Archivo mensual: septiembre 2013

DURANTE EL MES DE OCTUBRE PUEDE CAMBIAR LA CUANTÍA DE SU COTIZACIÓN SI ES AUTÓNOMO

Les comunicamos que durante el mes de octubre tienen la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y la cuota a pagar. Esta modificación tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2014.

 

Dentro de ciertos límites, los trabajadores autónomos pueden decidir la cuantía por la que cotizan. No obstante, sólo pueden modificar dicha cuantía en dos momentos a lo largo del año.

 

Tales momentos son: antes del 1 de noviembre para que tenga efectos a partir del 1 de enero del año siguiente, o bien, antes del 1 de mayo para que tenga efectos a partir del 1 de julio del año en cuestión. Por tal motivo si piensa cambiar su cotización tiene hasta el 31 de octubre de 2013 para hacerlo.
Además, también puede solicitar que la cuantía por la que cotiza se vaya incrementando automáticamente cada año en la misma proporción que lo haya hecho la base mínima o máxima de cotización, o comunicar que renuncia a dicho incremento, todo lo cual deberá comunicarlo también en los mismos plazos expuestos, esto es antes del 1 de noviembre o del 1 de mayo de cada año.

 

 

¿Cuáles son las opciones de cotización en función de las circunstancias del interesado?

 

El punto de partida es que con carácter general las bases máximas y mínimas de cotización y las cuotas mensuales máxima y mínima a pagar son las siguientes

 

Bases cotización 2013 Tipo de Cotización Cuota mensual a pagar
Mínima 850,60€ 29,90%[1] 256,72€
Máxima 3.425,70€ 29,90% 1.024,28€

 

La mayor o menor libertad para escoger la cotización entre los anteriores máximos y mínimos depende de las siguientes circunstancias:

 

Trabajadores menores de 47 años: los que a 1 de enero de 2013 tuvieran menos de 47 años de edad, podrán elegir libremente su base de cotización entre los antes citados mínimo y máximo.

 

Trabajadores de 47 años y base de cotización igual o superior a 1.870,50 € mensuales: los que a 1 de enero de 2013 tuvieran 47 años y su base de cotización en diciembre de 2012 fuera igual o superior a 1.870,50 € mensuales, o causen alta en el régimen con posterioridad a esta fecha, también podrán escoger su base de cotización libremente entre los citados mínimo y máximo.

 

Trabajadores de 47 años y base de cotización inferior a 1.870,50 € mensuales: los que a 1 de enero de 2013 tuvieran 47 años y su base de cotización en diciembre de 2012 fuera inferior a 1.870,50 € mensuales, no podrán elegir ya una base de cotización superior a 1.888,80 €, todo ello, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.

 

Trabajadores de 48 años o más: los que a 1 de enero de 2013 tuvieran cumplidos 48 años o más podrán escoger una base de cotización que se habrá de situar entre el mínimo de 925,80 € y el máximo de 1.888,80 €. El cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, podrá optar por una base de hasta 1.888,80€ mensuales.

 

 

Trabajadores menores de 50 años con 5 o más años cotizados: Si la última base acreditada fuera inferior o igual a 1.870,502€, puede elegir entre 858,60€ y 1.888,80€ mensuales.

 

Otras cuestiones y tipos de cotización a tener en cuenta por los autónomos

 

 

 

Asimismo, les recordamos, que la Tesorería General de la SS podrá incrementar, anualmente y de forma automática, su base de cotización en el mismo porcentaje en que se aumenten cada año las bases máximas de cotización en este Régimen Especial, previa solicitud antes del día 1 de noviembre.

 

También les informamos que pueden optar por la cobertura de las contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) y de la protección por cese de actividad antes del 1 de octubre (hasta el 30 de septiembre).

 

Si están interesados en modificar la base de cotización o cuota (con la finalidad de aumentar la base de cálculo de la jubilación o la baja de incapacidad temporal), y/o optar por las citadas coberturas, les agradeceríamos que nos lo hicieran saber con la máxima antelación posible.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto



[1] 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (para los autónomos sin protección por contingencias derivadas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cese de actividad).

APROBADA LA LEY DE EMPRENDEDORES ¿QUÉ INCENTIVOS FISCALES SE REGULAN PARA PYMES, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES?

Entre los incentivos aprobados por la norma destacan los incentivos fiscales por inversión de beneficios, a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, a las rentas procedentes de determinados activos intangibles y a la creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

La normativa más esperada por el colectivo de autónomos y pequeños empresarios, la Ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización (más conocida como “Ley de emprendedores”), ha  sido aprobada definitivamente en el parlamento antes de ser publicada en el BOE. Incluye importante medidas para apoyar la iniciativa emprendedora: medidas fiscales y en materia de Seguridad Social para apoyar al emprendedor, medidas para apoyar la financiación, medidas para apoyar el crecimiento empresarial y medidas destinadas a la internacionalización.

 

En concreto, en materia fiscal, cabe destacar las siguientes medidas que les resumimos a continuación,  algunas de las cuales ya les hemos ido informando, y sin perjuicio que en próximos comunicados vayamos desgranando estas novedades con mayor profundidad.

 

Entre los incentivos fiscales aprobados por la norma destacan los incentivos fiscales por inversión de beneficios, a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, a las rentas procedentes de determinados activos intangibles y a la creación de empleo para trabajadores con discapacidad.

