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Fiscal- Nuevo Reglamento de Facturación para el 2013

Nuevo Reglamento de Facturación para el 2013

El nuevo Reglamento sobre obligaciones de facturación, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2013, establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la completa u ordinaria y la simplificada (que sustituye a los “tiques”). Las facturas simplificadas podrán expedirse cuando su importe no exceda de 400€ (IVA incluido), cuando se trate de facturas rectificativas o cuando su importe no exceda de 3.000 € (IVA incluido), para los supuestos en los que anteriormente podía expedirse tiques.

Estimado/a cliente/a:

En el BOE del día 1 de diciembre, se ha publicado el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, que será aplicable a partir del 1 de enero de 2013 y deroga el anterior Reglamento contenido en el Real Decreto 1496/2003.

 

El fin de este nuevo Reglamento es transponer una Directiva Comunitaria de 2010 sobre normas de facturación. Con ello se reducirán las cargas administrativas y se facilitarán las transacciones económicas además de contribuir a la seguridad jurídica de los agentes económicos, sobre todo, en los casos de operaciones intracomunitarias.

 

Destaca sobre todo un nuevo sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la completa u ordinaria y la simplificada (que sustituye a los “tiques”). Las facturas simplificadas podrán expedirse cuando su importe no exceda de 400€ (IVA incluido), cuando se trate de facturas rectificativas o cuando su importe no exceda de 3.000 € (IVA incluido), para los supuestos en los que anteriormente podía expedirse tiques.

 

A continuación vamos a proceder a describir las novedades más significativas que se introducen en el nuevo Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

 

Principales novedades

 

Obligación de expedir factura

 

Se clarifican los casos en los que se deben aplicar las normas de facturación establecidas en este Reglamento, introduciendo las siguientes reglas:

 

a)     Cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios se entienda realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, excepto que el proveedor o el prestador no esté establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo sea el destinatario para quien se realice la operación y la factura no sea expedida por éste, por tener acuerdo con el sujeto pasivo para expedir las facturas.

 

b)     Cuando el proveedor o prestador esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, a partir del cual se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios y dicha entrega o prestación, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, no se entienda realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes supuestos:

 

  • Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo del Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación y la factura no sea materialmente expedida por este último en nombre y por cuenta del proveedor del bien o prestador del servicio.
  • Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad (UE).

 

Excepciones a la obligación de expedir factura

 

Los supuestos en los que debe expedirse factura permanecen en esencia inalterados. No obstante, se clarifican los supuestos en los que no se exige la obligación de expedir factura en determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros.

 

Así, como novedad, se excluyen de tal obligación las prestaciones de servicios financieros (excepto los relativos a los servicios de intervención prestados por fedatarios públicos, incluidos los Registradores de la Propiedad y Mercantiles) y de seguros exentas del IVA cuando no se localicen en el territorio de aplicación del Impuesto y estén sujetas al mismo en otro Estado miembro (no en el caso de operaciones interiores o que se localicen fuera de la Comunidad, para las que sigue existiendo la obligación en idénticos términos a los hoy vigentes).

 

Clases de facturas. Desaparecen los tiques

 

Existirán dos tipos de facturas: completa y simplificada, desapareciendo el tique.

 

Los actuales tiques se sustituyen por facturas simplificadas que pueden emitirse, a elección del obligado a su expedición, cuando el importe de la operación no exceda de 400 euros, IVA incluido; cuando se trate de facturas rectificativas, o en los supuestos en los que estaba autorizada la expedición de tiques y el importe de la operación no exceda de 3.000 euros, IVA incluido.

 

El Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT podrá autorizar su expedición en supuestos distintos: cuando las prácticas comerciales o administrativas del sector, o bien las condiciones técnicas de la expedición, dificulten particularmente la inclusión en ella de la totalidad de los datos o requisitos.

 

Atención. No podrá expedirse factura simplificada por las siguientes operaciones:

 

  • Entregas intracomunitarias de bienes.
  • Entregas de bienes del art. 68. Tres y Cinco de la Ley del IVA (entregas de bienes cuya expedición o transporte se inicie en otro Estado miembro con destino al mencionado territorio y concurran determinados requisitos y determinadas entregas de bienes que sean objeto de Impuestos Especiales) cuando se realicen en el territorio de aplicación del Impuesto.
  • Entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas en el en el territorio de aplicación del Impuesto, cuando el proveedor del bien o el prestador del servicio no este establecido, el sujeto pasivo sea el destinatario y la factura sea expedida por éste al estar autorizado por el proveedor o el prestador.
  • Cuando el proveedor o prestador esté establecido en el TAI o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, a partir del cual se efectúa la operación, y conforme a las reglas de localización se sitúe fuera del territorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes supuestos:

 

ü  Operación sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo sea el destinatario, y éste no expida la factura por no estar autorizado por el sujeto pasivo.

