Archivo mensual: marzo 2015

Se modifica con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el artículo 124.3 Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS),

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El artículo 7 del Real Decreto-Ley 1/2015 , de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras mediadas de orden social; establece la exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a las entidades parcialmente exentas, que cumplan ciertos requisitos, siempre que no estén sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos políticos.

Se modifica con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el artículo 124.3 Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), en el cual se especifica el cumplimiento de obligaciones formales a las entidades parcialmente exentas reguladas en el artículo 9.3 LIS, que queda redactado de la siguiente forma:

Quedan excluidas de la obligación de declarar por el Impuesto sobre Sociedades las entidades parcialmente exentas del artículo 9.3 LIS, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención.

Las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades reguladas en el artículo 9.3 LIS son las siguientes:

  • Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro, a las que no resulte de aplicación el régimen fiscal regulado en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
  • Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
  • Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores.
  • Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo veintidós de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.
  • Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
  • Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las Comunidades Autónomas, así como las Autoridades Portuarias.

NOVEDAD LEGISLATIVA  SOBRE EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO.

La Ley 27/2014, de 27 noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre), en la cual se introducen  modificaciones, con efectos del 1 de Enero de 2.015, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

La principal novedad afecta al incremento de los tipos de deducción aplicable, por las donaciones realizadas tanto por personas físicas como jurídicas, a aquellas entidades acogidas al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. Estos cambios quedan resumidos en la siguiente tabla:

IRPF

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016 y siguientes

Primeros 150,00€

50%

75%

Resto

27,50%

30%

Dos periodos impositivos donación a la misma entidad  (> 150,00€)

32,50%

35%

 

 

   

IS

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016 y siguientes

Donaciones en general

35%

35%

Dos periodos impositivos donación a la misma entidad

37,50%

40%

Tasas Judiciales. Exencion para las personas fisicas desde el 28 de febrero de 2015

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Entrada en vigor el 28 de febrero de 2015.

CAPÍTULO III

Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia

Artículo 11. Modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas físicas.

b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

c) El Ministerio Fiscal.

d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

e) Las Cortes Generales

Mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

Contenido y novedades del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

  1. Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera, que principalmente introduce una amplia modificación de la Ley Concursal, del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
  2. Medidas en el ámbito tributario y administrativo, orientadas a introducir diversas modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
  3. Medidas de fomento del empleo, centradas en la reducción de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en determinados supuestos; en la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, así como en la modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
  4. Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, concretadas, especialmente, en una modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, para eximir de las mismas a las personas físicas.

1. Medidas para la reducción de la carga financiera. Segunda oportunidad

Objetivo: El mecanismo de segunda oportunidad diseñado por este real decreto-ley establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación.

Estas iniciativas se pueden resumir agrupándolas en tres bloques.

En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.

Por lo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el título X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, las modificaciones contenidas en este real decreto-ley tienen por finalidad flexibilizar su contenido y efectos, asimilando su regulación a la de los acuerdos de refinanciación de la disposición adicional cuarta.

Como elementos principales del nuevo régimen están la ampliación de su ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente con anterioridad; y la potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración tiene dos pilares fundamentales: que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa).

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios.

Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisionalmente de todos sus créditos, excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general. Para la liberación definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.

En segundo término, se mejora también el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han beneficiado cerca de 14.000 familias.

En este sentido, se amplía el ámbito subjetivo, incrementándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el IPREM anual de 14 mensualidades, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años e introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se introduce la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus contratos.

Por último, se amplía hasta 2017 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.

Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

  • Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 178
  • Se añade un nuevo artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
  • Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis
  • Se modifica el artículo 231. Presupuestos.
  • Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 232
  • Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 233
  • Se elimina el apartado 4 y se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 234
  • Se modifica el artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente.
  • Se modifica el artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Se modifica el artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos
  • Se introduce un artículo 238 bis. Extensión subjetiva.
  • Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 239
  • Se modifica el artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores.
  • Se modifica el apartado 2 del artículo 241
  • Se modifica el artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo.
  • Se añade un artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios.
  • Otras modificaciones.
  • Se modifica el apartado 5.º del artículo 92
  • Se modifica el apartado 2.º del artículo 93.2
  • Se modifica el apartado 5 del artículo 94

La disposición transitoria primera establece el régimen transitorio en materia concursal

 

 

Compliance Penal – Corporate Defense

 

Con fecha 4 de octubre de 2014, el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados ha publicado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y que, por tanto, puede convertirse en Ley en el plazo aproximado de un año.