 

Nuevo criterio de caja en el IVA y en el IGIC para el 2014

 

En el ámbito del IVA, se crea un régimen voluntario especial del criterio de caja, con efectos  a partir del próximo 1 de enero de 2014, que podrán aplicar los sujetos pasivos del IVA cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros. La aprobación de dicho régimen trata de paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito tanto de los autónomos como de las PYMES, evitando que se tenga que ingresar en Hacienda el IVA repercutido de las facturas expedidas hasta el momento que éste sea efectivamente abonado por el cliente, sustituyendo el tradicional criterio de devengo por el de caja.  Quedan excluidas de esta modalidad las operaciones acogidas a los regímenes especiales simplificados, el de agricultura, ganadería y pesca, el oro de inversión o los servicios prestados por vía electrónica y el régimen de grupo de entidades. También hay cierras operaciones a las que no será de aplicación este régimen, como las adquisiciones intracomunitarias de bienes o los supuestos de inversión del sujeto pasivo, entre otras operaciones.

 

Esta medida está sujeta a limitaciones temporales: los empresarios deben ingresar el IVA de cada año como muy tarde el 31 de diciembre aunque no hayan cobrado. Con relación a las obligaciones formales de este nuevo régimen especial, le recordamos que hay pendiente de aprobarse un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del IVA, el Reglamento de Revisión, el de Aplicación de los Tributos y el Reglamento de Facturación que describe las líneas maestras y las modificaciones reglamentarias pertinentes para aplicar este nuevo criterio. Estas modificaciones se unen a las condiciones de aplicación ya incluidas a la aprobación del nuevo régimen establecido en la Ley.

 

En paralelo al nuevo régimen especial del criterio de caja para el IVA, también se modifica  la Ley 20/1991 del régimen económico fiscal de Canarias, de tal modo que el régimen especial del criterio de caja pueda aplicarse también en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

 

Nueva deducción por inversión de beneficios en el Impuesto sobre Sociedades

 

Con efectos retroactivos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013, se podrá aplicar una deducción del 10 %  (empresas con volumen de negocio inferior a 10 millones de euros) o del 5% (empresas con cifra  de negocio inferior a cinco millones de euros y plantilla media inferior a 25 empleados) en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, en relación a los beneficios obtenidos en el ejercicio que se inviertan en elementos nuevos de inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, sin tener en cuenta el gasto originado por el Impuesto sobre Sociedades.

 

Esta medida supone una tributación reducida para aquella parte de los beneficios empresariales que se destine a la inversión, respecto de los que sean objeto de distribución, por cuanto los primeros quedarán sometidos, con carácter general, a un tipo de gravamen del 15%. Las entidades que apliquen esta deducción, deberán dotar de una reserva indisponible de la misma cuantía que la base de la deducción y mantenerla el tiempo que deban permanecer los elementos patrimoniales adquiridos en la entidad. Si se trata de entidades que tributan por el régimen especial de consolidación fiscal la entidad que realiza la inversión es la obligada a dotar la reserva, salvo que no le resulte posible, en cuyo caso deberá dotarla cualquier entidad del grupo.

Los elementos patrimoniales adquiridos deberán permanecer en funcionamiento en la sociedad durante 5 años, salvo pérdida justificada, o durante su vida útil si resulta inferior.

Se deben hacer las siguientes menciones durante el plazo de mantenimiento de las inversiones: importe de los beneficios acogido a la deducción y el ejercicio en que se obtuvieron; la reserva indisponible que deba figurar dotada; identificación e importe de los elementos adquiridos; la fecha o fechas en que los elementos han sido objeto de adquisición y afectación a la actividad económica.

Esta deducción es incompatible es incompatible con la aplicación de la libertad de amortización, con la deducción por inversiones regulada en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y con la Reserva para inversiones en Canarias regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Ayudas a la I+D para empresas con pocos beneficios o en pérdidas

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la aplicación práctica de los incentivos fiscales vinculados a las actividades de I+D, se establece la opción de proceder a su aplicación sin quedar sometida esta deducción a ningún límite en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, y, en su caso, proceder a su abono, con un límite máximo conjunto de 3 millones de euros anuales, si bien con una tasa de descuento respecto al importe inicialmente previsto de la deducción.

Las entidades que tributan a tipo general, el especial del 35% o al 25% como empresas de reducida dimensión, pueden sobrepasar el límite del 35-60% establecido para el conjunto de incentivos a la inversión (25-50% en 2012-2013), respecto de las deducciones por I+D generadas en 2013.  Esta opción pasa por aplicar un descuento del 20% sobre los porcentajes de deducción que regula la norma. Es decir, en lugar de deducir el 30 ó 50% de los gastos e inversiones la entidad solo podrá deducirse el 24-40%, respectivamente y, además, si no tiene cuota suficiente para aplicar la deducción, podrá solicitar el abono a través de la declaración de este Impuesto, si bien transcurrido al menos un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. El importe de la deducción aplicada o abonada no podrá superar conjuntamente 3.000.000€ anuales. En el caso de grupos de sociedades este límite se aplica a todo el grupo mercantil.

Será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

b) Que la plantilla media no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra c) siguiente.

c) Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo o a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a actividades de investigación y desarrollo, excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono.

d) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o un acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes al proyecto de investigación y desarrollo

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la regularización de las cantidades indebidamente aplicadas o abonadas.

Una misma inversión no podrá dar lugar a la aplicación de más de una deducción en la misma entidad salvo disposición expresa, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad.

Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles

 

Se modifica el régimen fiscal aplicable a las rentas procedentes de determinados activos intangibles, con al intención de que el incentivo recaiga sobre la renta neta derivada del activo cedido y no sobre los ingresos procedentes del mismo. Se amplía, por otra parte, la aplicación del régimen fiscal, para los activos adquiridos, bajo ciertas limitaciones y para los supuestos de transmisión de los activos intangibles.

 

Así, con efectos para las cesiones de activos intangibles que se realicen a partir de la entrada en vigor de esta nueva Ley,  se introducen como novedades las siguientes:

 

ü  Se pretende que el incentivo recaiga sobre la renta neta derivada del activo cedido y no sobre los ingresos procedentes del mismo.

ü  La reducción sobre los ingresos ahora será sobre las rentas que produce su cesión, pasando el porcentaje del 50 al 60%, por lo que la renta se integra en el 40% de su importe.

ü  También se podrán reducir en un 40%, lo que supone una integración al 60%, las rentas derivadas de los activos no creados por la entidad si se mantienen un mínimo de 2 años en su patrimonio y son objeto de cesión a terceros con organización de medios materiales y personales, así como las rentas derivadas de la transmisión de estos intangibles.

ü  Se amplía, por otra parte, la aplicación del régimen fiscal, para los activos adquiridos, bajo ciertas limitaciones, y para los supuestos de transmisión de los activos intangibles.

 

Como régimen transitorio se establece que las cesiones del derecho de uso o de explotación de activos intangibles que se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva Ley se regularán por lo establecido en el artículo 23  de la Ley del Impuesto sobre Sociedades según redacción dada al mismo por la disposición adicional octava. Ocho de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

 

Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad

 

Se modifica esta deducción del Impuesto sobre Sociedades, destacando lo siguiente:

 

    • Se cambia la palabra “minusválidos” por la de trabajadores discapacitados.
    • Se aumenta la deducción en la cuota íntegra, pasando de la cantidad de 6.000€ a la de 9.000€ por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, contratados por el sujeto pasivo, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior.
    • Desaparece la exigencia de que para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán, exclusivamente, los trabajadores minusválidos/año con contrato indefinido que desarrollen jornada completa, en los términos que dispone la normativa laboral.
    • La cantidad deducible se aumenta a 12.000€ por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.

 

Se sigue estableciendo que los trabajadores contratados que dieran derecho a la deducción prevista en este artículo no se computarán a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo.

 

Incentivos fiscales en el IRPF para inversiones en empresas de nueva o reciente creación

 

  • Business angel (inversores de proximidad) y capital semilla: Sistema de capital-riesgo donde el inversor es un particular, que disfruta de un doble beneficio fiscal: a) con ocasión de inversión realizada, una deducción del 20% en la cuota estatal de su IRPF, y b) con ocasión de la posterior desinversión, exención total de la ganancia patrimonial que se generase, siempre y cuando se reinvirtiera en otra entidad de nueva o reciente creación.

 

  • Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación:

 

ü  Los contribuyentes podrán deducirse el 20% de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente, que cumplan determinados requisitos establecidos en la norma, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la entidad.

 

ü  La base máxima de deducción será de 50.000 euros anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas. No formará parte de la base de deducción el importe de las acciones o participaciones adquiridas con el saldo de la cuenta ahorro-empresa, en la medida en que dicho saldo hubiera sido objeto de deducción.

 

Como consecuencia de lo anterior, se suprime el régimen fiscal establecido para inversiones en empresas de nueva o reciente creación por el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, si bien, en aras del principio de seguridad jurídica, se incorpora un régimen transitorio para las inversiones efectuadas con anterioridad.

 

Deducción por actividades económicas (deducción por inversión en beneficios en el IRPF)

 

La deducción por inversión de beneficios que hemos comentado para el Impuesto sobre Sociedades, se aplicará también en el IRPF con las siguientes especialidades:

 

ü  Las personas físicas que desarrollen una actividad empresarial o profesional podrán aplicar una deducción sobre los rendimientos netos de actividades económicas en el período impositivo en que los inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.

 

ü  Los contribuyentes que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva solo aplicarán este incentivo cuando así se determine reglamentariamente.

 

ü  La base será la cuantía equivalente a la parte de la base liquidable general positiva del período impositivo que corresponda a los rendimientos invertidos, sin que en ningún caso la misma cuantía pueda entenderse invertida en más de un activo.

 

ü  El porcentaje de deducción es, en general, del 10% y del 5% si el contribuyente ha aplicado la reducción por inicio de una actividad o la reducción por mantenimiento o creación de empleo. Asimismo, el porcentaje será del 5% cuando se trate de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, siempre que se hubiera aplicado la deducción por rentas obtenidas en dichas Ciudades.

 

ü  El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica del período impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

YA SÓLO ES POSIBLE LA LEGALIZACIÓN DE LIBROS DE EMPRESARIOS EN FORMATO ELECTRÓNICO

La nueva Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (la que comúnmente conocemos y venimos denominando como, “Ley de Emprendedores”), cuya publicación en el BOE está pendiente para este mes de septiembre,  establece que todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las dis­posiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nomi­nativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascu­rran 4 meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.

 

Legalización voluntaria de libros de detalle de actas o grupos de actas

 

Los empresarios podrán voluntariamente legalizar libros de detalle de actas o grupos de actas formados con una periodicidad inferior a la anual cuando interese acreditar de manera feha­ciente el hecho y la fecha de su intervención por el Registrador.

 

El registrador comprueba el cumplimiento de los requisitos formales y la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase. El hecho de la legalización se certifica electrónicamente con código de validación.