ü  Operación se entienda realizada fuera de la UE.

 

Contenido de la factura

 

En relación con el contenido de las facturas así como de las menciones adicionales que éstas deben incluir para habilitar a la deducción del Impuesto repercutido, el Reglamento establece algunas novedades que podemos destacar, entre otras:

 

ü  Debe hacerse constar la fecha de realización de la operación documentada en la factura (la fecha de devengo del IVA), siempre que ésta no coincida con la fecha de expedición de la factura.

 

ü  En los casos en los que la operación quede exenta del IVA, no sujeta, o el obligado a la liquidación del IVA sea el destinatario (inversión del sujeto pasivo), deberá hacerse constar esta circunstancia deforma expresa.

 

ü  Deben indicarse todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible de las operaciones contenidas en la factura así como su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones.

 

ü  En las autofacturas por servicios, deben hacerse constar también los datos del proveedor del servicio.

 

ü  Se elimina la necesidad de producir una autofactura, pero sólo para los casos de adquisiciones intracomunitarias de bienes.

 

ü  Se establece la obligación de indicar la sede de actividad o establecimiento al que se refieran las operaciones cuando el obligado a expedir la factura, el destinatario de las operaciones o ambos dispongan de varios lugares fijos de negocio, siempre y cuando dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de determinación de tributación correspondiente a las citadas operaciones.

 

Contenido de las facturas simplificadas

 

Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, las facturas simplificadas y sus copias contendrán los siguientes datos o requisitos:

 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de cada serie será correlativa.

 

Se podrán expedir facturas simplificadas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros, en los siguientes casos:

 

  1. Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones.
  2. Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.
  3. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5 del Reglamento, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
  4. Las rectificativas.

 

Cuando el empresario o profesional expida facturas conforme a este Reglamento y para la documentación de las operaciones efectuadas en un mismo año natural, será obligatoria la expedición mediante series separadas de unas y otras.

 

b) La fecha de su expedición.

 

c) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

 

d) Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición.

 

e) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.

 

f) Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA incluido».

 

Asimismo, cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, además, la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones.

 

g) Contraprestación total.

h) En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones que se modifican.

 

i) En los supuestos a que se refieren las letras j) a o) del artículo 6.1 de este Reglamento, deberá hacerse constar las menciones referidas en las mismas (operaciones que estén exenta del Impuesto, en las entregas de medios de transporte nuevos, en caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la factura en lugar del proveedor o prestador, en n el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la operación, en caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, y en caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección).

 

A efectos de los requisitos formales de deducción del IVA, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional y así lo exija, el expedidor de la factura simplificada deberá hacer constar, además, los siguientes datos:

 

a) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, así como el domicilio del destinatario de las operaciones.

 

b) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

 

También deberán hacerse constar estos datos, cuando el destinatario de la operación no sea un empresario o profesional y así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria.

 

Autorizaciones especiales por la AEAT

 

Cuando el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aprecie que las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas simplificadas, recomienden la consignación de mayores o menores menciones de las señaladas en los apartados anteriores, podrá:

 

a) Exigir la inclusión de menciones adicionales a las señaladas en los apartados anteriores, sin que, en ningún caso, pueda exigirse más información que aquélla a la que hace referencia del contenido mínimo de las facturas simplificadas.

 

b) Autorizar la expedición de facturas simplificadas que no incluyan determinadas menciones siempre que se haga constar la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla.

 

Los acuerdos deberán ser objeto de la debida publicidad por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 

Medios de expedición de las facturas

 

Se establece una igualdad de trato entre la factura en papel y la electrónica para que el sujeto pasivo pueda expedir por vía electrónica sin necesidad de que la misma quede sujeta al empleo de una tecnología determinada. Así, se señala que las facturas pueden expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, que permita garantizar al obligado a su expedición la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad desde su fecha de expedición y durante todo el período de conservación.

 

La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura puede garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho y, en particular, mediante controles de gestión usuales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, los cuales deben permitir crear una pista de auditoria fiable que establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de servicios que la misma documenta. La autenticidad del origen de la factura debe garantizar la identidad del obligado a su expedición y del emisor de la factura y la integridad del contenido debe garantizar que el mismo no ha sido modificado.

