Archivo mensual: abril 2013

Se aproxima el plazo límite para informar sobre los bienes y derechos en el extranjero

Le recordamos que la «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero», a través del modelo 720 correspondiente al ejercicio 2012 debe realizarse entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2013, y deberá informar sobre los bienes y derechos que tienen en el extranjero a 31-12-2012, tanto cuentas en entidades financieras, como bienes inmuebles, valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionados u obtenidos fuera de España. Se excluye de esta obligación de declarar cuando el valor de los mismos no supere los 50.000 euros por cada tipo de bien o derecho. La presentación en años sucesivos de la declaración informativa sólo será obligatoria cuando el citado límite hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros.

 

¿Quiénes están obligados a informar? ¿Sobre que bienes y derechos?

 

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades en atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias yacentes…) vendrán obligados a presentar esta declaración informativa anual.

 

Atención. La DGT, con fecha de 13 de febrero de 2013, ha establecido los criterios acerca de la obligación de presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero por parte de personas físicas que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley del IRPF (miembros de misiones diplomáticas españolas, de las oficinas consulares españolas, titulares de cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de las delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante organismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de observadores en el extranjero, y funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular así como por parte de los miembros de organismos que, en virtud de sus estatutos, estén obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias de imposición directa en España.

 

Bienes y derechos situados en el extranjero

 

A. Las cuentas de su titularidad, o en las que figuren como representantes, autorizados o beneficiarios, o sobre las que tengan poderes de disposición, o de las que sean titulares reales, que se encuentren situadas en el extranjero, abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, a 31 de diciembre de cada año o en cualquier momento del año al que se refiera la declaración, y cuyo importe conjunto supere los 50.000 euros.

 

Atención. No existirá obligación de informar  respecto de las siguientes cuentas:

 

a)    Aquéllas de las que sean titulares el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y otros organismos públicos especificados en la norma.

b)    Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.

c)     Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas.

d)    Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por dichas entidades, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.

e)    No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año, cada uno, no superen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse cualquiera de dichos límites conjuntos deberá informarse sobre todas las cuentas.

 

 

B. Los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, y cuyo importe conjunto supere los 50.000 euros.

 

 

Atención. No existirá obligación de informar  no resultará exigible en los siguientes supuestos:

 

a)    Cuando el obligado tributario sea el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y otros organismos públicos especificados en la norma.

b)    Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica o entidad residente en territorio español o cuando sea un establecimiento permanente en España de no residentes, que tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, seguros y rentas a que se refiere este artículo.

c)     Cuando los valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas, los representativos de la cesión a terceros de capitales propios, los aportados al instrumento jurídico correspondiente, y el valor liquidativo de las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero a 31 de diciembre, el valor de rescate de los seguros de vida o invalidez a 31 de diciembre  y el valor de capitalización de las rentas temporales o vitalicias a 31 de diciembre, no superen, conjuntamente, el importe de 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los títulos, activos, valores, derechos, seguros o rentas.

 

d)    C. Los bienes inmuebles o a derechos sobre bienes inmuebles, situados en el extranjero, de los que sean titulares o respecto de los que tengan la consideración de titular real, y cuyo importe conjunto supere los 50.000 euros.

 

 

Atención. No existirá obligación de informar  respecto de los siguientes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles, situados en el extranjero:

 

a)    Aquéllos de los que sean titulares el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y otros organismos públicos especificados en la norma.

b)    Aquéllos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registrados en su contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados.

c)     Aquéllos de los que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registrados en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados.

d)    No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho sobre bien inmueble cuando los valores de adquisición, y los valores a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio para contratos de multipropiedad y derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, no superasen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles.

 

 

Atención. La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando cualquiera de los datos/ saldos / valores conjuntos por tipo de activo a los que se refiere el límite de 50.000 euros antes comentado, que determina la obligación o no de declarar, experimente un incremento superior a 20.000 euros.

 

En todo caso, y con independencia de lo anterior, resulta obligatoria la presentación de la declaración para quienes dejaron de tener durante el periodo la condición de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales.

 

 

CUADRO RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN A SUMINISTRAR

 

 

Tipo de bien o derecho CUENTAS

 

VALORES

O DERECHOS

SEGUROS Y RENTAS INMUEBLES Y DERECHOS SOBRE LOS MISMOS
Información a suministrar - Identificación de la cuenta con código IBAN

- Razón social o denominación de la entidad y domicilio incluyendo país

- Numero de identificación fiscal en el extranjero de la entidad

- Fecha de apertura de cada tipo de cuenta

- Fecha de la autorización o del poder de disposición

- Tipo de titularidad

- Porcentaje de titularidad

- Saldo al 31 de diciembre de cada cuenta

- Saldo medio de cada cuenta en el ultimo trimestre del ejercicio de la declaración

- Identificación por código

- Razón social o denominación de la entidad participada, cesionaria del capital, o encargada de la gestión o administración de valores y domicilio incluyendo país

- Numero de identificación fiscal en el extranjero de la entidad

- Fecha de adquisición de la titularidad o titularidad real de las acciones o participaciones

- Numero de valores (acciones, participaciones,….)