 

Novedades

 

Como novedades de esta norma señalamos las siguientes:

 

  • Ya sólo es posible la formación de libros en formato electrónico. Esto supone un coste añadido al tener que adecuar su forma de llevanza de contabilidad a formatos digitales.

 

  • La legalización de los libros obligatoriamente debe ser telemática.

 

  • También deben legalizarse anualmente los libros de actas y los de acciones nominativas o el libro registro de socios. Nos parece que ello, aunque supone un incremento de la seguridad jurídica, no es necesario pues en cuanto al libro de actas de juntas generales lo normal será que sólo conste una anualmente, la aprobatoria de las cuentas anuales, y respecto de los otros libros, de socios y acciones nominativas,  lo normal es que en la generalidad de los años carezcan de apuntes pues estos sólo se producirán cuando haya un cambio en los socios de la sociedad. Por tanto norma interesante pero que incrementa, sin una estricta necesidad, la documentación societaria y los costes de la legalización.

 

¿Para cuándo entrará en vigor? ¿A qué ejercicios afecta?

 

La Ley de emprendedores no regula un régimen transitorio de adaptación para la presentación telemática, por lo que en principio, esta modificación o novedad entraría en vigor inmediatamente, después de su publicación en el BOE.

 

Se podría entender, salvo criterio jurídico diferente o aclaración de la administración, que la obligación de llevanza exclusivamente electrónica y de presentación exclusivamente telemática se aplicaría al ejercicio cerrado en diciembre de 2013 o antes, en su caso, pero siempre después de la promulgación de la Ley, de forma que en el ejercicio en el que nos encontramos se puedan seguir legalizando, tanto libros en papel, como libros digitales presentados físicamente.

 

Libros de actas

 

Debemos recordar que el Reglamento del Registro Mercantil establece que la sociedad podrá llevar un libro de actas para cada órgano, y que no podrá legalizarse un nuevo libro de actas en tanto no se acredite la íntegra utilización del anterior, salvo que se hubiere denunciado la sustracción del mismo o consignado en acta notarial su extravío o destrucción.

 

Por tanto, a los libros digitales presentados telemáticamente y comprensivos del libro de actas anual, deberá acompañarse, en formato físico, único existente hasta ahora, los libros de actas anteriores inutilizando las hojas en blanco que todavía pudieran contener.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

NUEVO TIPO SOCIETARIO: LA SOCIEDAD LIMITADA DE FORMACIÓN SUCESIVA (SLFS)

La Ley de Emprendedores prevé la creación de una nueva figura societaria, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS), sin capital mínimo, cuyo régimen será idéntico al de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, excepto ciertas obligaciones específicas tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros, como por ejemplo, los límites a la retribución de socios y administradores o la responsabilidad solidaria de los socios en caso de liquidación.

Estimado/a cliente/a:

La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (la que comúnmente conocemos y venimos denominando como, “Ley de Emprendedores”), cuya publicación en el BOE está prevista para este mes de septiembre (después de que el Senado aprobara el pasado 11 de septiembre de 2013 el nuevo Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y que ahora debe ser ratificado en el Congreso de los Diputados (lo que está en principio previsto para el 19 de septiembre. Posteriormente el proyecto de Ley será publicado en el BOE, entrando en vigor al día siguiente de su publicación), regula un nuevo tipo societario para abaratar el coste inicial de constituir una sociedad. Así, se permite la creación de sociedades con capital inferior a 3.000 euros, con un régimen idéntico al de las S.L., salvo determinadas condiciones específicas tendentes a proteger a terceros.

 

Características

 

Esta figura se inspira en las reformas adoptadas por otros países de nuestro entorno (Alemania, Bélgica) y su objetivo es abaratar el coste inicial de constituir una sociedad. Para garantizar una adecuada protección de terceros, se prevé un régimen especial para este subtipo societario, hasta que la sociedad no alcance voluntariamente el capital social mínimo (3.000€) para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

 

Lo que realmente se pretende es que sin capital, o con un capital simbólico, se pueda constituir una sociedad, de forma que la misma se pueda ir capitalizando con los propios beneficios de la actividad. Esto ayudaría a muchos emprendedores a adoptar esta forma social limitada para iniciar su actividad sin los peligros de incurrir en causa de disolución o de reducción obligatoria de capital por pérdidas, normas estas que además se deben declarar no aplicables al menos durante el plazo de la formación de su capital, pues si lo fueran y la sociedad nace con un capital de un euro, inmediatamente, con sólo los costes de constitución y una vez aprobado el primer balance, caería en causa de disolución.

 

Estas sociedades estarán sometidas a límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios y para impulsar que estas empresas crezcan a través de la autofinanciación (inversión de los resultados de la actividad empresarial). En particular, se endurece el deber de dotación de reserva legal (siempre deberá dotarse por un veinte por ciento del beneficio) y se prohíbe la distribución de dividendos hasta que el patrimonio neto alcance el capital mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, se limita la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20% del beneficio del patrimonio neto. Además, en caso de liquidación, los socios y administradores de las Sociedades Limitadas de Formación Sucesiva responderán solidariamente del desembolso del capital mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad limitada, si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones.

 

Capital social mínimo exigible desembolsado de 1 euro

 

Lo característico de este nueva sociedad es que, a diferencia de la sociedad limitada, en la que hay que desembolsar el 100% del capital social mínimo (3.000 €), este nuevo tipo social o forma jurídica se podrá constituir aportando un capital social inferior al mínimo exigible para las sociedades limitadas, e incluso inferior al 25% exigible para las sociedades anónimas (actualmente para estas sociedades se puede depositar o desembolsar el 25% del capital social mínimo, en concreto 15.000 € de los 60.000 € exigidos de capital social mínimo), ya que el capital social mínimo exigible desembolsado será una cantidad simbólica de 1 €, desembolsado a futuro el resto del capital social mínimo exigible coincidente con el que se viene exigiendo para las sociedades limitadas por la Ley de Sociedades de Capital, es decir 3.000 €.