 

Facturación electrónica

 

Se incluye una definición de lo que haya de entenderse por factura electrónica. Se define como aquella factura que se ajuste a lo establecido en el Reglamento y que haya sido expedida y recibida en formato electrónico, estando condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento.

 

En cuanto a la autenticidad e integridad de la misma se establece que pueden garantizarse por los medios que se han señalado anteriormente para las facturas en general y también mediante una firma electrónica avanzada o un intercambio electrónico de datos (EDI) o mediante otros medios que los interesados, con carácter previo a su utilización, hayan comunicado a la AEAT y esta los haya validado.

 

Plazo para la expedición de las facturas

 

Se modifica el límite temporal del día 16 del mes siguiente para la expedición de las facturas refiriéndolo a la fecha de devengo y no al período de liquidación cuando el destinatario es empresario (en el caso de operaciones intracomunitarias, antes del 16 del mes siguiente al inicio de la expedición o transporte).

 

Facturas recapitulativas: como regla general, si el destinatario no es empresario o profesional, deben expedirse como máximo el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las operaciones que documentan y si el destinatario es empresario o profesional que actúa como tal: deben expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en el curso del cual se hayan realizado las operaciones que documentan.

 

Conservación de las facturas

 

Se establece que en los casos de delegación a un tercero de la obligación de conservación, si el mismo no está establecido en la UE, únicamente cabrá el cumplimiento de esta obligación previa comunicación a la AEAT (anteriormente se exigía autorización).

 

Se determina la necesidad de que los documentos, en papel o en formato electrónico, se deberán conservar por cualquier medio que permita garantizar al obligado a su conservación la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad.

 

Sustitución o canje de facturas simplificadas por facturas

 

Se mantiene en términos similares a la normativa precedente la sustitución de las facturas simplificadas por facturas, previéndose una disposición transitoria por virtud de la cual los documentos sustitutivos que hubieran sido expedidos conforme a lo establecido en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, podrán ser objeto de sustitución o canje por facturas en los en los supuestos en los que el destinatario sea empresario o exija factura, dentro del plazo de los cuatro años siguientes al devengo de las operaciones documentadas en los mismos.

 

La factura que se expida en dichos supuestos no tendrá la consideración de factura rectificativa.

 

Régimen transitorio en relación con autorizaciones concedidas

 

Las autorizaciones concedidas por la Agencia Tributaria en materia de facturación se mantendrán vigentes con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, tal y como se encuentra redactado en la actualidad.

 

No obstante se exceptúan las autorizaciones para la no consignación de los datos del destinatario (no empresario) o las concedidas para la simplificación de las menciones obligatorias de las facturas (salvo las concedidas para la emisión de facturas que contuvieran, en todo caso, las siguientes menciones: fecha de expedición de la factura, identidad del obligado a su expedición, identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados y la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla, que mantendrán su vigencia mientras no se revoquen expresamente.) que, en ambos casos perderán su vigencia el 1 de enero de 2013.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

FISCAL- Bienes y derechos situados en el extranjero

¿Dudas para valorar los bienes y derechos en el extranjero a efectos de la obligación de información a Hacienda?

Si una persona es titular de un inmueble que ha adquirido como consecuencia de una donación o de una herencia, se hará constar el valor de adquisición, entendiendo por este el valor real del bien en el momento de su adquisición. En el caso de los inmuebles cuyo precio de adquisición consta en una moneda diferente al euro, el valor de adquisición, al igual que en el resto de bienes y derechos objeto de declaración, debe ajustarse al tipo de cambio vigente en la fecha 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada.

Estimado/a cliente/a:

Como ya sabrá, y le hemos informado, la «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero» —introducida en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de lucha contra el fraude—, a través del modelo 720 recientemente publicado, correspondiente al ejercicio 2012 debe realizarse entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2013, y deberá informar sobre los bienes y derechos que tienen en el extranjero a 31-12-2012, tanto cuentas en entidades financieras, como bienes inmuebles, valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionados u obtenidos fuera de España. Se excluye de esta obligación de declarar cuando el valor de los mismos no supere los 50.000 euros por cada tipo de bien o derecho. La presentación en años sucesivos de la declaración informativa sólo será obligatoria cuando el citado límite hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros.

 

Dudas sobre como valorar esos bienes y derechos

 

La AEAT ha dado respuesta a algunas dudas planteadas en torno a la valoración de estos bienes y derechos situados en el extranjero, que su caso, habrá que declarar en el Modelo 720 antes del 30 de abril de 2013.

