Comunicacion

Se modifica con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el artículo 124.3 Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS),

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El artículo 7 del Real Decreto-Ley 1/2015 , de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras mediadas de orden social; establece la exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a las entidades parcialmente exentas, que cumplan ciertos requisitos, siempre que no estén sujetas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ni se trate de partidos políticos.

Se modifica con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el artículo 124.3 Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), en el cual se especifica el cumplimiento de obligaciones formales a las entidades parcialmente exentas reguladas en el artículo 9.3 LIS, que queda redactado de la siguiente forma:

Quedan excluidas de la obligación de declarar por el Impuesto sobre Sociedades las entidades parcialmente exentas del artículo 9.3 LIS, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención.

Las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades reguladas en el artículo 9.3 LIS son las siguientes:

  • Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro, a las que no resulte de aplicación el régimen fiscal regulado en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
  • Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
  • Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores.
  • Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo veintidós de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.
  • Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
  • Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las Comunidades Autónomas, así como las Autoridades Portuarias.

NOVEDAD LEGISLATIVA  SOBRE EL RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO.

La Ley 27/2014, de 27 noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre), en la cual se introducen  modificaciones, con efectos del 1 de Enero de 2.015, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

La principal novedad afecta al incremento de los tipos de deducción aplicable, por las donaciones realizadas tanto por personas físicas como jurídicas, a aquellas entidades acogidas al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. Estos cambios quedan resumidos en la siguiente tabla:

IRPF

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016 y siguientes

Primeros 150,00€

50%

75%

Resto

27,50%

30%

Dos periodos impositivos donación a la misma entidad  (> 150,00€)

32,50%

35%

 

 

   

IS

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016 y siguientes

Donaciones en general

35%

35%

Dos periodos impositivos donación a la misma entidad

37,50%

40%

Tasas Judiciales. Exencion para las personas fisicas desde el 28 de febrero de 2015

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Entrada en vigor el 28 de febrero de 2015.

CAPÍTULO III

Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia

Artículo 11. Modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas físicas.

b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

c) El Ministerio Fiscal.

d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

e) Las Cortes Generales

Mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

Contenido y novedades del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

  1. Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera, que principalmente introduce una amplia modificación de la Ley Concursal, del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
  2. Medidas en el ámbito tributario y administrativo, orientadas a introducir diversas modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
  3. Medidas de fomento del empleo, centradas en la reducción de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en determinados supuestos; en la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, así como en la modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
  4. Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, concretadas, especialmente, en una modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, para eximir de las mismas a las personas físicas.

1. Medidas para la reducción de la carga financiera. Segunda oportunidad

Objetivo: El mecanismo de segunda oportunidad diseñado por este real decreto-ley establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación.

Estas iniciativas se pueden resumir agrupándolas en tres bloques.

En primer lugar, se propone flexibilizar los acuerdos extrajudiciales de pagos, y prever un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.

Por lo que se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pago regulados en el título X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, las modificaciones contenidas en este real decreto-ley tienen por finalidad flexibilizar su contenido y efectos, asimilando su regulación a la de los acuerdos de refinanciación de la disposición adicional cuarta.

Como elementos principales del nuevo régimen están la ampliación de su ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarios, regulándose además un procedimiento simplificado para éstas; la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente con anterioridad; y la potenciación de la figura del mediador concursal, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, si se trata de personas naturales no empresarios.

Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural en el marco del procedimiento concursal. El sistema de exoneración tiene dos pilares fundamentales: que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa).

Cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios.

Alternativamente, cuando no hayan podido satisfacer los anteriores créditos y siempre que acepte someterse a un plan de pagos durante los 5 años siguientes, el deudor podrá quedar exonerado provisionalmente de todos sus créditos, excepto los públicos y por alimentos, contra la masa y aquéllos que gocen de privilegio general. Para la liberación definitiva de deudas, el deudor deberá satisfacer en ese período las deudas no exoneradas o realizar un esfuerzo sustancial para ello.

En segundo término, se mejora también el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, del que ya se han beneficiado cerca de 14.000 familias.

En este sentido, se amplía el ámbito subjetivo, incrementándose el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que se calculará con base en el IPREM anual de 14 mensualidades, incluyendo como nuevo supuesto de especial vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años e introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del precio de los bienes inmuebles adquiridos. Adicionalmente, se introduce la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus contratos.

Por último, se amplía hasta 2017 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como el colectivo que puede beneficiarse de esta medida.

Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

  • Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 178
  • Se añade un nuevo artículo 178 bis. Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
  • Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 176 bis
  • Se modifica el artículo 231. Presupuestos.
  • Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 232
  • Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 233
  • Se elimina el apartado 4 y se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 234
  • Se modifica el artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente.
  • Se modifica el artículo 236. Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Se modifica el artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos
  • Se introduce un artículo 238 bis. Extensión subjetiva.
  • Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 239
  • Se modifica el artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores.
  • Se modifica el apartado 2 del artículo 241
  • Se modifica el artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo.
  • Se añade un artículo 242 bis. Especialidades del acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios.
  • Otras modificaciones.
  • Se modifica el apartado 5.º del artículo 92
  • Se modifica el apartado 2.º del artículo 93.2
  • Se modifica el apartado 5 del artículo 94

La disposición transitoria primera establece el régimen transitorio en materia concursal

 

 

Compliance Penal – Corporate Defense

 

Con fecha 4 de octubre de 2014, el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados ha publicado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y que, por tanto, puede convertirse en Ley en el plazo aproximado de un año.

Entre las novedades que se nos anuncian en la Exposición de Motivos se incluye “una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas… con la finalidad de determinar adecuadamente el contenido del ‘debido control’, cuyo quebrantamiento permite fundar su responsabilidad penal“. De este escueto anuncio no es posible tomar conciencia del profundo cambio legislativo que este texto, cuando se convierta en Ley vigente, va a producir en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque la modificación va mucho más allá que ese determinar adecuadamente el debido control, por ejemplo, dando entrada, con eficacia eximente, a los denominados modelos o programas de prevención (compliance programs).

 

Las empresas deben ser conscientes de que diseñar e implementar modelos de prevención les va a resultar, a partir de este mismo momento, extremadamente rentable porque como en Derecho penal la legislación favorable tiene efectos retroactivos, los programas puestos en marcha hoy, antes de la entrada en vigor de la Ley, extenderán sus efectos eximentes desde el mismo momento en que la Ley entre en vigor.

En primer lugar, se modifican las conductas determinantes de la responsabilidad, de modo que, a partir de ahora, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) “De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”. El texto hoy vigente se Marzo 2014 se  refiere a delitos cometidos en nombre o por cuenta de las personas jurídicas, y en su provecho, por los representante legales y administradores de hecho o de derecho.

b) “De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos el deber de control su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”. El texto hoy vigente se refiere a delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control, atendidas las circunstancias del caso.

I. La reforma, sin duda, más importante del Anteproyecto es la que introduce, por primera vez, una expresa causa de exención de la responsabilidad criminal para las personas jurídicas fundada en la demostración de que la corporación tiene e implementa eficazmente un programa de prevención de delitos o de cumplimiento normativo (compliance program).

1. Así, para el caso de los delitos mencionados en el anterior apartado i.), (a), operará la causa de exención de la responsabilidad criminal si la persona jurídica prueba:

Primero, que el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza (programa de prevención de delitos o de actividades delictivas –compliance program—);

Segundo, que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control (designación de un responsable de cumplimiento normativo –compliance officer— o de un órgano colegiado de cumplimiento normativo –compliance committee—), si bien en las empresas de “pequeñas dimensiones” (esto es, las que estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada) esta función la puede desempeñar el órgano de administración; y

Tercero, que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de vigilancia y control por parte del órgano de cumplimiento normativo. Si estas circunstancias sólo se pueden probar parcialmente, se podrá también valorar a los efectos de atenuación de la pena.

2. En el supuesto anterior, los modelos de prevención deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos (evaluación del riesgo);

b) Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos (código ético o de comportamiento corporativo);

c) Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deberán ser prevenidos (due diligence);

d) Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención (whistle blowers);

e) Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

3. Para el caso de los delitos a los que antes nos hemos referido en el apartado i.), (b), la exención de responsabilidad se producirá si, antes de la comisión del delito, la persona jurídica ha adoptado y ha ejecutado eficazmente un modelo de organización, gestión y control que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido, siéndole aplicable a ese modelo los requisitos antes señalados.

4. En cualquier caso, tanto para los delitos del apartado i.), (a), como para los del apartado i.), (b), el modelo de prevención debe de contener las medidas que, de acuerdo con la naturaleza y tamaño de la organización, así como el tipo de actividades que se llevan a cabo, garanticen el desarrollo de su actividad conforme a la Ley y permitan la detección rápida y prevención de situaciones de riesgo (proportionate procedures).

5. Finalmente, el funcionamiento eficaz del modelo de prevención exige:

 Primero, una verificación periódica del mismo y de su eventual modificación, cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los haga necesarios (monitoring and review);

Segundo, un sistema disciplinario que sancione adecuadamente las infracciones de las medidas de control y organización establecidas en el modelo de prevención.

