se obtenía a través de los proveedores de servicios de pago, ahora tendrá que comunicarse directamente por los residentes.

 

En términos generales, las modificaciones introducidas implican, entre otros aspectos, que parte de la información sobre cobros y pagos exteriores que anteriormente se obtenía a través de los proveedores de servicios de pago (entidades de crédito y entidades de pago)  se obtendrá directamente a través de su declaración por los residentes que hayan realizado tales operaciones, para los fines estadísticos, fiscales y administrativos que establecen las norma y que se establece un nuevo sistema de información periódica.

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¿QUIÉN DEBE COMUNICAR?

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Cualquier persona física o jurídica residente en España (distintas de los proveedores de servicios de pago inscritos en el Banco de España) que realicen transacciones con un no residente o mantengan activos o pasivos en países distintos de España.

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Las sociedades que pertenecen a un Grupo deberán presentar la información correspondiente de manera individual. No obstante, si se cumplen determinados requisitos, esta información podrá ser remitida de manera conjunta por un mismo remitente.

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¿QUÉ SE DEBE COMUNICAR?

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Se deberá informar al Banco de España de cualquier transacción que lleven a cabo con extranjeros; y  de los balances de activos y pasivos en el exterior, así como de cualquier cambio que se produzca en tales posiciones.

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Las transacciones con no residentes comprenden todas las operaciones por cuenta propia, de cualquier naturaleza y con independencia de cómo se liquiden. Se consideran operaciones a estos efectos todos los actos, negocios y operaciones que supongan –o de cuyo cumplimiento pueda derivarse- cobros, pagos o transferencias exteriores así como variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras.

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Igualmente, deberá informarse de los saldos y variaciones de activos y pasivos frente al exterior, cualquiera que sea la forma en la que se materialicen.

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Atención.Es por ello que esta nueva regulación va a resultar de aplicación, por ejemplo, a aquéllos clientes (residentes) de banca privada en España, que realicen operaciones por cuenta propia con no residentes sea cual sea su naturaleza e independientemente de cómo se liquiden, es decir, bien se liquiden mediante transferencias exteriores, a través de abonos o adeudos en cuentas bancarias o interempresa, por compensación o mediante entrega de efectivo, y/o que hayan optado por un modelo de custodia de su efectivo y valores en el exterior, y que, por lo tanto, tenga saldos y variaciones de activos o pasivos frente al exterior, cualquiera que sea la forma en la que se materialicen (cuentas en entidades bancarias o financieras, cuentas interempresas, depósitos de efectivo o de valores, participaciones en el capital, instrumentos representativos de deuda, instrumentos financieros derivados, inmuebles, etc.).

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¿CUÁNDO HAY QUE COMUNICAR?

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La periodicidad de las comunicaciones dependerá del volumen de las transacciones realizadas por los sujetos obligados durante el año inmediatamente anterior, así como de los saldos de activos y pasivos de dichos sujetos obligados el 31 de diciembre del año anterior.

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Las declaraciones deberán presentarse con periodicidad mensual, trimestral o anual tan pronto como se cumplan los correspondientes umbrales:

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  • Mensualmente, si los importes de las transacciones o los saldos de activos y pasivos del año anterior son iguales o superiores a 300 millones de euros. El plazo para presentar la primera declaración mensual referida a enero 2013 finaliza el 20 de febrero de 2013.
  • Trimestralmente, si los importes de las transacciones o los saldos de activos y pasivos del año anterior son iguales o superiores a 100 millones de euros e inferiores a 300 millones de euros. El plazo para presentar la primera declaración trimestral referida al primer trimestre de 2013 finaliza el 20 de abril de 2013.
  • Anualmente, si los importes de las transacciones o los saldos de activos y pasivos del año anterior son inferiores a 100 millones de euros. El plazo para presentar la primera declaración anual referida al ejercicio 2013 finaliza el 20 de enero de 2014.

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Es importante aclarar que:

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ü  Se deberá presentar una declaración, aunque en el correspondiente periodo no se hubieran realizado transacciones, si los saldos activos o pasivos exteriores alcanzan los umbrales de notificación.

ü  Deberán comunicarse todas y cada una de las transacciones y variaciones del periodo aunque sus saldos finales fueran cero.

ü  Dentro del mismo ejercicio económico no está permitido cambiar más de una vez de periodicidad, ni cambiar la periodicidad a otra con menor frecuencia (es decir, pasar de mensual a trimestral o de trimestral a anual).