 

¿Cómo se deben valorar los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica?

 

Se deberá informar sobre el saldo a 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

 

¿Cuál es el valor respecto al que se debe informar en el caso de los valores y derechos representativos de la participación en una entidad jurídica?

 

  • Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad negociados en mercados organizados, con exclusión de las correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se valorarán de acuerdo con el valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año.

 

  • Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad (no negociados en mercados organizados), su valoración se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable. En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará conforme se establece igualmente en el artículo 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

 

Si una persona es titular de un inmueble que ha adquirido como consecuencia de una donación o de una herencia, ¿cuál es el valor de adquisición que debe tenerse en cuenta a efectos de determinar (y en su caso declarar) si tiene obligación de declarar?

 

Tanto en el caso de que el inmueble se hubiera adquirido por donación o herencia se hará constar el valor de adquisición, entendiendo por este el valor real del bien en el momento de su adquisición.

 

¿Es necesario reflejar en el modelo 720 la información sobre todos los valores respecto de los que se ha perdido la titularidad a lo largo del ejercicio y antes del 31 de diciembre en aquellos casos en los que dicha perdida de titularidad se produce como consecuencia de operaciones de venta y reinversión del importe obtenido en la adquisición de nuevos valores?

 

No. Cuando la pérdida de la condición de titular o titular real tuviese origen en la transmisión de los valores y derechos y el importe obtenido se hubiese destinado íntegramente a la adquisición de otros valores o derechos que sean objeto de declaración sólo deberán declararse los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el mismo apartado.

 

Si una persona es titular de una cuenta en el extranjero cuyo saldo se encuentra en una moneda diferente al euro y tiene obligación de presentar declaración informativa correspondiente al modelo 720, ¿qué tipo de cambio debe aplicar para determinar cada uno de los saldos a informar? ¿Y si se hubiera cancelado la cuenta corriente durante el ejercicio?

 

Deberá informar de los saldos correspondientes a la cuenta corriente aplicando el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada. Esta misma referencia se tomará en relación con la valoración del saldo medio del último trimestre correspondiente a cada cuenta.

 

En el caso de que cese la titularidad de la cuenta durante el ejercicio y exista obligación de declarar, deberá utilizarse para determinar el saldo el tipo de cambio vigente en la fecha del cese de esa titularidad.

 

Si una persona/sociedad es titular/titular real de un inmueble en el extranjero cuyo precio de adquisición consta en una moneda diferente al euro y tiene la obligación de presentar declaración informativa, ¿cuál es el tipo de cambio que debe utilizar para determinar el valor de adquisición?

 

En el caso de los inmuebles, el valor de adquisición, al igual que en el resto de bienes y derechos objeto de declaración, debe ajustarse al tipo de cambio vigente en la fecha 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada.

 

¿Deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el incremento producido en la valoración global de los bienes y derechos las variaciones ocasionadas por los tipos de cambio en la valoración de los bienes y derechos?

 

Sí. Las oscilaciones producidas en el tipo de cambio deben tenerse en cuenta a efectos de valorar globalmente cada conjunto de bienes y determinar si deben volver a declararse los mismo.

 Ejemplo:  

Si en el ejercicio 2013 se presento declaración informativa por las cuentas situadas en el extranjero, informando de su saldo a 31 de diciembre de 2012 aplicando el tipo de cambio vigente en esta fecha para expresar los mismos en euros. En el ejercicio 2014 no existe obligación de volver a presentar declaración informativa sobre las mismas (siempre que no cese la titularidad sobre las mismas) salvo que el saldo conjunto de todas las cuentas en el extranjero teniendo en cuenta los tipos de cambio vigentes el 31 de diciembre de 2013 hubiese experimentad o un incremento superior a 20.000 € respecto al saldo conjunto que determino la obligación de declarar en el ejercicio 2013.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

 

Entrevista Prodespachos 2012

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César Campuzano Robledo

Socio director

29/11/2012

Campuzano Asesores Legales & Tributarios busca un crecimiento sostenido, de forma que la estructura no impida una gestión rápida y de calidad y sobre todo que no encarezca el coste al cliente, si no se puede dar un buen servicio es mejor no darlo.

Entendemos que las nuevas tecnologías son una herramienta imprescindible. Crean sinergias muy positivas a los clientes y al despacho

Por favor, ¿nos podría hablar de su trayectoria profesional?