El modelo seguido en este aspecto está inspirado directamente inspirado en el Decreto Legislativo italiano 231/2001, de 8 de junio, y se aproxima también al de las conocidas líneas directrices que se contienen en The Bribery Act 2010 Guidance, about procedures which relevant comercial organizations can put into place to prevent persons associated with them from bribing, publicadas por el Ministry of Justice británico en el mes de marzo de 2011, y que contiene esos célebres seis principios: proportionate procedures (principio 1), top-level commitment (principio 2), risk assessment (principio 3), due diligence (principio 4), communication (principio 5) y monitoring and review (principio 6).

II. La reforma sigue manteniendo las mismas causas de atenuación de la responsabilidad criminal que el texto vigente y, entre ellas, la de “haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”.

PRÓXIMOS CAMBIOS EN LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, actualmente en trámite parlamentario, introduce cambios importantes que tratan fundamentalmente de proteger a los consumidores contra las prácticas abusivas en las contrataciones de servicios a distancia o en las compras on line.

 

Con esta norma se adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria de 2011 sobre los derechos de los consumidores. Se trata de una regulación necesaria, si se tiene en cuenta el importante crecimiento del comercio electrónico y las transacciones a distancia en los últimos años en España.

 

PRINCIPALES EJES DE LA REFORMA

 

  1. Información. Se amplía la información precontractual que, por Ley, habrá que facilitar a los consumidores y usuarios, en general y, en particular, cuando formalicen contratos a distancia. Tendrá que ser clara y comprensible.

 

  1. Derecho de desistimiento. Se introducen nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Asimismo, se amplía el plazo en el que se puede ejercer: de los siete días hábiles actuales a catorce días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado a doce meses. La nueva norma, además, incorporará un formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.

 

  1. Nuevos derechos. El Proyecto dota a los consumidores de nuevos derechos, referidos a la forma y los plazos de entrega y el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, entre otros.

 

PRINCIPALES NOVEDADES

 

1. Concepto  más amplio de consumidor y usuario

 

  • Entre las definiciones nuevas que incluye la norma, cabe destacar el concepto de consumidor y usuario que engloba a las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores y usuarios a efectos de la ley, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

 

  • En cuanto al concepto de empresario, se define como tal a toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.

 

2. Nueva definición de contrato a distancia y concepto de establecimiento mercantil

 

  • Se incorpora a la norma una nueva definición de contrato a distancia que abarca todos los casos en que los contratos se celebran entre el empresario y el consumidor y usuario en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, exclusivamente mediante el uso de una o varias técnicas de comunicación, como pueden ser la venta por correo, Internet, teléfono o fax, hasta el momento en que se celebra el contrato y con inclusión de ese momento.

 

  • Dicha definición abarca también las situaciones en las que el consumidor y usuario únicamente visita el establecimiento mercantil de la empresa con el propósito de recabar información sobre los bienes o los servicios y la negociación y celebración subsiguiente del contrato tienen lugar a distancia. El concepto de sistema organizado de prestación de servicios o de venta a distancia incluye los sistemas ofrecidos por un tercero distinto del empresario pero utilizado por éste, como una plataforma en línea. No obstante, no cubre los casos en los que las páginas Web ofrecen información solamente sobre el empresario, sus bienes o servicios y sus datos de contacto.

 

  • La definición abarca también aquellas situaciones en que se establece contacto personal e individual con el consumidor y usuario fuera del establecimiento, aunque luego el contrato se celebre inmediatamente después en el establecimiento mercantil del empresario o a través de un medio de comunicación a distancia.

 

  • Las compras realizadas en el curso de una excursión organizada por el empresario durante la cual éste promociona y vende los productos que se adquieren, se consideran también contratos celebrados fuera del establecimiento.
  • Se incorpora el concepto de establecimiento mercantil, que comprende todo tipo de instalaciones (como tiendas, puestos o camiones) que sirvan al empresario como local de negocios permanente o habitual. Si cumplen esta condición, los puestos de mercados y los stands de feria se consideran también como establecimientos mercantiles. Asimismo, se considera un establecimiento mercantil la instalación de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma estacional, por ejemplo, durante la temporada turística en una estación de esquí o en una zona de playa, puesto que el empresario ejerce allí su actividad de forma habitual. Sin embargo, los espacios accesibles al público, como calles, centros comerciales, playas, instalaciones deportivas y transportes públicos, que el empresario utilice de forma excepcional para su actividad empresarial, así como los domicilios privados o lugares de trabajo, no se consideran establecimientos mercantiles.

