Archivo mensual: mayo 2013

¿Estoy en situación de presentar un concurso de acreedores?

  • La declaración del concurso procede en caso de insolvencia y, este estado de insolvencia, procede cunado  la empresa no puede cumplir regularmente  sus obligaciones exigibles
  • Por lo que la empresa deberá justificar  su endeudamiento y su estado de insolvencia, que puede ser actual o inminente. Inminente  se da en el caso que la empresa prevea que no podrá cumplir  regular y puntualmente con sus obligaciones.
  • Si partimos de estas premisas,  es necesario saber que el deudor ( empresa)  tiene el deber de solicitar la declaración del concurso  dentro de los dos meses  siguientes  a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer  su estado de insolvencia
  • Existe una presunción  que el deudor ha conocido  su estado de insolvencia  cunado haya acaecido alguno de estos extremos:

o   Sobreseimiento general en el pago corriente  de las obligaciones del deudor

o   Existencia de embargos  que afecten de forma general al patrimonio

o   Liquidación apresurada….

o   Incumplimiento generalizado de obligaciones  de algunas de estas obligaciones:

§  La de pago obligaciones tributarias  exigibles en los tres meses anteriores a la solicitud del concurso.

§  Las de pago de cuotas de la seguridad social o demás conceptos de recaudación en el mismo plazo anterior

§  Las de pago de salarios  e indemnizaciones  demás retribuciones  de los trabajadores de las tres últimas mensualidades.

  • Ahora bien, después de la reforma Ley 38/2011, de 10 de octubre,  cabe  instar el  5 bis (pre concurso), sin estar en insolvencia actual, antes se exigía estar en esa situación. Por lo tanto en una situación inminente de insolvencia es posible aplicar el citado artículo el cual determina lo siguiente, te lo pongo literal ( ten en cuenta  que sustituye al 5.3):

«Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber de solicitud de concurso.

1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta ley.

2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5 [ dentro de los dos meses siguientes a la fecha que hubiera conocido debido conocer  su estado de insolvencia]. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario.

3. El secretario judicial, sin más trámite, procederá a dejar constancia de la comunicación presentada por el deudor.

4. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que no se encontrara en estado de insolvencia

  •   Matices que sirven de pauta….:

o   Concepto de Insolvencia: La expresión estado de insolvencia  se entiende en sentido flexible,  que se entiende con la incapacidad  actual o inminente para el cumplimiento regular, aunque la imposibilidad se deba  a una situación de iliquidez pero con activo superior al pasivo (AAP Barcelona,11.6.2007) -  Insolvencia financiera que no patrimonial, Insolvencia es al impotencia para cumplir obligaciones  exigibles en un momento dado, debe entenderse que en ese momento los recursos existentes más los flujos de fondos esperados a corto plazo, no sean capaces de atender las obligaciones  vencidas y las que se prevé que vencerán en ese momento corto plazo (AJM 2 Bilbao 28.5.2007)

o   Concepto del termino regularmente: Se producirá un cumplimiento irregular cunado es realizado a costa de un endeudamiento excesivo que aumenta el pasivo  o de una anormal disminución del activo lo que aumenta el desequilibrio patrimonial y el déficit, esto quiere decir que aunque sea posible cumplir con sus obligaciones si se acude a una de esas medidas para su cumplimiento no estaríamos ante este cumplimiento  regular , que no debemos olvidar que es uno de los requisitos para la insolvencia y en consecuencia si concurriría la situación de insolvencia prevista legalmente. El retraso en los pagos no se incluye, sin embargo la impuntualidad  puede suponer una manifestación  de incumplimiento regular en cada caso concreto. ( AJM 5 8.9.2008)

o   Concepto de insolvencia inminente: La insolvencia inminente se configura en torno al puntualidad en el pago, presentándose así como una situación de futuro , dado que el deudor todavía no ha incumplido puntualmente sus obligaciones exigibles, pero es previsibles que esto se produzca  en un plazo más o menos próximo, no delimitado legalmente. Concurrirá la insolvencia inminente no solo cunado el deudor prevea que no puede cumplir sus obligaciones  en el futuro, si no también cunado las puede cumplir, pero con retraso o puede cumplirlas de forma irregular  ( AJM 5 Madrid 8.9.2008)

o   Concepto de sobreseimiento general: Se debe precisar que el presupuesto de concurso no es el sobreseimiento general en el pago de las obligaciones, sin perjuicio de que ello pueda operar como hecho revelador  de la insolvencia, sino la incapacidad del deudor de atender regularmente el pago de las obligaciones  exigibles. Es por ello que no tiene tanta trascendencia que exista o no una cesación generalizada  de los pagos; lo verdaderamente relevante  es si el deudor tiene capacidad para afrontar de forma regular sus obligaciones  ( AAAP Barcelona  11.6.2007, y 10.10.2007)

Obligación de entregar certificados energéticos para vender, alquilar o construir viviendas

De acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, a partir de 1 de junio de 2013 será obligatorio que los propietarios de viviendas, locales o edificios completos que vendan o alquilen con una duración superior a cuatro meses, precisen de un certificado de eficiencia energética.