- Tipo de titularidad

- Porcentaje de titularidad

- Valor al 31 de diciembre de cada valor y derecho

- Razón social o denominación de la entidad y domicilio incluyendo país

- Numero de identificación fiscal en el extranjero de la entidad

- Fecha de contratación con la entidad aseguradora o la receptora de los bienes y derechos constitutivos de las rentas vitalicias o temporales titularidad real de las acciones o participaciones

- Tipo de titularidad

- Porcentaje de titularidad

- Valor de rescate al 31 de diciembre (seguros de vida o invalidez)

- Valor de capitalización al 31 de diciembre (rentas temporales o vitalicias)

- Dirección del inmueble: nombre de la vía publica, número de la casa, población, provincia/Región/

Estado, Código postal, Código país

- Tipo de bien inmueble (urbano o rustico)

- Fecha de adquisición de la titularidad o titularidad real del bien inmueble o del derecho real sobre el mismo

- Tipo de titularidad

- Porcentaje de titularidad

- Valor de adquisición del bien inmueble incluyendo los impuestos

- Valor de derechos reales según el impuesto de patrimonio

    - Valor liquidativo a 31 de diciembre

 

 

   

 

 

 

LA ADMINSITRACIÓN RESUELVE ALGUNAS DUDAS

 

Si una persona o entidad tiene la obligación de presentar declaración informativa, modelo 720 ¿se pueden declarar las tres obligaciones de información en el mismo modelo?

 

Si, cada uno de los tres bloques de bienes, constituye una obligación de información diferente, pero las tres obligaciones de información se articulan a través de un mismo modelo informativo. De este modo las tres obligaciones de información se cumplirían cumplimentando el Modelo 720 informando de todos los bienes y derechos respecto a los que exista obligación de informar.

 

Cada uno de los bloques de información siguientes, constituye una  obligación de información diferente:

 

ü  Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 42 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por  RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con el valor de la “Clave tipo de bien o derecho” “C”).

ü  Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 42 ter del citado Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con los valores del campo  “Clave tipo de bien o derecho”, “V”, “I” y “S”).

ü  Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con el valor de la “Clave tipo de bien o derecho” “B”)

 

 

¿Existe obligación de presentar declaración cuando se comparte la titularidad sobre una cuenta bancaria abierta en el extranjero cuyo saldo a 31 de diciembre supere los 50.000 €, pero cuya titularidad corresponda a varias personas?

 

Existe obligación de informar sobre la cuenta bancaria cuando se supere este límite (y no concurra ninguna de las demás excepciones a la obligación de declarar) con independencia del número de titulares de la cuenta. Se informará de los saldos totales sin prorratear, indicando el porcentaje de participación.

 

Si un bien o derecho que deba ser objeto de declaración es “ganancial”, y solamente consta como titular formal del mismo uno de los cónyuges, ¿existe obligación de declaración del otro cónyuge?

 

Cuando la titularidad formal de un bien o derecho ganancial corresponde a uno de los cónyuges, ambos cónyuges (si están dentro del ámbito subjetivo de la obligación) tienen obligación de presentar la declaración.

El cónyuge que no es titular formal deberá declarar como titular real de acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

 

Si una persona es titular de un inmueble que ha adquirido como consecuencia de una donación o de una herencia, ¿cuál es el valor de adquisición que debe tenerse en cuenta a efectos de determinar (y en su caso declarar) si tiene obligación de declarar?

 

Tanto en el caso de que el inmueble se hubiera adquirido por donación o herencia se hará constar el valor de adquisición, entendiendo por este el valor real del bien en el momento de su adquisición.

 

Si una “cuenta” recoge globalmente diferentes elementos o bienes, los cuales se encuentran perfectamente individualizados con códigos diferentes (ISIN o cualquier otro código de valores) ¿se debe informar de forma individualizada por cada uno de ellos en registros diferentes?

 

Sí. En la medida en que una “cuenta global o custodia” recoja bienes diferentes, ya sean acciones, participaciones o depósitos entre otros, deberá informarse de forma individualizada respecto a cada uno ellos, puesto que pueden constituir bienes integrantes de diferentes obligaciones de declaración pese a ser objeto de información en este mismo modelo 720.

 

¿Es necesario reflejar en el modelo 720 la información sobre todos los valores respecto de los que se ha perdido la titularidad a lo largo del ejercicio y antes del 31 de diciembre en aquellos casos en los que dicha perdida de titularidad se produce como consecuencia de operaciones de venta y reinversión del importe obtenido en la adquisición de nuevos valores?

 

No. Cuando la pérdida de la condición de titular o titular real a que se refiere el último párrafo del artículo 42 ter.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, tuviese origen en la transmisión de los valores y derechos y el importe obtenido se hubiese destinado íntegramente a la adquisición de otros valores o derechos que sean objeto de declaración sólo deberán declararse los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el mismo apartado.

 

Si una persona es titular de una cuenta en el extranjero cuyo saldo se encuentra en una moneda diferente al euro y tiene obligación de presentar declaración informativa correspondiente al modelo 720, ¿qué tipo de cambio debe aplicar para determinar cada uno de los saldos a informar? ¿Y si se hubiera cancelado la cuenta corriente durante el ejercicio?

