Archivo mensual: abril 2012

Mercantil-Nuevas Tecnologias

Entran en vigor nuevas medidas en materia de comunicaciones electrónicas

Se exige el consentimiento del usuario sobre los archivos o programas informáticos (como las llamadas «cookies») que almacenan información en el equipo de usuario y permiten que se acceda a ésta.

 

En el BOE del sábado día 31 de marzo se ha publicado el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.

 

Esta norma, que entró en vigor con carácter general el día 1 de abril de 2012,  incorpora el nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electrónicas, modificando la Ley General de Telecomunicaciones, así como la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.

 

Entre otras novedades podemos destacar las siguientes:

 

  • Se introduce el fomento de la conectividad y la interoperabilidad extremo a extremo de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
  • Se desarrolla de la capacidad de los usuarios para acceder y distribuir información a través de cualquier aplicación o servicio.
  • Se introduce la posibilidad de obligar a realizar una separación funcional entre activos de red y suministro al por mayor de productos de acceso, como remedio extraordinario para supuestos de fallo persistente de la competencia.
  • Incluye importantes novedades en relación a los derechos de los operadores, reforzando su derecho a la ocupación de la propiedad pública y privada, que la norma exige que se garantice de modo efectivo.
  • Se refuerzan los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas, regulando, entre otros, su derecho al cambio de operador con conservación del número, en el plazo de un día laborable y mejorando la información que ha de suministrárseles.
  • En protección de datos se intenta lograr mayores niveles de seguridad.
  • En la gestión del dominio público radioeléctrico, se generaliza la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de los servicios y se profundiza en la regulación del mercado secundario de espectro.

 

Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico

 

Se adapta su régimen a la nueva redacción de la Directiva 2002/58/CE, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. Destaca, sobre todo, que ahora se exige el consentimiento del usuario sobre los archivos o programas informáticos (como las llamadas «cookies») que almacenan información en el equipo de usuario y permiten que se acceda a ésta.

 

Prohibición de envío de e-mails ocultando la identidad del remitente

 

Se prohíbe el envío de comunicaciones comerciales (e-mails, sms, etc.) en las que se oculte o se disimule la identidad del anunciante, así como el envío de comunicaciones comerciales a través de las cuales se incite a los usuarios participar en promociones ilegales o en las que no identifique al anunciante.

 

Forma de ejercicio del derecho de oposición

 

Se obliga a incluir una dirección de correo electrónico como forma a través de la cual los usuarios pueden ejercitar el derecho de oposición a recibir comunicaciones comerciales. La dirección de correo electrónico se debe ofrecer tanto en el momento en que se recaben los e-mails como en el propio correo electrónico a través del cual se remita la publicidad.

 

Acción de cesación

 

Podrán solicitar que se interrumpa el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas o que se vuelva repetir el envío de las mismas cualquier persona física o jurídica que se vea perjudicada por esta acción.

 

La obligación de obtener el consentimiento para la utilización de cookies

 

  • Se prohíbe la instalación o utilización de cookies o dispositivos similares en los ordenadores o terminales de los usuarios si estos no han dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos. Sin embargo no es necesario obtener el consentimiento cuando la finalidad para la que se utilicen sea la de efectuar la transmisión comunicaciones por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio expresamente solicitado por el usuario.

 

Asimismo, la norma señala que cuando sea técnicamente posible y eficaz el consentimiento del usuario para aceptar la instalación de las cookies podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Un cordial saludo,

Mercantil-Societario

Convocatoria de la Junta General de la Sociedad Anónima por los socios que representen, al menos, el 5% del capital social

El plazo que tienen los administradores para que la Junta se celebre será el de dos meses contados desde el requerimiento notarial que se les haga.

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 1 de julio), al año escaso de su entrada en vigor y habiendo transcurrido menos de ocho meses desde su primera reforma, ha sufrido una profunda modificación por Ley 1/2011, de 1 de agosto. Entre otros muchos aspectos del mismo que se han visto modificados y que han sido objeto de nuestra atención circulares anteriores o que lo serán en lo sucesivo, hemos querido destacar, en esta ocasión, la reforma del Art. 168.2 de dicha norma, sobre la obligación de solicitud de convocatoria de al Junta General por la minoría de accionistas.

Así, le recordamos que los administradores deberán convocar la junta general cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el 5% del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar.

Además, ahora se añade que el plazo que tienen los administradores para que la Junta se celebre será el de dos meses contados desde el requerimiento notarial que se les haga.

Dice el precepto reformado que “En este caso, la junta general deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.”