 

En el BOE del día 13 de abril, seha publicado el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, que entró en vigor el día 14 de abril.

 

Esta norma deroga la anterior normativa contenida en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, que aprobó el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, y además mediante este Real Decreto se incorpora al derecho español la regulación de la certificación de eficiencia energética de edificios prevista en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

 

Obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética

 

El Real Decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética.

 

Los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o unidades de éste no se incluyen en este Real Decreto, ya que se establecen en el Código Técnico de la Edificación.

 

De esta forma, valorando y comparando la eficiencia energética de los edificios, se favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.

 

Además, este real decreto contribuye a informar de las emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios.

 

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

 

Se establece el Procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en su consumo energético, así como las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los edificios.

 

Este Procedimiento básico será de aplicación a:

 

a) Edificios de nueva construcción.

 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.

 

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público.

 

Se excluyen del ámbito de aplicación:

 

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico.

 

b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas.

 

c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.

 

d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.

 

e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

 

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.

 

g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda.

 

Atención. Cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de eficiencia energética o una copia de éste se deberán mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial y se entregará al comprador o nuevo arrendatario, en los términos que se establecen en el Procedimiento básico.

Certificaciones de edificios pertenecientes y ocupados por las Administraciones Públicas

Se establece que las certificaciones de edificios pertenecientes y ocupados por las Administraciones públicas podrán realizarse por técnicos competentes de sus propios servicios técnicos.

Edificios de consumo de energía casi nulo

Se anuncia la obligación requerida por la citada Directiva 2010/31/UE, consistente en que, a partir del 31 de diciembre de 2020, los edificios que se construyan sean de consumo de energía casi nulo, en los términos que reglamentariamente se fijen en su momento a través del Código Técnico de la Edificación, plazo que en el caso de los edificios públicos, se adelanta dos años.

Atención. Todos los edificios nuevos cuya construcción se inicie a partir del 31 de diciembre de 2018 que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública, serán edificios de consumo de energía casi nulo.

Comisión asesora para la certificación energética de edificios

Se mantiene la vigencia de la Comisión asesora para la certificación energética de edificios creada por el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero.

Otras novedades o medidas aprobadas

  • Mediante varias disposiciones transitorias se establecen los plazos para la adaptación del Procedimiento básico a los edificios existentes, para la obtención del certificado y la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificios que presten servicios públicos, y para la obligación de realizar, por parte de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, un inventario estadístico de las actuaciones relacionadas con los certificados registrados por ellas, como mecanismo de vital importancia para la planificación de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética del parque existente de edificios y el seguimiento del cumplimiento de la norma.

Atención. Como complemento de los procedimientos y programas ya aprobados como documentos reconocidos para la calificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, con anterioridad a 1 de junio de 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pondrá a disposición del público los programas informáticos de calificación de eficiencia energética para edificios existentes, que serán de aplicación en todo el territorio nacional y que tendrán la consideración de documento reconocido y, por otra parte, se procederá a desarrollar un plan de formación e información a los sectores afectados por la certificación de eficiencia energética de los edificios existentes. La presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, será exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha.

  • También se regula la utilización del distintivo común en todo el territorio nacional denominado etiqueta de eficiencia energética, garantizando en todo caso las especificidades que sean precisas en las distintas comunidades autónomas. En el caso de los edificios que presten servicios públicos a un número importante de personas y que por consiguiente sean frecuentados habitualmente por ellas, será obligatoria la exhibición de este distintivo de forma destacada.

Atención. Todos los edificios o unidades de edificios de titularidad privada que sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a 500 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible por el público, cuando les sea exigible su obtención.  Todos los edificios o partes de los mismos ocupados por las autoridades públicas y que sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a 250 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible. Para el resto de los casos la exhibición pública de la etiqueta de eficiencia energética será voluntaria, y de acuerdo con lo que establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

  • Por otra parte, se encomienda a la Comisión asesora para la certificación energética de edificios velar por el mantenimiento y actualización del Procedimiento básico de certificación de eficiencia energética de edificios.
  • Por último, se concreta un régimen sancionador con infracciones y sanciones, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de protección de los consumidores y usuarios, y en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Si es profesional o empresario que inicia su actividad podrá reducir el 20% de su rendimiento neto

 

Si es profesional o empresario que inicia su actividad podrá reducir el 20% de su rendimiento neto

Recientemente ha sido aprobada una norma para incentivar la creación de nuevos negocios. De este modo, las personas que a partir del 1 de enero de 2013 inicien una actividad económica en estimación directa del IRPF tendrán derecho a disfrutar de una reducción del 20% sobre los rendimientos netos (ingresos menos gastos) que obtengan por su actividad.