Comencé mi vida profesional, después del realizar el Máster en Asesoria Jurídica en el IE Buisness School, como adjunto al responsable de la asesoría jurídica de una organización de consumidores y usuarios con gran repercusión nacional, al tiempo colaboraba en un despacho mediano, después de un tiempo decidí crear la firma de despacho que dirijo desde casi 20 años.

La actividad docente siempre me atrajo y he procurado estar en esa línea para estar en contacto con la universidad y las escuelas de negocio, como por ejemplo en EBS Fomento, IE Buisness School o el CEU.

¿En qué año se fundó Campuzano Asesores Legales

En 1993.

¿Cómo se organiza su firma?

En departamentos especializados que dependen de un socio.

¿Qué servicios ofrecen?

No somos un despacho de grandes estructuras, mas bien, somos una boutique muy especializada en la que damos servicios de asesoría jurídica junto con aspectos de consultoría muy específica.

¿Cuál es su especialidad?

Mercantil. Dentro de este área mi responsabilidad se centra en concursal y reestructuración empresarial, en pactos de socios, responsabilidad de administradores, societario, asesoramiento a las start up, y transferencia tecnológica en biotecnología.

¿A quiénes van mayoritariamente dirigidos estos servicios?

A pymes especialmente.

¿Cuáles cree usted que son las características diferenciales de su firma con respecto a la competencia?

En líneas generales entendemos que damos un servicio conjunto, el jurídico y el de la consultoría que engloba temas financieros. En particular, ofrecemos, en caso de concursal, resolver situaciones de preinsolvencia y concursos de acreedores intentando la superación de la crisis empresarial, dando la posibilidad de ejecutar planes de venta de activos o de reestructuración. Desde el punto de vista del acreedor ayudamos a planificar una línea de actuación para el cobro y recuperación de créditos.

En el caso de start up, les ponemos en contacto con business angels o capital riesgo para poder sacar adelante estos proyectos para la lo cual el pacto de socios es un elemento vital de estas operaciones.

¿Y sus principios básicos?

La confianza y la transparencia.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en su despacho?

Primordial, entendemos que son una herramienta imprescindible. Crean sinergias muy positivas a los clientes y al despacho.

¿Cuentan con algún departamento comercial, de comunicación o de marketing en su firma? O ¿Realizan algún tipo de acción comercial?

Si, comunicamos nuestras actividades y realizamos diferentes acciones de comunicación como una newsletter.

¿Forman parte de alguna asociación?

En estos momentos somos absolutamente independientes en este sentido.

¿Han entablado algún tipo de alianza estratégica?

Entendemos que es muy importante tener acuerdos de colaboración a nivel nacional e internacional con diferentes despachos para poder dar servicio especializado, para ello contamos no solo con despachos si no también con grupos empresariales y escuelas de negocio.

¿Hasta dónde quieren crecer?

Un crecimiento sostenido, de forma que la estructura no impida una gestión rápida y de calidad y sobre todo que no encarezca el coste al cliente. Si no se puede dar un buen servicio es mejor no darlo.

¿Han notado la crisis? ¿Cómo cree que un despacho puede hacer frente a la misma?

Por supuesto, el efecto dominó producido desde 2007 en el entramando tejido empresarial nacional hace que prácticamente la totalidad del sector servicios quede afectado. Sin embargo existen empresas con situaciones muy complicadas que requieren de un efectivo asesoramiento jurídico-financiero para poder salir adelante, pensemos que lo que va ya del segundo semestre de 2012 han existido más de 1.900 empresas en toda España que han entrado en concurso con un aumento, desde el anterior año, del 35%. Pero en ese contexto, por ejemplo la posibilidad de ventas de activos de esas compañías crean otras sinergias que se deben de ver como oportunidad de negocio entre las concursadas y los inversores, que los hay. Están detrás de la trinchera, pero los hay.

A la segunda pregunta entiendo que se debe contestar de una sola manera, que es la de salir de la crisis trabajando. Aliarse al trabajo y a la creatividad para ser capaz de encontrar las oportunidades que surgen en situaciones de crisis.