 

Deberá informar de los saldos correspondientes a la cuenta corriente aplicando el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada. Esta misma referencia se tomará en relación con la valoración del saldo medio del último trimestre correspondiente a cada cuenta. En el caso de que cese la titularidad de la cuenta durante el ejercicio y exista obligación de declarar, deberá utilizarse para determinar el saldo el tipo de cambio vigente en la fecha del cese de esa titularidad.

 

Autorizados y representantes:

 

En el caso de estar autorizado a disponer de alguna cuenta situada en el extranjero (pero no es el titular) y al sumar el saldo de ésta al final del año con el de otras cuentas extranjeras de las que sí es titular supera los 50.000 euros, también deberá incluirla en su declaración de bienes y derechos situados en el extranjero. Sólo podrá evitar dicha obligación si el titular de la cuenta está exonerado de declararla.

 

Titulares reales:

 

Asimismo, también deberá informar de las cuentas, inmuebles y otros bienes que tengan a través sociedades situadas en el extranjero en las que participe directa o indirectamente en más del 25%. Con ello se pretende evitar que se dejen de declarar estos bienes por la existencia de sociedades extranjeras interpuestas.

 

¿Cómo se deben valorar los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica?

 

Se deberá informar sobre el saldo a 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

 

¿Cuál es el valor respecto al que se debe informar en el caso de los valores y derechos representativos de la participación en una entidad jurídica?

 

  • Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad negociados en mercados organizados, con exclusión de las correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se valorarán de acuerdo con el valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año.

 

  • Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad (no negociados en mercados organizados), su valoración se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable. En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará conforme se establece igualmente en el artículo 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

 

Si una persona es titular de un inmueble que ha adquirido como consecuencia de una donación o de una herencia, ¿cuál es el valor de adquisición que debe tenerse en cuenta a efectos de determinar (y en su caso declarar) si tiene obligación de declarar?

 

Tanto en el caso de que el inmueble se hubiera adquirido por donación o herencia se hará constar el valor de adquisición, entendiendo por este el valor real del bien en el momento de su adquisición.

 

¿Es necesario reflejar en el modelo 720 la información sobre todos los valores respecto de los que se ha perdido la titularidad a lo largo del ejercicio y antes del 31 de diciembre en aquellos casos en los que dicha perdida de titularidad se produce como consecuencia de operaciones de venta y reinversión del importe obtenido en la adquisición de nuevos valores?

 

No. Cuando la pérdida de la condición de titular o titular real tuviese origen en la transmisión de los valores y derechos y el importe obtenido se hubiese destinado íntegramente a la adquisición de otros valores o derechos que sean objeto de declaración sólo deberán declararse los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el mismo apartado.

 

Si una persona es titular de una cuenta en el extranjero cuyo saldo se encuentra en una moneda diferente al euro y tiene obligación de presentar declaración informativa correspondiente al modelo 720, ¿qué tipo de cambio debe aplicar para determinar cada uno de los saldos a informar? ¿Y si se hubiera cancelado la cuenta corriente durante el ejercicio?

 

Deberá informar de los saldos correspondientes a la cuenta corriente aplicando el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada. Esta misma referencia se tomará en relación con la valoración del saldo medio del último trimestre correspondiente a cada cuenta.

 

En el caso de que cese la titularidad de la cuenta durante el ejercicio y exista obligación de declarar, deberá utilizarse para determinar el saldo el tipo de cambio vigente en la fecha del cese de esa titularidad.

 

Si una persona/sociedad es titular/titular real de un inmueble en el extranjero cuyo precio de adquisición consta en una moneda diferente al euro y tiene la obligación de presentar declaración informativa, ¿cuál es el tipo de cambio que debe utilizar para determinar el valor de adquisición?

 

En el caso de los inmuebles, el valor de adquisición, al igual que en el resto de bienes y derechos objeto de declaración, debe ajustarse al tipo de cambio vigente en la fecha 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada.

 

¿Deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el incremento producido en la valoración global de los bienes y derechos las variaciones ocasionadas por los tipos de cambio en la valoración de los bienes y derechos?

 

Sí. Las oscilaciones producidas en el tipo de cambio deben tenerse en cuenta a efectos de valorar globalmente cada conjunto de bienes y determinar si deben volver a declararse los mismo.

 

Ejemplo: 

 

Si en el ejercicio 2013 se presento declaración informativa por las cuentas situadas en el extranjero, informando de su saldo a 31 de diciembre de 2012 aplicando el tipo de cambio vigente en esta fecha para expresar los mismos en euros. En el ejercicio 2014 no existe obligación de volver a presentar declaración informativa sobre las mismas (siempre que no cese la titularidad sobre las mismas) salvo que el saldo conjunto de todas las cuentas en el extranjero teniendo en cuenta los tipos de cambio vigentes el 31 de diciembre de 2013 hubiese experimentad o un incremento superior a 20.000 € respecto al saldo conjunto que determino la obligación de declarar en el ejercicio 2013.