Se trata de una modificación que obligará a modificar muchos estatutos sociales de sociedades anónimas, pues en casi todos los modelos figuraba este derecho de la minoría y, dado el texto legal, todos ellos establecían el plazo de un mes conforme al antiguo Art. 100 de la LSA.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Un cordial saludo,

Mercantil -Concursal – Preguntas y Respuestas sobre el concurso de acreedores

El Real Decreto Ley 3/ 2009, de 27 marzo, sobre Medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica aborda, además, una reforma de urgencia y limitada de la vigente Ley Concursal en apoyo de las empresas deudoras y sus acreedores, y para corregir determinadas cuestiones procesales y sustantivas que dificultaban injustificadamente la aplicación y consecución de los objetivos previstos en la ley.

 La ventajas de la nueva Ley Concursal. Reducción de costes y plazos

  • REFINANCIACIÓN A LAS EMPRESAS VIABLES. Se estimulan las operaciones de refinanciación a favor de empresas en dificultades. Ante el riesgo de que las refinanciaciones acordadas antes de que las empresas sean declaradas en concurso puedan ser rescindidas una vez iniciado éste, la reforma incluye un aumento de las garantías a favor de las entidades encargadas de refinanciar, centradas en la no rescindibilidad de las operaciones no fraudulentas derivadas de estos acuerdos y en la restricción de la legitimación para impugnar tales operaciones. Estas garantías se condicionan a que la refinanciación cuente con el respaldo de 3/5 de los acreedores, un plan de viabilidad avalado por un informe independiente y todo ello documentado en escritura pública.
  •  INCENTIVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS ANTICIPADOS QUE EVITEN LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA EN CONCURSO. La reforma busca facilitar que las empresas que vayan al concurso hayan tenido la oportunidad de consensuar con sus principales acreedores un futuro convenio que impida la liquidación. En esta línea se incorporarían las siguientes reformas:
  • SE PREVÉN TRES MESES DE APLAZAMIENTO DEL DEBER DE DECLARAR CONCURSO para los deudores que así lo comuniquen al juez, instrumentando así un plazo para fomentar un acuerdo con los acreedores sobre el convenio anticipado.
  • FACILITAR LA PROPUESTA DE CONVENIO ANTICIPADO, tanto para acreedores, como para el deudor, y flexibilizando el régimen de mayorías para alcanzar las adhesiones necesarias.
  • AGILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO Y REDUCCIÓN DE SUS COSTES. Se pretende reducir la duración del concurso reduciendo la previsible degradación progresiva de la situación patrimonial y financiera de la empresa y los costes del proceso. 

 

  •  Revisión del sistema retributivo de los administradores concursales. Se proponen medidas tales como la limitación de las retribuciones, la creación de un mecanismo que asegure una percepción mínima a los administradores de empresas concursadas sin suficientes fondos, y que el pago de los informes de expertos se haga con cargo a la retribución de los administradores judiciales.
  • La ampliación del ámbito del procedimiento abreviado a empresas con un pasivo inferior a 10 millones de euros.
  •  Modificaciones procesales como la clarificación de reglas de impugnación, la supresión del incidente concursal sobre el auto que conceda o deniegue autorización judicial cuando ésta es necesaria y la supresión de la vista como regla general.
  • Publicación gratuita de los anuncios en el BOE y creación de un Registro Público Telemático de Resoluciones Concursales para agilizar su conocimiento.
  • Posibilidad de tramitación escrita del convenio, prescindiendo de la junta de acreedores, cuando el número de éstos exceda de trescientos.
  • Agilización de la liquidación de la empresa, cuando su situación económica pone de manifiesto desde un inicio que éste es el final razonable del proceso.
  •  Se evita así una mayor degradación de su valor por el tiempo de duración del proceso. Con esta finalidad se introduciría la posibilidad de la liquidación anticipada a propuesta del deudor y la realización de bienes para el pago a los acreedores.
  • Revisión de la situación de determinados créditos, reforzando las garantías de los créditos públicos y del FOGASA, y la posición de los acreedores           que no pudieron conocer el concurso, y subordinando los créditos derivados de obligaciones recíprocas cuando el incumplimiento es resultado de acciones del acreedor obstaculizando las mismas y los de los socios especialmente relacionados con el concursado.
  •  Mejora en la situación de los trabajadores de empresas concursadas. Para evitar la paralización de los expedientes de regulación de empleo en tramitación se permite su continuación  en tanto no se declare el concurso de la empresa. Además, se permite la extinción de las relaciones laborales desde dicha declaración, con vistas a que los trabajadores puedan cobrar las prestaciones por desempleo.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA SOBRE UNA SITUACIÓN DE INSOLVENCIA Y EL CONCURSO DE ACREEDORES

A)LA VIABILIDAD DE LA COMPAÑÍA. Premisa básica. En el caso de que los administradores tuvieran dudas acerca de que la empresa pueda salir adelante, con o sin refinanciación de su carga financiera, el concurso se presenta como única opción ya que, en caso contrario, renegociación sobre presupuestos no factibles, estarían incumpliendo la normativa vigente actual y, por tanto, incurrirían en responsabilidades mercantiles e incluso penales.