César Campuzano Robledo, Socio director
Campuzano Asesores Legales & Tributarios

     Marzo 2013

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Obligación de las personas físicas y jurídicas de comunicar al Banco de España sus transacciones económicas y saldos de activos y pasivos financieros con el exterior

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Le recordamos que el 1 de enero de 2013 entró en vigor la Circular 4/2012 del Banco de España, que obliga a las personas físicas y jurídicas a comunicar al Banco de España sus transacciones económicas y saldos de activos y pasivos financieros con el exterior. Esta Circular sustituirá a las Circulares 6/20001 y 3/20062 y, parcialmente, a la Circular 2/20013, si bien estas no quedarán derogadas hasta el 1 de enero de 2014. En consecuencia, durante el año 2013 coexistirán las obligaciones de información previstas en la nueva Circular y en las anteriores.4

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Como consecuencia de la aprobación de la nueva Circular, parte de la información sobre cobros y pagos exteriores, que antes se obtenía a través de los proveedores de servicios de pago, ahora tendrá que comunicarse directamente por los residentes.

 

En términos generales, las modificaciones introducidas implican, entre otros aspectos, que parte de la información sobre cobros y pagos exteriores que anteriormente se obtenía a través de los proveedores de servicios de pago (entidades de crédito y entidades de pago)  se obtendrá directamente a través de su declaración por los residentes que hayan realizado tales operaciones, para los fines estadísticos, fiscales y administrativos que establecen las norma y que se establece un nuevo sistema de información periódica.

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¿QUIÉN DEBE COMUNICAR?

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Cualquier persona física o jurídica residente en España (distintas de los proveedores de servicios de pago inscritos en el Banco de España) que realicen transacciones con un no residente o mantengan activos o pasivos en países distintos de España.

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Las sociedades que pertenecen a un Grupo deberán presentar la información correspondiente de manera individual. No obstante, si se cumplen determinados requisitos, esta información podrá ser remitida de manera conjunta por un mismo remitente.

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¿QUÉ SE DEBE COMUNICAR?

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Se deberá informar al Banco de España de cualquier transacción que lleven a cabo con extranjeros; y  de los balances de activos y pasivos en el exterior, así como de cualquier cambio que se produzca en tales posiciones.

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Las transacciones con no residentes comprenden todas las operaciones por cuenta propia, de cualquier naturaleza y con independencia de cómo se liquiden. Se consideran operaciones a estos efectos todos los actos, negocios y operaciones que supongan –o de cuyo cumplimiento pueda derivarse- cobros, pagos o transferencias exteriores así como variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras.

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Igualmente, deberá informarse de los saldos y variaciones de activos y pasivos frente al exterior, cualquiera que sea la forma en la que se materialicen.

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Atención.Es por ello que esta nueva regulación va a resultar de aplicación, por ejemplo, a aquéllos clientes (residentes) de banca privada en España, que realicen operaciones por cuenta propia con no residentes sea cual sea su naturaleza e independientemente de cómo se liquiden, es decir, bien se liquiden mediante transferencias exteriores, a través de abonos o adeudos en cuentas bancarias o interempresa, por compensación o mediante entrega de efectivo, y/o que hayan optado por un modelo de custodia de su efectivo y valores en el exterior, y que, por lo tanto, tenga saldos y variaciones de activos o pasivos frente al exterior, cualquiera que sea la forma en la que se materialicen (cuentas en entidades bancarias o financieras, cuentas interempresas, depósitos de efectivo o de valores, participaciones en el capital, instrumentos representativos de deuda, instrumentos financieros derivados, inmuebles, etc.).

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¿CUÁNDO HAY QUE COMUNICAR?

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La periodicidad de las comunicaciones dependerá del volumen de las transacciones realizadas por los sujetos obligados durante el año inmediatamente anterior, así como de los saldos de activos y pasivos de dichos sujetos obligados el 31 de diciembre del año anterior.

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Las declaraciones deberán presentarse con periodicidad mensual, trimestral o anual tan pronto como se cumplan los correspondientes umbrales:

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  • Mensualmente, si los importes de las transacciones o los saldos de activos y pasivos del año anterior son iguales o superiores a 300 millones de euros. El plazo para presentar la primera declaración mensual referida a enero 2013 finaliza el 20 de febrero de 2013.
  • Trimestralmente, si los importes de las transacciones o los saldos de activos y pasivos del año anterior son iguales o superiores a 100 millones de euros e inferiores a 300 millones de euros. El plazo para presentar la primera declaración trimestral referida al primer trimestre de 2013 finaliza el 20 de abril de 2013.
  • Anualmente, si los importes de las transacciones o los saldos de activos y pasivos del año anterior son inferiores a 100 millones de euros. El plazo para presentar la primera declaración anual referida al ejercicio 2013 finaliza el 20 de enero de 2014.

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Es importante aclarar que:

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ü  Se deberá presentar una declaración, aunque en el correspondiente periodo no se hubieran realizado transacciones, si los saldos activos o pasivos exteriores alcanzan los umbrales de notificación.