 

Importantes consecuencias en caso de incumplimiento

 

El incumplimiento de las obligaciones en cuestión podrá tener consecuencias importantes en el futuro en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, en la medida en la que se puedan descubrir, por parte de la Administración tributaria, patrimonios ocultos vinculados a este tipo de bienes y derechos, ya que la no declaración en esta informativa de bienes y derechos será motivo de liquidación, como ganancia no justificada de patrimonio o como renta no declarada, en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades, respectivamente, del valor de adquisición de los citados bienes o derechos en el último periodo no prescrito, sin que la prueba de que los citados bienes provienen de periodo prescrito pueda hacerse valer.

 

Por tanto, en ese caso serán imputados al último ejercicio no prescrito, con lo que el contribuyente se arriesga a fuertes sanciones e, incluso, a incurrir en delito fiscal.

 

En el caso de que se presente el Modelo 720 respecto a cualquiera de las obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, ¿se podría comprobar si se corresponden con rentas declaradas? ¿En el caso de que se correspondan con rentas no declaradas, se podría regularizar?

 

Sí, se podría comprobar si los bienes y derechos declarados se corresponden con rentas susceptibles de haber sido declaradas, y si se comprobase que tienen su origen en rentas no declaradas se podría regularizar conforme a la normativa vigente.

 

 

¿Cuál sería la sanción mínima que se impondría por la falta de presentación?

 

La sanción mínima por la falta de presentación del Modelo 720 en el que se incumplen las tres obligaciones de información, sería de 30.000 €.

 

Y en el caso de que solamente existiese obligación de presentar el Modelo 720 respecto a una sola de las obligaciones de información. ¿Cuál sería la sanción mínima que se impondría?

 

Si se incumple una sola obligación de información, la sanción mínima de 10.000 €.

 

Si un obligado tributario tiene que presentar el Modelo 720 por la obligación informativa regulada en el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio por una serie de cuentas bancarias abiertas en el extranjero, y presenta información sobre las tres cuentas recogidas en el cuadro siguiente omitiendo o consignando datos/conjuntos de datos de forma incompleta, inexacta o falsa.

 

En el cuadro siguiente se recogen las tres cuentas sobre las que se informa en el Modelo 720, recogiéndose los datos correctos sombreados y con una  “X”  los datos/conjuntos de datos omitidos/incompletos/inexactos/falsos.

 

 

Datos o conjuntos de datos
© Razón social (den.) + domicilio © Identificación completa CCC fecha de apertura / concesión saldo a 31/12 saldo medio último trimestre
Cuenta nº 1 X        
Cuenta nº 2   X      
Cuenta nº 3       X  

 

Se han omitido o declarado de forma incompleta/inexacta/falsa incompleta tres datos o conjuntos de datos de tres cuentas diferentes (de tres registros distintos).

 

¿Cuál sería la sanción mínima? ¿Y la sanción correspondiente al caso planteado en el ejemplo?

 

La sanción mínima opera por cada obligación de información, en este caso opera por la obligación de información recogida en el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. La sanción mínima será de 10.000 euros.

 

La sanción correspondiente al caso planteado en el que se incumple la obligación de informar del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, omitiendo o bien declarando de forma incompleta, inexacta o falsa, dos conjuntos de datos y un dato, será de 15.000 euros (5.000 euros/dato o conjunto de datos según dispone el apartado 2.a) de la Disposición Adicional decimoctava  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

 

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

 

Atentamente,

 

 

 

REFUERZO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS RECÍPROCAS PARA PROMOVER LA FINANCIACIÓN DE PYMES Y EMPRENDEDORES

El Gobierno firma un nuevo contrato con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para compartir el riesgo de los avales e impulsar así la financiación, priorizando las operaciones de circulante y la internacionalización. Se prevé que las SGR otorguen avales a más de 10.000 PYMES y emprendedores en 2013 por importe superior a 1.200 millones de euros.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, ha firmado dos acuerdos para impulsar la financiación de PYMES y emprendedores con el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR).

Los dos acuerdos, un nuevo contrato de reafianzamiento entre CERSA, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) e impulso de la Línea ICO Garantía SGR, refuerzan el sistema de garantías recíprocas, que tiene como objetivo mejorar el acceso a la financiación a PYMES y emprendedores y actuar de forma complementaria a fuentes bancarias. Las SGR aportan garantías a los créditos solicitados por las PYMES y emprendedores mientras que CERSA cubre parcialmente el riesgo asumido por las SGR.

 

Mayor cobertura de CERSA a las SGR

El acuerdo firmado hoy entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR) regula la cobertura por parte de CERSA de los riesgos por avales otorgados por las Sociedades de Garantía Recíproca con el objetivo de impulsar un crecimiento adicional de la actividad:

Los compromisos asumidos por CERSA de reavalar las operaciones del sector se incrementan, pasando del 50% en 2012 a más del 60% en 2013.

Se incrementa el tamaño máximo de las operaciones reavaladas por CERSA hasta 1 millón de euros.

El foco del incremento de cobertura se ha puesto especialmente en las operaciones relacionadas con la internacionalización de la PYME (reavaladas por CERSA en un 75%) y la financiación de circulante (que ve incrementada su cobertura hasta el 60%, incluyendo además operaciones con plazos a partir de 12 meses, cuando hasta ahora solo se cubrían operaciones a más de 36 meses, e incluyendo los avales comerciales además de los bancarios).

Las operaciones de aval para emprendedores continúan estando reavaladas por CERSA al 75%.