Entre las novedades que se nos anuncian en la Exposición de Motivos se incluye “una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas… con la finalidad de determinar adecuadamente el contenido del ‘debido control’, cuyo quebrantamiento permite fundar su responsabilidad penal“. De este escueto anuncio no es posible tomar conciencia del profundo cambio legislativo que este texto, cuando se convierta en Ley vigente, va a producir en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque la modificación va mucho más allá que ese determinar adecuadamente el debido control, por ejemplo, dando entrada, con eficacia eximente, a los denominados modelos o programas de prevención (compliance programs).

 

Las empresas deben ser conscientes de que diseñar e implementar modelos de prevención les va a resultar, a partir de este mismo momento, extremadamente rentable porque como en Derecho penal la legislación favorable tiene efectos retroactivos, los programas puestos en marcha hoy, antes de la entrada en vigor de la Ley, extenderán sus efectos eximentes desde el mismo momento en que la Ley entre en vigor.

En primer lugar, se modifican las conductas determinantes de la responsabilidad, de modo que, a partir de ahora, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) “De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”. El texto hoy vigente se Marzo 2014 se  refiere a delitos cometidos en nombre o por cuenta de las personas jurídicas, y en su provecho, por los representante legales y administradores de hecho o de derecho.

b) “De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos el deber de control su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”. El texto hoy vigente se refiere a delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control, atendidas las circunstancias del caso.

I. La reforma, sin duda, más importante del Anteproyecto es la que introduce, por primera vez, una expresa causa de exención de la responsabilidad criminal para las personas jurídicas fundada en la demostración de que la corporación tiene e implementa eficazmente un programa de prevención de delitos o de cumplimiento normativo (compliance program).

1. Así, para el caso de los delitos mencionados en el anterior apartado i.), (a), operará la causa de exención de la responsabilidad criminal si la persona jurídica prueba:

Primero, que el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza (programa de prevención de delitos o de actividades delictivas –compliance program—);

Segundo, que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control (designación de un responsable de cumplimiento normativo –compliance officer— o de un órgano colegiado de cumplimiento normativo –compliance committee—), si bien en las empresas de “pequeñas dimensiones” (esto es, las que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada) esta función la puede desempeñar el órgano de administración; y

Tercero, que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de vigilancia y control por parte del órgano de cumplimiento normativo. Si estas circunstancias sólo se pueden probar parcialmente, se podrá también valorar a los efectos de atenuación de la pena.

2. En el supuesto anterior, los modelos de prevención deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos (evaluación del riesgo);

b) Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos (código ético o de comportamiento corporativo);

c) Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deberán ser prevenidos (due diligence);

d) Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención (whistle blowers);

e) Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

3. Para el caso de los delitos a los que antes nos hemos referido en el apartado i.), (b), la exención de responsabilidad se producirá si, antes de la comisión del delito, la persona jurídica ha adoptado y ha ejecutado eficazmente un modelo de organización, gestión y control que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido, siéndole aplicable a ese modelo los requisitos antes señalados.

4. En cualquier caso, tanto para los delitos del apartado i.), (a), como para los del apartado i.), (b), el modelo de prevención debe de contener las medidas que, de acuerdo con la naturaleza y tamaño de la organización, así como el tipo de actividades que se llevan a cabo, garanticen el desarrollo de su actividad conforme a la Ley y permitan la detección rápida y prevención de situaciones de riesgo (proportionate procedures).

5. Finalmente, el funcionamiento eficaz del modelo de prevención exige:

 Primero, una verificación periódica del mismo y de su eventual modificación, cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los haga necesarios (monitoring and review);

Segundo, un sistema disciplinario que sancione adecuadamente las infracciones de las medidas de control y organización establecidas en el modelo de prevención.

El modelo seguido en este aspecto está inspirado directamente inspirado en el Decreto Legislativo italiano 231/2001, de 8 de junio, y se aproxima también al de las conocidas líneas directrices que se contienen en The Bribery Act 2010 Guidance, about procedures which relevant comercial organizations can put into place to prevent persons associated with them from bribing, publicadas por el Ministry of Justice británico en el mes de marzo de 2011, y que contiene esos célebres seis principios: proportionate procedures (principio 1), top-level commitment (principio 2), risk assessment (principio 3), due diligence (principio 4), communication (principio 5) y monitoring and review (principio 6).

II. La reforma sigue manteniendo las mismas causas de atenuación de la responsabilidad criminal que el texto vigente y, entre ellas, la de “haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”.

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