 

Obligaciones y límites

 

Mientras no se alcance la cifra de capital social mínimo, la sociedad de responsabilidad limitada estará sujeta al régimen de formación sucesiva, de acuerdo con las siguientes reglas:

 

a) Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio del ejercicio sin límite de cuantía.

 

b) Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior al 60 % del capital legal mínimo.

 

c) La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de tales cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del 20% del patrimonio neto del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de servicios profesionales que la propia sociedad concierte con dichos socios y administradores.

 

d) Limitación de la responsabilidad de los socios al capital social mínimo exigible, ya que en caso de disolución y posterior liquidación de la sociedad, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender al pago de sus obligaciones (deudas), éstos responderán solidariamente frente a la sociedad y a los acreedores hasta desembolsar la cantidad correspondiente al capital social mínimo exigible por ley; sin perder los socios el privilegio de que su responsabilidad esté limitada al capital aportado en la sociedad, como sucede en la mayoría de nuestras personas jurídicas.

 

No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias de los socios en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada de formación sucesiva. Los fundadores y quienes adquieran alguna de las participaciones asumidas en la constitución responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de dichas aportaciones.

Mención en los estatutos sociales

Para este tipo societario, se establece en la Ley que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada en régimen de formación sucesiva, en tanto la cifra de capital sea inferior al mínimo (3.000€), los estatutos contendrán una expresa declaración de sujeción de la sociedad a dicho régimen. Los Registradores Mercantiles harán constar, de oficio, esta circunstancia en las notas de despacho de cualquier documento inscribible relativo a la sociedad, así como en las certificaciones que expidan.

LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ¿SÓLO REQUIERE EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA DE LOS PROPIETARIOS?

Desde el pasado 28 de junio de 2013, con las modificaciones introducidas en la Ley de Propiedad Horizontal por la Ley 8/2013, la instalación de ascensores en una comunidad de propietarios solo requiere el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez represente la mayoría de cuotas de participación.

Estimado/a cliente/a:

Como ya sabrá, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que entró en vigor el pasado 28 de junio, ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal con el objeto de evitar que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas en la nueva Ley. No se puede hacer depender algunos de sus más importantes efectos de que las comunidades de propietarios adopten dicha decisión por unanimidad o por mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir obras que, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la Administración actuante autorizar o, en algunos casos, exigir.

 

Se ha considerado así conveniente flexibilizar el régimen de mayoría para el establecimiento de determinados servicios (porterías, ascensores, supresión de barreras arquitectónicas que dificulten la movilidad de personas con minusvalía, servicios de telecomunicación, aprovechamiento de la energía solar…, etc.).

 

Instalación de ascensores por mayoría de los propietarios

 

Hasta el 28 de junio de 2013 la instalación de ascensores en comunidades de propietarios, como servicio de interés general, requería el voto favorable de las 3/5 partes del total de propietarios (excepto en alguna comunidad autónoma, en la que ya era suficiente con el voto a favor de la mayoría) que además representaran las 3/5 partes de las cuotas de participación, si bien, cuando la finalidad era la supresión de barreras arquitectónicas solo era necesario el voto favorable de la mayoría de propietarios que representasen la mayoría de cuotas de participación.

 

Modificación desde el 28 de junio de 2013

Con las modificaciones introducidas en la Ley de Propiedad Horizontal por la Ley 8/2013, la instalación de ascensores en una comunidad de propietarios, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, solo requiere el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez represente la mayoría de cuotas de participación.

No obstante, si la instalación la solicita un propietario con discapacidad o mayor de 70 años, la instalación es obligatoria (sin necesidad de que lo acuerde previamente la comunidad), siempre y cuando el importe repercutido anualmente no exceda de doce cuotas ordinarias.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

SUBVENCIONES A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Se ha publicado en el BOE la Orden ESS/1338/2013 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal para el año 2013. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE.

En el BOE del día 13 de julio de 2013, se ha publicado la Orden ESS/1338/2013 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal y se convoca su concesión para el año 2013.

 

¿Quiénes puede ser beneficiarios?

 

1. Asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal y carácter intersectorial.

2. Entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborales y de empresas de inserción.

3. Otros entes representativos de la economía social que integren a asociaciones de ámbito estatal de cooperativas y de sociedades laborales.

4. Otras asociaciones, fundaciones y universidades.

 

Para los gastos de funcionamiento:

 

1. Asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal, que reúnan los siguientes requisitos:

 

ü  Encontrarse inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos (REAPTA) a fecha de publicación de la presente convocatoria.

 

ü  Tener sede, propia o a través de sus asociaciones intersectoriales asociadas, en al menos, tres comunidades autónomas, a fecha de publicación de la presente convocatoria.

ü  Disponer de una plantilla durante cinco de los seis primeros meses del año 2013 de, al menos, dos trabajadores contratados directamente por la solicitante, uno de los cuales, lo será a tiempo completo.

 

ü  Tener carácter intersectorial.

 

ü  Quedan excluidos como beneficiarios aquellas entidades asociativas que sean miembros de un órgano consultivo institucional de participación de carácter sectorial.

 

2. Entidades asociativas de carácter intersectorial y ámbito estatal de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de empresas de inserción.

