Archivo mensual: septiembre 2012

Mercantil – Concursal

Regulado el seguro de responsabilidad civil de los administradores concursales

El administrador concursal debe disponer de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente para responder de su obligación de indemnizar al deudor o a los acreedores por los daños que pueda causar a la masa activa por los actos u omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia.

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales, para cubrir la responsabilidad en la que puedan incurrir en el ejercicio de su función.

 

El Real Decreto es consecuencia de la modificación operada en la Ley Concursal tras su reforma, en octubre de 2011, por la que se introdujo la exigencia de que el administrador concursal disponga de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente para responder de su obligación de indemnizar al deudor o a los acreedores por los daños que pueda causar a la masa activa por los actos u omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia.

 

Este aseguramiento se convirtió, tras la reforma de la Ley Concursal en una condición necesaria para poder actuar como administrador concursal en cualquier clase de concursos de acreedores en aras a asegurar esa responsabilidad.

 

Cobertura de la responsabilidad

 

La cobertura de la responsabilidad del administrador concursal se puede articular a través de un contrato de seguro de responsabilidad civil o de una garantía equivalente constituida por entidad de crédito que pueda prestar garantías de este tipo.

 

También pueden introducir esa cobertura mínima obligatoria como ampliación de las pólizas de responsabilidad civil profesional de abogados, economistas, titulados mercantiles o auditores.

 

Como la vigencia del seguro o la garantía equivalente es obligatoria para el nombramiento y aceptación del cargo, la cobertura se debe mantener durante la tramitación del proceso concursal y la suma asegurada exigible variará en función tanto del número de concursos en los que intervenga el administrador concursal como de la entidad y complejidad de aquéllos.

 

Atención. La suma asegurada irá desde los 300.000 euros a los 3 millones de euros.  Para las personas jurídicas se exige una suma asegurada de 2 millones de euros, cantidad que se eleva a 4 millones cuando intervenga en concursos de mayor complejidad.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Un cordial saludo,

 

Mercantil – Emprendedores – Financiación

96 millones para financiar a PYMES, empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores

Los emprendedores podrán solicitar créditos sin necesidad de garantías adicionales a las del propio proyecto empresarial.

El Consejo de Ministros ha aprobado tres Acuerdos para la firma de otros tantos convenios entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio, para la financiación de proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas; empresas de base tecnológica y por jóvenes emprendedores, con objeto de impulsar la creación de empresas y contribuir a la generación de empleo.

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha destinado a este fin 96,1 millones de euros y se estima que dará cobertura, a través de las tres líneas gestionadas por ENISA, a unos 750 proyectos empresariales, induciendo una inversión de 616,6 millones de euros y la creación de 7.410 puestos de trabajo.

 

Los préstamos participativos son instrumentos de financiación que aportan recursos a largo plazo a las empresas sin interferir en su gestión, con unos tipos de interés vinculados a la evolución de los resultados de la misma, sin exigir más garantías que las del propio proyecto empresarial y la solvencia profesional del equipo gestor.

 

La financiación se articula a través de tres líneas:

 

Línea PYME

 

Se concederá entre 75.000 euros y 1,5 millones de euros a proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas con objeto de mejorar su competitividad y contribuir a la generación de empleo.

 

El periodo de amortización de los préstamos tendrá un vencimiento máximo de nueve años, con un máximo de siete años de carencia. No se exigirán garantías y el tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.
Línea de Empresas de Base Tecnológica

 

Se concederá entre 75.000 euros y 1,5 millones de euros, sin garantías, a proyectos cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios.

 

Las líneas tendrán un vencimiento máximo de siete años, con un máximo de cinco años de carencia. El tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.

 

Línea de jóvenes emprendedores

 

La línea está destinada a favorecer la creación de pequeñas y medianas empresas con proyectos promovidos por jóvenes emprendedores de hasta cuarenta años.

 

Los préstamos, por una cuantía máxima de 75.000 euros sin garantías, tendrán un vencimiento máximo de cuatro años con una carencia máxima de seis meses. Al igual que el resto de las líneas, el tipo de interés se fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Un cordial saludo,

 

Mercantil – Concursal

Acuerdos de refinanciación como alternativa al concurso de acreedores

Para aquellas empresas o deudores que puedan atravesar dificultades económicas pero que aún no se encuentren inmersos en el concurso de acreedores, la reforma de la Ley Concursal les da ahora la posibilidad de renegociar la deuda con sus acreedores, dándoles igualmente la facultad de lograr acuerdos de refinanciación, favoreciendo con todo ello las soluciones convencionales previas al procedimiento concursal.

 

La Ley 38/2011 de reforma de la Ley 22/2003 Concursal entró en vigor con carácter general el 1 de enero de 2012, si bien un buen número de preceptos resultaron de aplicación antes de dicha fecha; en particular, algunas de las modificaciones más relevantes en materia de refinanciación entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

 

Acuerdos de refinanciación

 

La Ley Concursal establece la obligatoriedad del deudor de solicitar la declaración del concurso dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debiera conocer su estado de insolvencia.

 

Con la reforma de la Ley se flexibiliza dicho plazo, ya que se establece que el deudor, durante los 2 meses desde el inicio de la insolvencia en que está obligado a solicitar el concurso, puede optar por poner en conocimiento del juzgado competente que está llevando a cabo “negociaciones para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.”, en este caso la Ley le permitirá negociar su propuesta durante 3 meses, sin que incurra en responsabilidades por no haber solicitado el concurso.

 

Los acuerdos de refinanciación que se alcancen dentro de este plazo ampliado gozarán de una protección especial, por lo que tanto el acreedor como la empresa saldrán beneficiados.

 

Si se cumplen determinados requisitos (entre otros, que la empresa presente un plan de viabilidad) la operación de refinanciación ya no podrá ser anulada por el juzgado.

 

Transcurridos 3 meses desde la respectiva comunicación al Juzgado, el deudor deberá lograr la adhesión del 20% de los acreedores a la propuesta, para que ésta sea admitida a trámite. En aquel momento, esto es, dentro del cuarto mes a contar desde la mencionada comunicación al juzgado del inicio de las negociaciones, haya alcanzado o no las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, deberá informar al juez para que éste abra un procedimiento concursal cuyo objeto es aprobar dicho convenio de acreedores, que requerirá la conformidad del 50% de los créditos.

 

De esta manera se potencia el “privilegio” de los créditos de quienes participen en acuerdos de refinanciación, de tal forma que el 50% de los créditos otorgados – que supongan nuevos ingresos de tesorería – tendrán el carácter de crédito contra la masa.

 

En conclusión, si durante este periodo de tiempo, el deudor logra llevar a buen término las negociaciones y consigue alcanzar los acuerdos suficientes haciendo con ello que desaparezca el estado de insolvencia, evitará el procedimiento concursal.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Un cordial saludo,

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