 

Atención. Cuando los importes antes referidos no superen el millón de euros la declaración solo se enviará al Banco de España  a requerimiento expreso de éste y en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de solicitud.

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No obstante, aquellos residentes que, no habiendo alcanzado los umbrales de declaración antes expuestos, los superaran a lo largo del año corriente quedarán obligados a presentar las declaraciones con la periodicidad que corresponda, a partir del momento en el que dichos límites se excedan.

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Sin perjuicio de lo anterior, cuando ni el importe de los saldos ni el de las transacciones superen los 50 millones de euros, las declaraciones, podrán efectuarse de forma resumida, conteniendo exclusivamente los saldos inicial y final de activos y de pasivos exteriores, la suma total de las operaciones de cobro y la suma total de las operaciones de pago del período declarado.

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¿CÓMO HAY QUE COMUNICAR?

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La información se comunicará, exclusivamente por medios telemáticos, al Banco de España a través de los formularios disponibles en su página Web (www.bde.es).

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Es importante señalar que para el acceso y remisión de los formularios el sujeto declarante deberá contar con un certificado electrónico expedido por alguna de las autoridades de certificación aceptadas por el Banco de España. Además, los sujetos declarantes deberán contar con procedimientos y programas informáticos que les permitan guardar la información que remitan al Banco de España, para repetir, si fuera necesario las transmisiones realizadas. En todo caso, los sujetos declarantes deberán conservar los datos remitidos durante un plazo mínimo de 27 meses.

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Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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Atentamente,

LE DAMOS UNOS CONSEJOS REALMENTE ÚTILES

Responsabilidad del administrador en caso de disolución de la sociedad

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Puede ocurrir que una empresa cierre con unos fondos propios negativos por encima de la ½ del capital social. Tiene un capital social de 60.500,00€ y una deuda de 60.000,00€ entre proveedores, Hacienda y Seguridad Social a la que no puede hacer frente. Si se deja inactiva la empresa ¿cómo responde el administrador, está obligado a presentar concurso de acreedores?

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Responsabilidad de los administradores

 

La Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo. Apunte. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

Causa de disolución de la sociedad

 

Verifique si el patrimonio neto de la empresa (es decir, el capital más las reservas y menos las pérdidas acumuladas) es inferior a la mitad del capital social. Si es así, la sociedad está en causa de disolución, y el administrador, en el plazo de dos meses desde que conoce esta situación, está obligado a convocar una junta de socios en la que se corrija el problema (por ejemplo, aumentando el capital o disolviendo la sociedad). Apunte. Si no lo hace, responde con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad que se generen con posterioridad a la causa de disolución.

 

Deber de convocar la Junta General o presentar concurso de acreedores

 

La Ley de Sociedades de Capital impone un doble deber a los administradores cuando la sociedad está incursa en causa de disolución:

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  • Deber de convocatoria de la Junta General para que adopte el acuerdo de disolución, o que presente el concurso de acreedores si la sociedad fuera insolvente, en el plazo de dos meses a contar desde el momento en el cual tuvieron conocimiento de la existencia de la referida causa de disolución.
  • Disolución judicial. El segundo de aquellos deberes es subsidiario al anterior, y es que los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando, después de haber sido convocada la Junta General, esta no se celebrara o el acuerdo adoptado en la misma fuera contrario a la disolución de la sociedad.

 

Apunte. En el caso de que los administradores no cumplan con lo anteriormente expuesto, los mismos serán responsables solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a que se produzca la causa legal de disolución, presuponiendo que las obligaciones sociales que puedan ser reclamadas son de fecha posterior a la fecha en la que se produjo aquella causa legal de disolución, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

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Inactividad responsable

De acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, la anterior responsabilidad se configura como una pena civil o responsabilidad por la inactividad de los administradores al no solicitar el acuerdo de disolución en aquellos casos en los que exista una causa legal de disolución. Apunte. El incumplimiento de aquel deber comporta la responsabilidad objetiva y solidaria de los administradores con la sociedad por todas las obligaciones sociales, lo que hace a la referida responsabilidad ilimitada.

 

Si la sociedad se encuentra en causa de disolución como consecuencia de pérdidas pero además se encuentra también en causa para solicitar el concurso de acreedores, la obligación del administrador será solicitar el concurso. En caso contrario, el administrador también puede llegar a responder de las deudas de la sociedad si no solicita la declaración de concurso en el plazo de dos meses desde que conoce la insolvencia.