Desde el año 2003, CERSA ha realizado un apoyo especial a este segmento que se ha traducido en la concesión de avales a cerca de 25.000 emprendedores por importe de 2.500 millones de euros.

 

Línea ICO Garantía SGR

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, y CESGAR también han firmado un acuerdo para impulsar la Línea ICO Garantía SGR, que aúna el esfuerzo del ICO y el sector de garantías por apoyar a las entidades de crédito en la financiación de las PYMES.

Mediante está Línea podrán solicitarse operaciones por un importe de hasta 1 millón de euros para operaciones avaladas al 100% por una SGR y hasta 60.000 euros para operaciones avaladas en un 50% por una SGR. Se financia tanto inversión como liquidez.

 

Sistema de garantías

El sistema de garantías está integrado por CERSA y las 27 Sociedades de Garantía Recíproca. En 2012, se otorgaron bajo este sistema avales por valor de 985 millones de euros a 8.500 PYMES, 1.600 de las cuales eran nuevas empresas y emprendedores.

Se prevé que las SGR otorguen avales en 2013 a más de 10.000 PYMES y emprendedores por importe superior a 1.200 millones de euros, un 21% más respecto a 2012.

Para apoyar la importante actividad de estas sociedades, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha aumentado este año el presupuesto de CERSA en un 67% hasta los 32 millones de euros. Asimismo, Patrimonio del Estado e ICO suscribieron una ampliación de capital extraordinaria de CERSA por 13 millones de euros.

Además de los refuerzos presupuestarios para 2013, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) también contribuye con un mayor apoyo a través del acuerdo firmado en diciembre de 2012 entre CERSA y esta institución que gestiona fondos del programa CIP de la Comisión Europea.

En este marco de nuevos refuerzos por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del ICO al sistema de garantías, existe un compromiso mutuo de CERSA y las Sociedades de Garantía Recíproca, de continuar incrementando el apoyo a la financiación de las PYMES en 2013.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

EL GOBIERNO APRUEBA MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS AFECTADOS POR LAS PREFERENTES

En el BOE del día 23 de marzo, se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2013 de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, para proteger a los adquirientes de productos de inversión de gran complejidad.

En el BOE del día 23 de marzo, se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2013 de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, para proteger a los adquirientes de productos de inversión de gran complejidad, y que entró en vigor el día 24 de marzo de 2013.

El objetivo fundamental de la norma es, en el marco del proceso de los llamados ejercicios de gestión de instrumentos híbridos (fundamentalmente sobre participaciones preferentes) y deuda subordinada, por un lado realizar un seguimiento de las eventuales reclamaciones que los clientes pueden dirigir a las entidades financieras participadas por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), por razón de la comercialización de estos productos complejos, y facilitar en determinados casos mecanismos ágiles de resolución de controversias, principalmente por medio de arbitraje, y por otro lado ofrecer, con carácter excepcional, liquidez a las acciones que los tenedores de estos instrumentos recibirán en canje de los mismos, en la medida en que esas acciones no cotizarán en un mercado oficial, involucrando para ello al Fondo de Garantía de Depósitos.

Comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada

En concreto, la norma impulsa la creación de una Comisión de Seguimiento de los procesos de arbitraje relativos a participaciones preferentes, cuyos objetivos son analizar los factores que han motivado la presentación de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales; remitir con carácter trimestral un informe al Congreso de los Diputados sobre la ejecución de los procedimientos de arbitraje, y elevar propuestas a las autoridades competentes para mejorar la protección de los ahorradores.

El propósito de esta Comisión es la de constituir un órgano con la más alta representación institucional que coordine e impulse los trabajos necesarios para hacer un seguimiento de determinadas incidencias que hayan podido derivarse de la comercialización de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada por las entidades participadas por el FROB. La Comisión realizará diversos informes y determinará los criterios básicos para fijar en qué casos las entidades deben ofrecer a sus clientes la sumisión a arbitraje.

Ofrecer liquidez a las acciones que los tenedores de estos instrumentos recibirán en canje de los mismos

En el marco de la reestructuración del sector financiero español se prevé, como ejercicios de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada (para tratar de garantizar una correcta participación de los acreedores de una entidad en los costes derivados de su reestructuración o resolución), la inminente ejecución de un canje de instrumentos de deuda subordinada y participaciones preferentes por capital (acciones) de las entidades en proceso de reestructuración, acciones que no están admitidas a cotización en mercados secundarios: Catalunya Banc (CX) y Nova Galicia Banco (NCG).

Con carácter excepcional se ha considerado preciso ofrecer liquidez a las acciones que los tenedores de los instrumentos mencionados recibirán en canje de los mismos, dada la falta de liquidez de las acciones y las consiguientes dificultades para los clientes minoristas.

Para ello, se amplía el ámbito de actuación del Fondo de Garantía de Depósitos otorgándole capacidad legal para crear mecanismos de mercado que permitan una alternativa de liquidez para estas acciones, y para adquirir las acciones no cotizadas que resulten de los canjes obligatorios de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada de estas entidades, a precios de mercado.