 

 

Requisitos para aplicar la reducción

 

Se aplica por los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica a partir de 1 de enero de 2013.

 

Atención. Se entiende que se produce el inicio de una actividad económica cuando no se hubiera ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la fecha de su inicio, sin tener en consideración aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cesado sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde su inicio.

 

También podrá aplicarse esta reducción cuando con posterioridad al inicio de la actividad se inicie una nueva actividad sin haber cesado en el ejercicio de la primera; en este caso, la reducción se aplicará sobre los rendimientos netos obtenidos en el primer período impositivo en que los mismos sean positivos y en el período impositivo siguiente, a contar desde el inicio de la primera actividad.

 

Que determinen el rendimiento neto de la misma conforme al método de estimación directa (normal o simplificada). Por tanto no se aplica a las actividades económicas en módulos.

 

Se aplica en el primer período impositivo en que el rendimiento sea positivo y en el período impositivo siguiente.

 

Límites

 

La cuantía de los rendimientos netos sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe de 100.000 euros anuales.

 

Esta reducción no resultará de aplicación en el periodo impositivo en el que más del 50% de los ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad.

 

Si inicia una actividad en estimación directa disfrutará de una reducción del 20% en el primer año con resultados positivos y en el siguiente.

PORQUE SABER QUE TRATA CON EXPERTOS, LE DA TRANQUILIDAD.

Límite conjunto para las deducciones por incentivos en la cuota del Impuesto sobre Sociedades

Para los períodos impositivos iniciados durante 2012 y 2013 se ha reducido el límite conjunto que se aplica a las deducciones por incentivos en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, pasando del 35% a un 25%.

 

Como ya le informamos en su día, le recordamos que el ámbito de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades en el Impuesto sobre Sociedades, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, modificó el límite conjunto sobre la cuota íntegra para la determinación del importe máximo de las deducciones que es aplicable en los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2012 y 2013.

 

Así, para dichos periodos impositivos, se reduce el límite conjunto que se aplica a las deducciones por incentivos en la cuota, pasando del 35% a un 25%. Recordamos que para aplicar el límite hay que restar previamente de la cuota íntegra las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones.

 

Límite incrementado por Deducción I+D+i

 

También se reduce al 50% el límite incrementado del 60% para el caso de que el importe de la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) que corresponda a gastos e inversiones efectuados en el propio período impositivo exceda del 10% de la cuota íntegra (minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones).

 

Atención. Estos límites se aplicarán igualmente a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, lo que no sucedía anteriormente a esta modificación.

 

Más plazo para las deducciones

 

Los nuevos límites harán que las empresas tarden más en aplicarse las deducciones. Para compensar dicho retraso, y con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012  y con carácter indefinido:

 

  • Se amplía de 10 a 15 años el plazo general para aplicar las deducciones pendientes.

Atención.  En el caso de las deducciones por I+D+i el plazo se fija en 18 años.

  • Estos plazos son aplicables tanto sobre las deducciones que se generaron a partir de 2012 como sobre las que estuviesen pendientes de aplicar al inicio de dicho ejercicio.

Deducción por donativos

 

La deducción por donativos regulada en la Ley 49/2002 no se ve afectada por estas modificaciones, ya que la referida Ley establece un límite propio para esta deducción, según el cual su base no podrá exceder del 10% de la base imponible del período impositivo. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.

 

Ejemplo:

 

Una sociedad cuya cuota previa del Impuesto sobre Sociedades es de 100.000€, que tiene derecho a aplicar las siguientes deducciones generadas en 2012:

 

-         Deducción por inversiones en medio ambiente: 20.000€

-         Deducción por I+D: 32.000€

-         Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios: 22.000€

-         Deducción por inversión en bienes de interés cultural: 5.000€

Total deducciones: 79.000€

 

Límite conjunto deducciones: 2012 y 2013

 

Concepto Liquidación Deducción pendiente de compensar
Cuota previa 100.000€
Deducciones con límite conjunto 50% x 100.000€ = 50.000€ 79.000€ -50.000€ = 29.00€
Cuota a ingresar 50.000€

 

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Un cordial saludo,

¿CÓMO CONCRETAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES EN LOS ESTATUTOS?