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PORQUE SABER QUE TRATA CON EXPERTOS, LE DA TRANQUILIDAD.

Se endurece la tributación de las ganancias y pérdidas a corto plazo en el IRPF

Desde el 1 de enero de 2013, se ha producido un cambio importante al tributar en la Base General del IRPF (según escala de gravamen, y no a un tipo fijo, y sumándose al resto de rendimientos como los del trabajo o actividades económicas) las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en un año o menos. Por tanto, en la base imponible del ahorro sólo se incluirán las ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de un año. Esta modificación va acompañada de un  cambio en el régimen de integración y compensación de rentas.

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De acuerdo con la normativa vigente del IRPF hasta el 31-12-2012, no tenía relevancia el período de generación de las ganancias o las perdidas patrimoniales. Se trataba por igual a las transmisiones patrimoniales generadas hasta un año (desde la fecha de compra hasta la fecha de venta) que las generadas a más de un año, integrándose en la base imponible del ahorro del esquema de liquidación del IRPF, con independencia del periodo en que se hubiesen generado las mismas. Y lo hacían aplicándose un tipo fijo que es del 21% para los primeros 6.000 euros, sube al 25% si las plusvalías están entre 6.000 euros y 24.000 euros y llega a ser del 27% a partir de plusvalías superiores a 24.000 euros.

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Cambios introducidos por la Ley 16/2012 con efectos desde el 01-01-2013

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A partir de 2013 se endurece la fiscalidad de estas ganancias. El cambio consiste en que si estas ganancias se han generado en un periodo de hasta un año se integrarán en la base imponible general, sumándolas, entre otras, a los rendimientos del trabajo y aplicando el tipo marginal del contribuyente, que puede oscilar entre el 24,75% y el 56% en el caso concreto de Cataluña.

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Las generadas en más de un año seguirán teniendo el mismo tratamiento que hasta ahora, esto es, les resultará de aplicación el tipo fijo anteriormente comentado que va del 21% al 27%. Ello va a hacer que, en la práctica, se eleve significativamente la carga fiscal para los inversores a corto plazo con tipos marginales superiores al 27%. Así, si un contribuyente tributa habitualmente al tipo marginal del 24,75% y genera plusvalías en un solo ejercicio tendrá que pagar un 24,75% por ellas (salvo variación en su tramo de base general) en lugar del 21%. Pero sobre todo si es un contribuyente de rentas altas y tributa en torno al 50%, esta reforma le supondrá tributar el doble por sus movimientos de cartera.

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¿Se pueden seguir compensado las pérdidas como hasta ahora?

 

Integración y compensación a partir de 2013

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La modificación de las ganancias y pérdidas a corto plazo que hemos indicado va acompañada de un  cambio en el régimen de integración y compensación de rentas, que se resume de la siguiente manera:

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  • Las alteraciones generadas en un período de hasta un año pasan a integrarse con aquellas que no deriven de la transmisión o mejora de elementos patrimoniales.
  • Si tras dicha integración resulta un saldo negativo, su importe se compensará con el saldo positivo resultante de la integración  y compensación de los rendimientos e imputaciones de renta, hasta un 10% (antes era un 25%) de dicho saldo positivo.
  • Si resulta finalmente un saldo negativo, se compensará en los cuatro años siguientes, conforme a las reglas generales de compensación.

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Pérdidas a compensar de años anteriores

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Como medida transitoria la Ley permite:

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  • Que las pérdidas patrimoniales generadas en un plazo no superior a un año no prescritas y pendientes de compensación a 1 de enero de 2013 (es decir, generadas entre 2009 y 2012, ambos inclusive), se puedan seguir compensando con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro.
  • Que las pérdidas que no deriven de la transmisión de elementos patrimoniales (o su mejora) correspondientes a los ejercicios 2009 a 2012, se puedan compensar con los rendimientos e imputaciones de renta de la base general con el límite anterior del 25% (no del 10%) del saldo positivo resultante de la integración y compensación de dichos rendimientos e imputaciones. En todo caso, la compensación así efectuada, junto con la que corresponda a pérdidas de igual naturaleza generadas desde 1 de enero de 2013, no podrán exceder del 25% del referido saldo positivo.

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Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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Un cordial saludo,

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