Atención.Se impone a las entidades financieras una contribución especial al Fondo, aplicable una sola vez, de un 3 por mil de los depósitos computables. Esta contribución se articulará en dos fases: Una primera por el 40 por ciento, para la que el Fondo podrá acordar una serie de deducciones relacionadas con la dimensión de las entidades, sus aportaciones a la SAREB o la percepción de ayudas públicas. Y un segundo tramo, que comprenderá el 60 por ciento restante, a satisfacer a partir de 2014 y dentro de un máximo de 7 años.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL POR VIDEOCONFERENCIA TAMBIÉN ES POSIBLE EN LAS SOCIEDADES LIMITADAS

En opinión de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), que examina por primera vez la utilización de medios a distancia, tanto para la emisión del voto en las juntas generales como en la delegación a favor de un tercero,  en una interpretación en sentido contrario, entiende que la Ley de Sociedades de Capital no prohíbe en las sociedades de responsabilidad limitada, el empleo de estos medios para la asistencia y voto de los socios en la junta general, si bien en cuanto a la delegación de voto por medio de videoconferencia o sistemas similares va a exigir que quede constancia de ella en algún “soporte, película, banda magnética o informática”.

Estimado/a cliente/a:

La DGRN en una importante Resolución de 19 de diciembre de 2012,  en cuanto que examina por primera vez la utilización de medios a distancia, tanto para la emisión del voto en las juntas generales como en la delegación a favor de un tercero, en una interpretación en sentido contrario, entiende que la Ley de Sociedades de Capital no prohíbe en las sociedades de responsabilidad limitada, el empleo de estos medios para la asistencia y voto de los socios en la junta general, si bien en cuanto a la delegación de voto por medio de videoconferencia o sistemas similares va a exigir que quede constancia de ella en algún “soporte, película, banda magnética o informática”.

Conclusiones de la DGRN

Para llegar a estas conclusiones utiliza, en síntesis, los siguientes argumentos:

  • El artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) exige una ubicación física para la celebración de la Junta General a la que siempre podrán asistir personalmente los socios. Pero el artículo 182 de la misma Ley, referido a las sociedades anónimas, permite no sólo la asistencia personal de los socios, sino también la asistencia telemática.
  • Fijada una ubicación física para la celebración de la junta que permita la asistencia personal, la posibilidad de asistir además por videoconferencia o por medios telemáticos, como dice el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, ha de ser admitida, siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurre y en la medida en que los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de autenticidad que la asistencia física.
  • Aunque es cierto que los artículos 182 y 189 de la LSC se refieren únicamente a las sociedades anónimas, eso no debe llevar, en una interpretación en sentido contrario, a entender que la Ley de Sociedades de Capital prohíba, en las sociedades de responsabilidad limitada, el empleo de estos medios para la asistencia y voto de los socios en la junta general. En este sentido, debe señalarse que las sociedades de responsabilidad limitada se caracterizan por ser sociedades capitalistas; fundamentalmente cerradas, por las restricciones y requisitos formales en la transmisión de participaciones; donde el juego del principio de la autonomía de la voluntad es más amplio que en las sociedades anónimas, lo cual debe ser especialmente tenido en cuenta, en tanto no perjudique a los acreedores, ni a los principios configuradores del propio tipo social, pero donde la iniciativa privada y el margen de actuación de las relaciones entre los socios deben ser respetados.

Videoconferencia

Fijada una ubicación física para la celebración de la junta que permita la asistencia personal, la posibilidad de asistir además por videoconferencia o por medios telemáticos ha de ser admitida, siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real de lo que ocurre y en la medida en que los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de autenticidad que la asistencia física; por el contrario, es un medio más de que disponen los socios para regular cuestiones no contrarias a normas imperativas o prohibitivas, posibilitando a socios con domicilios lejanos al domicilio social, incluso en el extranjero, tener un conocimiento directo del modo en que transcurre la celebración de la junta, sin necesidad de costosos desplazamientos o el nombramiento de representantes en personas que, en ocasiones, resulta difícil que sean idóneas, lo cual puede ser especialmente relevante en sociedades con pocos socios, residentes en lugares dispersos.

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CONSTITUCIÓN DE UNA SL CON APORTACIÓN DE UN INMUEBLE HIPOTECADO ¿QUÉ VALOR SE DA AL INMUEBLE APORTADO?

 

Cuando se aporte a una sociedad una finca hipotecada debe quedar claro qué es lo que ocurre con la deuda garantizada.

 

La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), en una Resolución de 23-11-2012 (en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles a inscribir determinada escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada) trata de dar respuesta a una realidad que se da con mucha frecuencia en las constituciones de sociedad con aportación de inmuebles hipotecados.

 

En estos casos siempre se plantea la cuestión de qué valor se da a la finca aportada: Si el valor total de la misma, sin tener en cuenta la hipoteca que la grava, pues sin consentimiento del acreedor el deudor seguirá siendo el socio aportante y por tanto él seguirá teniendo que pagar las amortizaciones de la hipoteca, o bien por su valor neto en cuyo caso la sociedad será la que deba pagar las amortizaciones, sin perjuicio de la responsabilidad personal del aportante que permanece en tanto el acreedor no de su consentimiento.

 

 Hechos

 

Se trata de la constitución de una sociedad limitada a la que se aportan bienes inmuebles hipotecados por su valor total, sin deducción del saldo vivo de una deuda garantizada con las hipotecas existentes sobre los mismos.