B)LA GESTIÓN DE LA FIRMA. Mientras que en las refinanciaciones el equipo gestor vive pendiente de los vencimientos de principal e intereses, en los concursos se suspende el devengo de intereses de aquellas deudas no garantizadas (en las garantizadas siguen corriendo hasta el límite de la garantía) lo que permite a los administradores adecuar la actividad ordinaria de la sociedad a la nueva realidad que le afecta, bajo la supervisión de un administrador concursal.

C)LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA. Muchos empresarios rechazan los concursos por cómo pueden afectar a la reputación de la firma que dirigen. Sin embargo, no hay peor reputación que un impago. El concurso supone aceptar de forma realista la verdadera situación financiera de la empresa que se acoge a él y facilita a los acreedores un mayor control sobre la actividad de la empresa y sus deudas.

D)DISPONIBILIDADES FINANCIERAS. El concurso permite una reestructuración realista del balance de la compañía afectada a través de los mecanismos de quita, por una parte, que tiene un tope legal del 50%, y de suspensión de intereses por otra, intereses que se convierten en crédito subordinado que sólo cobrarán los acreedores una vez liquidada la deuda principal. Mientras dure el concurso, la empresa puede funcionar, desde el punto de vista financiero, de forma ordinaria si bien habrá perdido su crédito en el mercado.

E)POSIBILIDAD DE ACUERDOS. Mientras que en las refinanciaciones se requiere la unanimidad de los acreedores para cerrar el acuerdo, en el caso de los concursos basta con la mayoría simple de los mismos, aunque sea un único prestamista, lo que agiliza los procesos de toma de decisión y zanjan, de una vez por todas, la problemática de la financiación. Se pueden cerrar procesos concursales con acuerdos entre las partes sobre la base de planes de viabilidad similares a los que acompañan los procesos de refinanciación.Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos siguientes:

  1. El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones.
  2. La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio.
  3. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.
  4. El incumplimiento de de alguna de las obligaciones siguientes:
  • Las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso;
  •  Las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período,
  • Las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.

Además, ello puede suponer, que  pueda servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario por parte de cualquier acreedor.

El incumplimiento del deber de formular la solicitud de declaración del concurso constituirá a su vez una presunción de dolo u culpa grave del deudor o, en su caso, de sus representantes legales, administradores o liquidadores, a los efectos que para la calificación del concurso como culpable.

PREGUNTAS INDICATIVAS Y GENERALES PARA VALORAR LA POSIBILIDAD DE IR A UN CONCURSO

¿Cuáles son los Fondos propios? ¿Cuál es el Capital social? ¿Cuantos meses de impago con proveedores se están manteniendo? ¿Cuantos meses de impago se mantienen con Entidades Financieras? ¿Cuántos meses de impago se mantienen con Hacienda Publica y con Seguridasd Social y con los  Empleados?

Actualidad Juridica
  • IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES El artículo 7 del Real Decreto-Ley 1/2015 , de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, […]

    Leer [+]

  • NOVEDAD LEGISLATIVA  SOBRE EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. La […]

    Leer [+]

  • Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de […]

    Leer [+]

  • Contenido y novedades del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera […]

    Leer [+]

  •   Con fecha 4 de octubre de 2014, el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados ha publicado el Proyecto […]

    Leer [+]

  • El Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de […]

    Leer [+]

  •   Desde el pasado 29 de septiembre de 2013, se han introducido modificaciones en el Código de Comercio y en […]

    Leer [+]

  •   La Secretaria de Estado de Energía ha aclarado algunas dudas sobre la aplicación del Real Decreto 235/2013 por el […]

    Leer [+]

  • El próximo 1 de noviembre entrará en vigor el nuevo índice diseñado por el Gobierno en la Ley de Emprendedores […]

    Leer [+]

  • LE DAMOS UNOS CONSEJOS REALMENTE ÚTILES   Desde el 29 de septiembre de 2013, el empresario puede también asumir personalmente […]

    Leer [+]

Spot