 

3. Entidades asociativas de carácter sectorial y de ámbito estatal de cooperativas y de sociedades laborales.

 

4. Otros entes representativos de la economía social que integren a asociaciones de ámbito estatal de cooperativas y de sociedades laborales. Estos entes representativos de la economía social deberán contar entre sus asociados, al menos, con cinco asociaciones de ámbito estatal entre las de cooperativas y las de sociedades laborales.

 

Con carácter general los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos:

 

a) Tener personalidad jurídica y estar legalmente constituida además de inscritos en el Registro Público correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la normativa aplicable.

 

b) No estar incurso en alguna de las prohibiciones reguladas en la Ley General de Subvenciones.

 

Actividades subvencionables

 

a) Apoyo y asesoramiento a emprendedores, autónomos y promotores de la economía social.

 

b) Programas de fomento de la cultura emprendedora, el autoempleo, la economía social y la responsabilidad social de las empresas.

 

c) Campañas de comunicación y divulgación orientadas a la promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas a través de cualquier medio de comunicación, incluidas las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el marco del desarrollo de las medidas de la «Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016»

 

d) Elaboración y publicación de estudios, trabajos de documentación, análisis e investigación y otras actuaciones análogas.

 

e) Actividades de formación tendentes a iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas.

 

f) Organización de congresos, seminarios, jornadas, presencia en ferias y otras actividades de naturaleza similar, con convocatoria pública de realización de la actividad.

 

Será, asimismo, subvencionable la actividad llevada a cabo por las asociaciones para la consecución de los fines que les son propios en defensa y representación de los trabajadores autónomos y de las empresas de la economía social y que generen gastos de funcionamiento a dichas asociaciones.

 

Gastos subvencionables

 

Para las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas serán subvencionables:

 

a) Los gastos en los que se incurra en la realización de la actividad objeto de subvención, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la misma, que se efectúen en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, y que se hayan efectivamente pagado con anterioridad al 1 de febrero de 2014.

 

b) Los costes salariales imputados directamente por su dedicación a la realización de la actividad objeto de subvención.

 

c) Se podrá considerar coste indirecto, imputable a la actividad subvencionada, hasta el 8% del coste directo subvencionable sin que esta fracción del coste requiera justificación adicional. Este tipo de justificación sólo será aplicable a aquellas cuentas justificativas en las que no se incorporen justificantes sobre imputación de costes generales indirectos.

 

Para los gastos de funcionamiento de las asociaciones serán subvencionables los gastos generales en los que incurra la entidad en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive, que se hayan efectivamente pagado con anterioridad al 1 de febrero de 2014 y que se encuentren comprendidos entre las siguientes partidas:

 

a) Costes salariales.

b) Cotizaciones a la Seguridad Social.

c) Arrendamientos y cánones.

d) Reparaciones y conservación.

e) Servicios profesionales independientes.

f) Primas de seguros.

g) Material de oficina, fotocopias e imprenta.

h) Comunicaciones.

i) Suministros.

j) Cuotas, tanto las de suscripción a publicaciones e inscripción en actividades como las abonadas por pertenencia a otras organizaciones nacionales o internacionales, hasta una cuantía máxima del 75% de las distintas cuotas abonadas.

 

También podrán ser subvencionables los gastos de suministros o servicios prestados por otras empresas, contemplados en las letras anteriores, cuya facturación se efectúe por un periodo que, sin superar un año, comprenda parte de los ejercicios 2012 y 2013 o de los ejercicios 2013 y 2014, siempre que se hayan pagado efectivamente en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de enero de 2014, ambos inclusive.

 

Los importes de las cotizaciones a la Seguridad Social, podrán ser considerados gastos subvencionables hasta una cuantía mensual máxima del 75% de la cuota patronal a la Seguridad Social abonada mensualmente por tal concepto.

 

No serán subvencionables los gastos de personal y los gastos por servicios profesionales que pudieran derivarse de la contratación de algún miembro de los órganos de gobierno de la entidad solicitante.

 

Además, habrá que tener en cuenta las siguientes reglas en este apartado de gastos subvencionables: 

 

a) Los importes de los costes salariales de cada una de las nóminas mensuales del personal contratado, con carácter general, podrán ser considerados gastos subvencionables hasta una cuantía mensual máxima de dos veces y media el salario mínimo interprofesional mensual, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Esta cuantía mensual máxima se incrementará hasta tres veces y media el salario mínimo interprofesional mensual, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, para un trabajador contratado por entidad, o para dos trabajadores en aquellas entidades con más de cinco trabajadores contratados.

 

b) No serán subvencionables los gastos de locomoción, manutención y estancia, salvo el 50% de los gastos de locomoción contratados directamente por la entidad solicitante para el desplazamiento colectivo de los asistentes a las actividades previstas objeto de subvención en la presente convocatoria.

 

En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

 

 

Cuantía de las subvenciones

 

La determinación de las cuantías individualizadas de las subvenciones para las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas se realizará en base a las siguientes reglas:

 

a) Los importes asignados a cada uno de los grupos de subvenciones se irán adjudicando, hasta agotar el crédito disponible, a las solicitudes ordenadas de mayor a menor puntuación del siguiente modo:

 

1) El 100% del importe solicitado a las solicitudes que hayan obtenido una puntuación superior a 44 puntos.

2) El 75% a las solicitudes con una puntuación comprendida entre 38 y 44 puntos.

3) El 50% a las solicitudes con una puntuación comprendida entre 32 y 37 puntos.