ü  Deberán comunicarse todas y cada una de las transacciones y variaciones del periodo aunque sus saldos finales fueran cero.

ü  Dentro del mismo ejercicio económico no está permitido cambiar más de una vez de periodicidad, ni cambiar la periodicidad a otra con menor frecuencia (es decir, pasar de mensual a trimestral o de trimestral a anual).

 

Atención. Cuando los importes antes referidos no superen el millón de euros la declaración solo se enviará al Banco de España  a requerimiento expreso de éste y en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de solicitud.

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No obstante, aquellos residentes que, no habiendo alcanzado los umbrales de declaración antes expuestos, los superaran a lo largo del año corriente quedarán obligados a presentar las declaraciones con la periodicidad que corresponda, a partir del momento en el que dichos límites se excedan.

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Sin perjuicio de lo anterior, cuando ni el importe de los saldos ni el de las transacciones superen los 50 millones de euros, las declaraciones, podrán efectuarse de forma resumida, conteniendo exclusivamente los saldos inicial y final de activos y de pasivos exteriores, la suma total de las operaciones de cobro y la suma total de las operaciones de pago del período declarado.

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¿CÓMO HAY QUE COMUNICAR?

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La información se comunicará, exclusivamente por medios telemáticos, al Banco de España a través de los formularios disponibles en su página Web (www.bde.es).

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Es importante señalar que para el acceso y remisión de los formularios el sujeto declarante deberá contar con un certificado electrónico expedido por alguna de las autoridades de certificación aceptadas por el Banco de España. Además, los sujetos declarantes deberán contar con procedimientos y programas informáticos que les permitan guardar la información que remitan al Banco de España, para repetir, si fuera necesario las transmisiones realizadas. En todo caso, los sujetos declarantes deberán conservar los datos remitidos durante un plazo mínimo de 27 meses.

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Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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Atentamente,

LE DAMOS UNOS CONSEJOS REALMENTE ÚTILES

Responsabilidad del administrador en caso de disolución de la sociedad

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Puede ocurrir que una empresa cierre con unos fondos propios negativos por encima de la ½ del capital social. Tiene un capital social de 60.500,00€ y una deuda de 60.000,00€ entre proveedores, Hacienda y Seguridad Social a la que no puede hacer frente. Si se deja inactiva la empresa ¿cómo responde el administrador, está obligado a presentar concurso de acreedores?

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Responsabilidad de los administradores

 

La Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo. Apunte. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

Causa de disolución de la sociedad

 

Verifique si el patrimonio neto de la empresa (es decir, el capital más las reservas y menos las pérdidas acumuladas) es inferior a la mitad del capital social. Si es así, la sociedad está en causa de disolución, y el administrador, en el plazo de dos meses desde que conoce esta situación, está obligado a convocar una junta de socios en la que se corrija el problema (por ejemplo, aumentando el capital o disolviendo la sociedad). Apunte. Si no lo hace, responde con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad que se generen con posterioridad a la causa de disolución.

 

Deber de convocar la Junta General o presentar concurso de acreedores

 

La Ley de Sociedades de Capital impone un doble deber a los administradores cuando la sociedad está incursa en causa de disolución:

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  • Deber de convocatoria de la Junta General para que adopte el acuerdo de disolución, o que presente el concurso de acreedores si la sociedad fuera insolvente, en el plazo de dos meses a contar desde el momento en el cual tuvieron conocimiento de la existencia de la referida causa de disolución.
  • Disolución judicial. El segundo de aquellos deberes es subsidiario al anterior, y es que los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando, después de haber sido convocada la Junta General, esta no se celebrara o el acuerdo adoptado en la misma fuera contrario a la disolución de la sociedad.

 

Apunte. En el caso de que los administradores no cumplan con lo anteriormente expuesto, los mismos serán responsables solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a que se produzca la causa legal de disolución, presuponiendo que las obligaciones sociales que puedan ser reclamadas son de fecha posterior a la fecha en la que se produjo aquella causa legal de disolución, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

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Inactividad responsable

De acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, la anterior responsabilidad se configura como una pena civil o responsabilidad por la inactividad de los administradores al no solicitar el acuerdo de disolución en aquellos casos en los que exista una causa legal de disolución. Apunte. El incumplimiento de aquel deber comporta la responsabilidad objetiva y solidaria de los administradores con la sociedad por todas las obligaciones sociales, lo que hace a la referida responsabilidad ilimitada.