 

Debido a los cambios de criterio producidos en la AEAT sobre la retribución de los administradores son relativamente frecuentes en los Registros Mercantiles  las modificaciones de estatutos aclarando o modificando el artículo de los estatutos relativo a la retribución del órgano de  administración.

 

En la Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una entidad, se insiste en que para destruir la presunción de gratuidad se debe determinar que el órgano de administración es retribuido, estableciendo además  el concreto sistema de retribución de los administradores y por tanto al determinar la cláusula debatida  que “la cuantía concreta de la remuneración será fijada por la junta general cada año, es evidente que deja al arbitrio de la junta el concreto sistema de retribución del órgano de administración, con la falta de seguridad que ello supone tanto para los socios actuales o futuros de la sociedad, como para el mismo administrador cuya retribución dependería de las concretas mayorías que se formen en el seno de la junta general”.

 

Debido a los cambios de criterio producidos en la AEAT sobre la retribución de los administradores son relativamente frecuentes en los Registros Mercantiles las modificaciones de estatutos aclarando o modificando el artículo de los estatutos relativo a la retribución del órgano de  administración.

 

Esta Resolución de la DGRN contribuye a aclarar cuáles son los criterios a tener en cuenta para que el artículo de los estatutos estableciendo la retribución de los administradores sea inscribible en el Registro con independencia de las consecuencias fiscales que ello tenga.

 

Requisitos mercantiles

 

Debe quedar claro que una cuestión son los requisitos mercantiles para que la retribución sea inscribible en el Registro y otra muy distinta cuáles sean las exigencias fiscales para que dicha retribución sea admisible, aunque lo ideal sería que ambos aspectos coincidieran.

 

Desde el punto de vista mercantil esta Resolución, como resumen de la doctrina de la DGRN, exige los siguientes requisitos para que el artículo de los estatutos que fije la retribución de los administradores sea inscribible. Estos son los siguientes:

 

1º. Debe quedar meridianamente claro que el cargo de administrador es retribuido

 

2º. Debe constar el concreto sistema de retribución, por ejemplo: una participación en beneficios, con los límites legalmente establecidos, dietas, un sueldo mensual o anual, en seguros de vida o planes de pensiones, utilización en beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o derechos de opción sobre las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer.

 

3º. Los estatutos pueden establecer varios sistemas pero siempre de forma cumulativa y no alternativa.

 

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Un cordial saludo,

Derivacion de Responsabilidad por Hacienda y Seguridad Social frente a los Administradores de una Sociedad

Caso especial del artículo 176-bis introducido por Ley 38/2011 de 10 de octubre

Cuando el empresario simplemente cierra su empresa por falta de liquidez sin previamente presentar concurso de acreedores, se entiende que ha actuado negligentemente y ello conlleva que tenga que hacer frente personalmente y con la responsabilidad de todo su patrimonio a las aludidas deudas. Es lo que se denomina Derivación de responsabilidad frente a los administradores y que se está efectuando cada vez mas por Hacienda y por la Seguridad social.

Se refiere el caso especial del concurso de acreedores que contempla el  supuesto de contener el mismo auto judicial la declaración de concurso voluntario y su conclusión por falta de activos. Esto supone que no se nombrara Administración Concursal con el consiguiente abaratamiento del Procedimiento.

Esta novedad introducida por la última reforma de la Ley Concursal viene a resolver aquellos innumerabless casos en los que el empresario por falta de tesorería no podía presentar concurso de acreedores y ello le llevaba a las derivación de responsabilidad al patrimonio del administrador de la sociedad, por las deudas de la Hacienda Pública, de la Seguridad Social e incluso de sus acreedores frente a la sociedad, con lo que tenía que soportar embargos y ejecuciones contra su patrimonio personal si no atendía las deudas pendientes de la sociedad.

Se puede eliminar ese grave riesgo con la aplicación del artículo 176-Bis de la Ley Concursal.

En nuestro despacho estamos haciendo un esfuerzo para ayudar a diversos clientes para que puedan solicitar  la declaración judicial de concurso de acreedores y simultánea conclusión por falta de activos.

Le ponemos unos ejemplos de nuestros honorarios muy competitivos para ayudar a nuestros clientes que estén en esta situación:

PASIVO Honorarios Acumulado
De o € a 300.000€  

1.200€

Exceso de 300.001€ a 600.000€

800€

2.000€

De 600.001 a 1.200.000€

1.000€

3.000€

De 1.200.001€ a 2.200.000€

2.000€

5.000€

 

 

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