4) El 25% a las solicitudes con una puntuación inferior a 32 puntos.

 

b) Si en el proceso de asignación de subvenciones se llegara a un grupo de solicitudes que hubieran obtenido la misma puntuación, y no se dispusiera de crédito suficiente para aplicar a todas ellas el porcentaje que les correspondería por la puntuación obtenida, el porcentaje único a aplicar será el que agote el crédito disponible.

 

c) Para las actividades señaladas en el artículo 3.1.a), b) y c) de esta Orden, el importe máximo de la subvención a conceder será de 150.000 euros, para las actividades señaladas en el artículo 3.1. d), e) y f), el importe máximo de la subvención a conceder será de 50.000 euros.

 

d) En el supuesto de que la cantidad solicitada fuese superior a los importes máximos señalados en el párrafo anterior, los porcentajes reseñados en el párrafo a) se aplicarán sobre dichos importes máximos.

 

e) Si al aplicar estos criterios de adjudicación resultara crédito sobrante, se destinará a incrementar el porcentaje a aplicar para el segundo tramo de puntuación hasta que se agote dicho crédito, respetando en todo caso el importe máximo de este tipo de subvención y sin que nunca pueda rebasarse el 100% de la cantidad solicitada. Si aún sobrara crédito se procederá de igual modo con el tercer y cuarto tramo de solicitudes.

 

f) Para poder resultar beneficiario de la subvención de este apartado será necesario alcanzar en el proceso de valoración una puntuación mínima de 15 puntos.

 

g) En todo caso la entidad beneficiaria, deberá contribuir a sufragar los costes de la actividad con, al menos, una cuantía que será la resultante de aplicar el 15% al coste total de la actividad, salvo en el caso de los apartados c) y e) del artículo 3.1 en el que la contribución será, al menos, del 5%.

 

 

La determinación de las cuantías individualizadas de las subvenciones para los gastos de funcionamiento se realizará distribuyendo los créditos asignados a cada grupo de beneficiarios de los señalados en el artículo 2.1.b), entre las entidades que forman cada grupo en proporción a la puntuación obtenida por aplicación de los criterios objetivos de otorgamiento de estas subvenciones recogidos en el artículo 5.3 de la presente Orden.

 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se garantizará una cantidad mínima a cada una de las entidades que cumplan los requisitos exigidos para ser beneficiarias de este tipo de subvención:

 

a) 10.000 euros para las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de carácter intersectorial.

b) 30.000 euros para las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de empresas de inserción, y para los otros entes representativos de la economía social que integren a asociaciones de ámbito estatal de cooperativas y de sociedades laborales.

c) 15.000 euros para aquellas entidades, de las previstas en el párrafo anterior, que solo justifiquen gastos de las letras c) a j) del artículo 4.2.

 

Solicitud de subvenciones

 

 

  • El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE (14-07-2013).

 

  • Las solicitudes se formularán en los modelos que se acompañan en el anexo de esta Orden por la que se apruebe la convocatoria anual, y que podrán obtenerse en la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, calle Pío Baroja, n.º 6, de Madrid y a través de la página Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social http://www.meyss.es.

 

  • Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, calle Agustín de Betancourt, número 4, 28003 Madrid, o en los términos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, en el caso de que se encuentre habilitado, a través de la pagina Web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social http://www.meyss.es.

 

  • Deberá presentarse una solicitud por cada una de las actividades por las que se pide subvención.

 

La justificación de la subvención revestirá la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y deberá contener la documentación que se especifica en el artículo 13 de esta Orden.

 

En el artículo 22 de la Orden establece que La solicitud deberá acompañarse de la documentación original o copia de la misma que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, exponiendo un listado de dicha documentación.

 

La fecha límite para presentar la documentación justificativa de la subvención será el 28 de febrero de 2014.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

EL PROYECTO DE LEY DE EMPRENDEDORES PREVÉ UN MECANISMO DE NEGOCIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE DEUDAS DE EMPRESARIOS

La implantación del acuerdo extrajudicial habilita un cauce para que el empresario individual o las personas jurídicas puedan alcanzar, al margen del concurso, una solución negociada con los acreedores. El procedimiento está pensado para pequeños empresarios. Quedan fuera los deudores persona física con pasivo superior a 5 millones de euros y, en el caso de las personas jurídicas, aquellas cuyo concurso presentaría especial complejidad (más de 50 acreedores, activo y pasivo superiores a 5  millones de euros).

El Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, publicado en el BOCG de 3 de julio de 2013, incluye una importante novedad en la Ley Concursal al regular el expediente de “Acuerdo extrajudicial de pagos”, que habilita un cauce para que el empresario individual o las personas jurídicas puedan alcanzar, al margen del concurso, una solución negociada con los acreedores.

 

Esta nueva figura, que determinará cambios en la Ley Concursal, pretende asimismo aliviar la carga de procedimientos concursales actualmente pendientes ante los Juzgados Mercantiles.

 

¿En que consiste este Acuerdo extrajudicial de pagos?

 

  • Se trata de un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas, que se encuentren en estado de insolvencia pero dispongan de la liquidez suficiente para hacer frente a los gastos propios del procedimiento y tengan posibilidades de cumplir un acuerdo con las limitaciones expuestas en cuanto a las quitas y esperas.

 

  • El procedimiento está pensado para pequeños empresarios. Quedan fuera los deudores persona física con pasivo superior a cinco millones de euros y, en el caso de las personas jurídicas, aquellas cuyo concurso presentaría especial complejidad (más de 50 acreedores, activo y pasivo superiores a 5 millones de euros).