 

Además, en la misma escritura, se documenta un acuerdo entre la sociedad en formación y el socio aportante de las fincas hipotecadas (otra sociedad de responsabilidad limitada), por el cual la primera asume frente a la entidad acreedora, el saldo vivo de los préstamos o créditos garantizados por las hipotecas que afectan a los inmuebles, de suerte que quedará liberada de dicha deuda la sociedad aportante cuando consienta la entidad acreedora. Asimismo se expresa que dicha asunción de deuda se realiza «en concepto de préstamo», de manera que el socio aportante reconoce adeudar a la sociedad en formación el importe de dicha deuda, para satisfacerla en las condiciones que se determinan. Es de hacer notar que la constitución de la sociedad se hace con prima de asunción de participaciones.

 

Lo que dice la DGRN

 

La DGRN repasa las distintas posibilidades estableciendo las siguientes reglas básicas:

  1ª.  En su caso “debe resultar claramente establecido en el título que la sociedad receptora de la finca hipotecada se subroga «no solamente en las responsabilidades derivadas de la hipoteca sino también en la obligación personal con ella garantizada».

 

  2ª. Es perfectamente posible que la finca hipotecada se aporte a la sociedad sin asunción por ésta del préstamo o crédito hipotecario para cuya garantía se constituyó la hipoteca.

 

  3ª. Los interesados pueden pactar que se descuente del valor «intrínseco» del inmueble el total importe de la parte viva del crédito o préstamo hipotecarios que, no obstante, no son asumidos por la sociedad, y en aplicación de lo la Ley Hipotecaria si el socio aportante paga, la sociedad deberá reintegrar al socio lo pagado a la entidad de crédito acreedora.

 

  4ª. Faltando la asunción de la obligación por la sociedad, la mera existencia del gravamen hipotecario constituido ahora en garantía de una deuda ajena debe ser circunstancia que las partes han de tener en consideración para la determinación del valor de aportación.

 

  5ª. Desde la perspectiva societaria, en la fijación del valor de aportación de la finca hipotecada que se contenga en la escritura, puede decidirse fijar un «descuento» respecto del valor intrínseco de la finca para cubrir la   «eventual responsabilidad por deuda ajena» y por un importe estimado o, incluso, no realizar ningún tipo de descuento o ajuste (lo que ocurrirá si el impago, por ejemplo, se estimase como improbable: el socio deudor es manifiestamente solvente y la satisfacción puntual del crédito o préstamo hipotecario altamente probable).

 

  6ª.  También es perfectamente posible que la finca se aporte a la sociedad como un «negocio mixto» de transmisión de un activo y de un pasivo: se transmite la finca y, a su vez, la sociedad asume un compromiso de hacer frente al pago del crédito o préstamo hipotecario.

 

  7ª. No es necesario que conste el consentimiento del acreedor hipotecario para que tales negocios tengan franco su acceso al Registro.

 

  8ª. El registrador no puede reprochar en su calificación a las partes el acierto de la valoración que se contiene en la escritura, ni rechazar el valor fijado por los socios a la aportación no dineraria realizada.

 

  9ª. No obstante lo anterior, el registrador deberá vigilar que el título inscribible precise con claridad el concreto negocio de aportación realizado,  debiendo suspender la inscripción cuando existan contradicciones dentro del propio título o cuando no se expresan las cosas (valor de aportación y descripción del negocio jurídico con o sin asunción de la obligación garantizada) con la debida claridad exigible para extender la inscripción en los libros.

  10ª. Dado que no se dice en la escritura que no se ha practicado deducción de cantidad alguna por el importe del gravamen hipotecario que soporta la finca aportada en garantía de la parte del préstamo vivo y después, en pacto adicional, se nos dice que la sociedad sí asume la deuda del socio aportante, es decir que la sociedad en formación concede un crédito al socio aportante de la finca hipotecada con el objeto de liberarle de la responsabilidad frente al banco por el préstamo garantizado con la hipoteca, se crea una contradicción en un punto esencial de la descripción del negocio de aportación, lo que incluso pudiera ser una asistencia financiera para la adquisición originaria de participaciones propias sancionada con nulidad por el artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

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SE PUEDE VENDER ACTIVOS DE UNA COMPAÑÍA EN CONCURSO DE ACREEDORES

 

 

Conforme a la Ley Concursal, las sociedades en concurso y los potenciales compradores pueden encontrar en la compraventa de unidades productivas o de activos particulares de la sociedad concursada una oportunidad de negocio que aúne el interés de la concursada de pagar a los acreedores el máximo posible con el interés del comprador de continuar con la actividad de la sociedad a cambio de un precio competitivo.

Como primera premisa es necesario resaltar que la  compraventa efectuada durante los dos años anteriores a la declaración del concurso puede resultar altamente arriesgada y llegar a rescindirse, lo que obligaría al comprador a reintegrar los activos a la sociedad concursada, con el riesgo de que el precio no le sea devuelto si se aprecia mala fe por su parte.

A continuación se explica abreviadamente cual es el marco legal que está permitiendo realizar este tipo de operaciones de compra de todo o parte del negocio o de activos individuales de sociedades ya declaradas en concurso, destacando las ventajas que conlleva formalizarlas en sede concursal.