 

Si la sociedad se encuentra en causa de disolución como consecuencia de pérdidas pero además se encuentra también en causa para solicitar el concurso de acreedores, la obligación del administrador será solicitar el concurso. En caso contrario, el administrador también puede llegar a responder de las deudas de la sociedad si no solicita la declaración de concurso en el plazo de dos meses desde que conoce la insolvencia.

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PORQUE SABER QUE TRATA CON EXPERTOS, LE DA TRANQUILIDAD.

Se endurece la tributación de las ganancias y pérdidas a corto plazo en el IRPF

Desde el 1 de enero de 2013, se ha producido un cambio importante al tributar en la Base General del IRPF (según escala de gravamen, y no a un tipo fijo, y sumándose al resto de rendimientos como los del trabajo o actividades económicas) las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en un año o menos. Por tanto, en la base imponible del ahorro sólo se incluirán las ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de un año. Esta modificación va acompañada de un  cambio en el régimen de integración y compensación de rentas.

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De acuerdo con la normativa vigente del IRPF hasta el 31-12-2012, no tenía relevancia el período de generación de las ganancias o las perdidas patrimoniales. Se trataba por igual a las transmisiones patrimoniales generadas hasta un año (desde la fecha de compra hasta la fecha de venta) que las generadas a más de un año, integrándose en la base imponible del ahorro del esquema de liquidación del IRPF, con independencia del periodo en que se hubiesen generado las mismas. Y lo hacían aplicándose un tipo fijo que es del 21% para los primeros 6.000 euros, sube al 25% si las plusvalías están entre 6.000 euros y 24.000 euros y llega a ser del 27% a partir de plusvalías superiores a 24.000 euros.

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Cambios introducidos por la Ley 16/2012 con efectos desde el 01-01-2013

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A partir de 2013 se endurece la fiscalidad de estas ganancias. El cambio consiste en que si estas ganancias se han generado en un periodo de hasta un año se integrarán en la base imponible general, sumándolas, entre otras, a los rendimientos del trabajo y aplicando el tipo marginal del contribuyente, que puede oscilar entre el 24,75% y el 56% en el caso concreto de Cataluña.

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Las generadas en más de un año seguirán teniendo el mismo tratamiento que hasta ahora, esto es, les resultará de aplicación el tipo fijo anteriormente comentado que va del 21% al 27%. Ello va a hacer que, en la práctica, se eleve significativamente la carga fiscal para los inversores a corto plazo con tipos marginales superiores al 27%. Así, si un contribuyente tributa habitualmente al tipo marginal del 24,75% y genera plusvalías en un solo ejercicio tendrá que pagar un 24,75% por ellas (salvo variación en su tramo de base general) en lugar del 21%. Pero sobre todo si es un contribuyente de rentas altas y tributa en torno al 50%, esta reforma le supondrá tributar el doble por sus movimientos de cartera.

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¿Se pueden seguir compensado las pérdidas como hasta ahora?

 

Integración y compensación a partir de 2013

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La modificación de las ganancias y pérdidas a corto plazo que hemos indicado va acompañada de un  cambio en el régimen de integración y compensación de rentas, que se resume de la siguiente manera:

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  • Las alteraciones generadas en un período de hasta un año pasan a integrarse con aquellas que no deriven de la transmisión o mejora de elementos patrimoniales.
  • Si tras dicha integración resulta un saldo negativo, su importe se compensará con el saldo positivo resultante de la integración  y compensación de los rendimientos e imputaciones de renta, hasta un 10% (antes era un 25%) de dicho saldo positivo.
  • Si resulta finalmente un saldo negativo, se compensará en los cuatro años siguientes, conforme a las reglas generales de compensación.

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Pérdidas a compensar de años anteriores

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Como medida transitoria la Ley permite:

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  • Que las pérdidas patrimoniales generadas en un plazo no superior a un año no prescritas y pendientes de compensación a 1 de enero de 2013 (es decir, generadas entre 2009 y 2012, ambos inclusive), se puedan seguir compensando con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro.
  • Que las pérdidas que no deriven de la transmisión de elementos patrimoniales (o su mejora) correspondientes a los ejercicios 2009 a 2012, se puedan compensar con los rendimientos e imputaciones de renta de la base general con el límite anterior del 25% (no del 10%) del saldo positivo resultante de la integración y compensación de dichos rendimientos e imputaciones. En todo caso, la compensación así efectuada, junto con la que corresponda a pérdidas de igual naturaleza generadas desde 1 de enero de 2013, no podrán exceder del 25% del referido saldo positivo.

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Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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Un cordial saludo,

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