 

  • No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial los condenados por determinado tipo de delitos, los que hubieran incumplido deberes de depósito de cuentas o a quienes hayan acudido a algún proceso concursal u homologado un acuerdo de refinanciación en los últimos tres ejercicios. Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si cualquiera de los acreedores del deudor, que necesariamente debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido declarado en concurso.

 

  • Los créditos de derecho público no podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial. Los créditos con garantía real (como los hipotecarios) únicamente podrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y verse afectados por el mismo si así lo decidiesen los acreedores que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa. No podrán acudir al procedimiento las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

 

¿Cómo se solicita? ¿Cuál es su procedimiento? ¿Cuáles son los efectos del acuerdo?

 

  • El procedimiento es muy flexible y se sustancia, extrajudicialmente, en brevísimos plazos. El expediente se inicia mediante solicitud de nombramiento de un mediador concursal ante Notario de la circunscripción correspondiente al domicilio del deudor o ante el Registrador Mercantil en el caso de empresarios o entidades inscribibles.

 

  • La solicitud se hará mediante instancia suscrita por el deudor, en la que el deudor hará constar el efectivo y los activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular, los ingresos regulares previstos, una lista de acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes y una relación de gastos mensuales previstos. Esta lista de acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de que puedan no verse afectados por el acuerdo. Los obligados a la llevanza de contabilidad acompañarán además las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios.

 

  • El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se publicará en el portal correspondiente del BOE la cual será suministrada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia. El mediador concursal deberá reunir una serie de condiciones y serán retribuidos conforme al arancel de los administradores concursales.  La aceptación del mediador concursal y la apertura del expediente se publicará en los registros correspondientes (Propiedad, Civil, Mercantil y Registro Público Concursal) y se dará cuenta a los Juzgados de lo mercantil del domicilio del deudor de la apertura de negociaciones.

 

  • En los 10 días siguientes a la aceptación del cargo, el mediador concursal comprobará la existencia y la cuantía de los créditos y convocará al deudor y a los acreedores que figuren en la lista presentada por el deudor, siempre que puedan resultar afectados por el acuerdo, a una reunión que se celebrará dentro de los 2 meses siguientes a la aceptación, en la localidad donde el deudor tenga su domicilio.

 

  • Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se abstendrá de solicitar la concesión de préstamos o créditos, devolverá a la entidad las tarjetas de crédito de que sea titular y se abstendrá de utilizar medio electrónico de pago alguno.

 

  • Desde la publicación de la apertura del expediente y por parte de los acreedores que pudieran verse afectados por el posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni continuarse ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo de 3 meses,  y  se establece la prohibición de anotar embargos posteriores a la solicitud del nombramiento de mediador concursal. Se exceptúan los acreedores de créditos con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación de la ejecución dependerá de la decisión del acreedor. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo extrajudicial no podrá ser declarado en concurso.

 

  • Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, un plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud, en el que la espera o moratoria no podrá superar los 3 años y en el que la quita o condonación no podrá superar el 25% del importe de los créditos. Dicho plan debe ir acompañado de un plan de viabilidad y una propuesta de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, que incluirá, en su caso, la fijación de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial. También es posible proponer la cesión de bienes a los acreedores en pago de deudas.

 

  • Dentro de los 10 días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal a los acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. Transcurrido el plazo citado, el mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y viabilidad final aceptado por el deudor.

 

  • El acreedor que no lo haga verá subordinado su crédito en el concurso de acreedores consecutivo. El rechazo previo a la reunión por una mayoría del pasivo determinará la incoación de la declaración de concurso de acreedores consecutivo al expediente de acuerdo extrajudicial de pagos a instancias del mediador concursal.

 

  • Para que el plan de pagos se considere aceptado, será necesario que voten a favor del mismo acreedores que sean titulares, al menos, del 60% del pasivo, y, si consiste en un pago mediante cesión de bienes, del 75% más la aprobación de los acreedores con garantía real sobre los bienes cedidos.

 

  • Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por el registrador mercantil, se presentará ante el Registro Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda cerrar el expediente.

 

  • Si el plan no fuera aceptado, y el deudor continuara incurso en insolvencia, el mediador concursal solicitará inmediatamente del juez competente la declaración de concurso, que el juez acordará también de forma inmediata. En su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa.

 

  • Dentro de los 10 días siguientes a la publicación del acuerdo, el acreedor que no hubiera sido convocado o no hubiera votado a favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad su oposición podrá impugnarlo ante el Juzgado que fuera competente para conocer del concurso del deudor, si bien, la impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y solo podrá fundarse en la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su caso, a los acreedores no convocados, en la superación de los límites establecidos o en la desproporción de la quita o moratoria exigidas.

 

Efectos del acuerdo sobre los acreedores

 

  • Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la publicación de la apertura del expediente. El deudor, podrá solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del juez que los hubiera ordenado.

 

  • Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán aplazados y remitidos conforme a lo pactado.

 

  • En caso de cesión de bienes a los acreedores, los créditos se considerarán extinguidos.

 

  • Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados solidarios y los garantes personales del deudor.

Apertura de concurso consecutivo de acreedores

Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por incumplimiento del plan de pagos acordado. Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado.

Por tanto, el rechazo del plan de pagos o el incumplimiento del acuerdo extrajudicial, de cuya supervisión se encarga el mediador concursal, determinará la tramitación de un concurso consecutivo de acreedores instado por el mediador concursal, que presenta algunas especialidades respecto de un proceso concursal general.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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