Cuando se modificó la Ley Concursal (por medio de la Ley 38/2011, de 10 de octubre) con el fin de perfeccionar el procedimiento concursal e intensificar su utilización para realizar anticipadamente el valor de los activos más interesantes de la empresa, evitando que la demora en el tiempo (los procedimientos concursales acostumbran a ser complejos y poco ágiles) hiciera perder oportunidades de venta del negocio o de los activos, empujando a la empresa a una liquidación forzada, tardía y, por lo tanto, poco interesante para todas las partes involucradas.

Así, las modificaciones legislativas realizadas en octubre de 2011 están facilitando, cada vez más, la transmisión de forma unitaria de la empresa en concurso -para que continúe operando en manos del comprador-, o de activos aislados propiedad de la sociedad concursada, a veces ociosos, otras veces infrautilizados, cuya venta implica una inyección de liquidez que resulta indispensable para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exige la continuidad del procedimiento concursal.

La compra de unidades productivas de la sociedad concursada pueden englobar toda su actividad o una concreta línea de negocio.

En este caso, los potenciales compradores de la unidad productiva podrían ser sociedades de inversión o empresas del sector de actividad de la concursada (competidores, empresas auxiliares, etc.) que pretendan ampliar su negocio o iniciar una línea complementaria. La otra vía de adquisición consistiría en la compra de activos concretos de la empresa concursada, por lo que los interesados serán generalmente empresas de su mismo sector de actividad.

Ambas operaciones son atractivas para el comprador porque, por un lado, el precio puede llegar a ser muy competitivo debido a la difícil situación de la sociedad en concurso. Por lo tanto, permiten invertir o crecer a un coste de adquisición generalmente bajo.

Por otro lado, si las citadas enajenaciones se formalizan en la fase del concurso apropiada, la responsabilidad del comprador frente a los acreedores y los trabajadores de la sociedad concursada puede conocerse previamente e incluso quedar realmente acotada, lo que otorga mucha seguridad jurídica al comprador de la unidad productiva o de los activos. Más aún, dependiendo de las necesidades de viabilidad y tesorería de la sociedad en concurso, es posible realizar en tiempo muy breve la compra de activos concretos -y por qué no la adquisición de unidades de negocio particulares-, sin necesidad de autorización judicial y, por lo tanto, reduciendo los costes de tiempo y oportunidad asociados a la transacción. De hecho, en función del caso, es posible informar posteriormente al Juzgado de que la transacción ya se ha perfeccionado, lo que permitirá la mayoría de las ocasiones adelantarse a la competencia cuando lo que se adquiere otorga al comprador una ventaja comparativa en su negocio.

La reforma de la Ley Concursal ha acompasado mejor ambas situaciones (concurso y enajenaciones), permitiendo solicitar la apertura de fase de liquidación en cualquier momento para centrarse en vender los activos antes de que pierdan más valor. En particular, la adquisición de unidades productivas podría realizarse durante las fases común -más complejo pero igualmente posible-, de convenio -a través de un convenio de asunción de la actividad- o durante la propia fase de liquidación, siendo muy diferentes los efectos para el comprador en uno y en otro caso. Por ejemplo, en la fase de liquidación, el comprador no se subroga en las deudas del concurso (acreedores) ni fiscales de la sociedad concursada. Respecto de los trabajadores de la sociedad concursada, pasan a la sociedad compradora vía sucesión de empresa (artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores) pero la Ley Concursal permite que el comprador, por un lado, no se subrogue en las deudas laborales (salarios e indemnizaciones pendientes de pago) asumidas por el FOGASA y, por otro lado, negocie con los representantes de los trabajadores la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.

En cuanto a la compra de activos aislados, estén o no afectos a la actividad de la sociedad concursada.

Puede realizarse en cualquiera de las tres fases del concurso citadas anteriormente. En todos los casos, el comprador no acostumbra a subrogarse en deuda alguna -aunque puede comprometerse a hacerlo si le interesa, lo que es habitual cuando el activo está gravado con una hipoteca cuyas condiciones económicas son interesantes-. Menos habitual resulta que el comprador de activos concretos asuma pasivos laborales de la sociedad concursada, aunque no es extraño que el precio que se ofrezca por los activos comprenda asumir determinadas relaciones laborales (por ejemplo, el adquirente de un derecho a suministrar productos en exclusiva a terceros estará interesado en seguir contando con el personal que mejor conoce esos productos y la clientela).

Por último, ambas operaciones se diferencian por el grado de complejidad que implican. Como es conocido, en el caso de la compra de una unidad productiva, conviene llevar a cabo los actos preparatorios de carácter mercantil habituales en las compraventas de activos y pasivos, tales como la firma de una carta de intenciones o la realización de una revisión legal e industrial (due diligence) que permita conocer el objeto de la compra.

En suma, conforme a la Ley Concursal, las sociedades en concurso y los potenciales compradores pueden encontrar en la compraventa de unidades productivas o de activos particulares de la sociedad concursada una oportunidad de negocio que aúne el interés de la concursada de pagar a los acreedores el máximo posible con el interés del comprador de continuar con la actividad de la sociedad a cambio de un precio competitivo.

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