 

2. Se amplía la información que deberá ser facilitada a los consumidores

 

La nueva ley supondrá un reforzamiento de la información al consumidor y usuario, a través de la ampliación de los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos con consumidores y usuarios, que en el caso de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento del empresario han sido objeto de plena armonización por parte de la directiva europea.

 

  • Los empresarios deberán informar a los consumidores y usuarios de la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que, en su caso, tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario, incluidas aquellas por las que se  bloquee un importe en la tarjeta de crédito o débito del consumidor y usuario.

 

  • También deberán informar de la existencia de la garantía legal de conformidad de los bienes, así como de la existencia y condiciones de los servicios posventa y de las garantías comerciales que otorguen, en su caso. Además, en los contratos de suministro de contenido digital, deberán informar de las distintas formas de utilización del mismo y de cualquier limitación técnica, como son la protección a través de la gestión de los derechos digitales o la codificación regional, así como de toda interoperabilidad relevante con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa razonablemente esperar que deba conocer, con objeto de describir la información relativa a los aparatos y los programas estándar con los que el contenido digital es compatible, por ejemplo el sistema operativo, la versión necesaria o determinados elementos de los soportes físicos.

 

  • En los contratos a distancia, se adaptan los requisitos de información para tener en cuenta las restricciones técnicas de ciertos medios de comunicación, como las limitaciones de número de caracteres en determinadas pantallas de teléfono móvil o de tiempo en los anuncios de ventas televisivos. En tales casos, el empresario deberá respetar un conjunto mínimo de requisitos de información y remitir al consumidor y usuario a otra fuente de información, por ejemplo facilitando un número de teléfono gratuito o un enlace a una página Web del empresario donde la información pertinente esté directamente disponible y sea a fácilmente accesible.

 

  • Se regula igualmente los requisitos formales de los contratos a distancia y de los celebrados fuera  del establecimiento, y contempla como novedad la exigencia de que los sitios Web de comercio indiquen de modo claro y legible, a más tardar al inicio del procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción  de suministro y cuáles son las modalidades de pago que se aceptan.

 

3. Regulación más amplia del derecho de desistimiento

 

Se regulan como novedades sobre el derecho de desistimiento:

 

  • La determinación de un modelo de formulario normalizado a través del cual el consumidor puede si lo desea ejercitar este derecho, el cual también puede estar disponible on-line.

 

  • La ampliación del plazo para su ejercicio de 7 días hábiles a 14 días naturales y, en el caso de que no se facilite la información sobre el derecho de desistimiento, hasta 12 meses.

 

  • La posibilidad de que la empresa pueda exigir al consumidor el pago de los gastos de devolución, si así le ha informado al consumidor.

 

  • La obligación de la empresa de devolver todos los importes que el consumidor hubiese satisfecho excepto los gastos de entrega que sean superiores a los gastos de entrega normal de los bienes, en el plazo de 14 días contados desde el día en el que manifestó que deseaba ejercitar el derecho de desistimiento. No obstante, salvo en caso de que la empresa se haya ofrecido a recoger los bienes, la empresa puede retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que el consumidor haya presentado una prueba de la devolución de los bienes.

 

2. Medidas contra los “cargos encubiertos”

 

  • La reforma busca acabar con los “cargos encubiertos” de las compras por Internet. Así, a partir de ahora las empresas deberán mostrar el precio final antes de que se concluya la transacción, que deberá ser aceptado por el usuario. El empresario tendrá que velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción.

 

  • Se establece la obligación de los empresarios de facilitar de forma precontractual la información sobre los gastos que irán vinculados a la forma de pago, transporte, entrega u otros. De esta forma, las empresas deberán mostrar el precio final antes de formalizar la contratación.

 

  • Así mismo, en lo que se refiere a los medios de pago, se impide facturar al consumidor un coste superior al que debe satisfacer el empresario. Un ejemplo claro de ello lo tenemos con la compra de un billete de avión a través de Internet, donde si el pago se realiza mediante tarjeta de crédito ello comporta un cargo mayor.

 

  • Como consecuencia, se prevé que si el empresario no cumple con dichos requisitos de información, el consumidor no estará obligado al pago de dichos gastos, pudiendo recuperar la diferencia entre el coste inicial y el final. Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del pago.

 

Números  902 o similares

 

  • En el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica.

 

  • Esta medida trata de que los usuarios para comunicarse con las compañías se vean obligados a llamar a un número 902 o similares, cuyo coste es superior a las llamadas entre fijos o móviles. Sin embargo, no se especifica que se entiende por tarifa básica y si estará incluida en las tarifas planas o no.

 

Contratos telefónicos

 

  • En los casos en los que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato, deberá confirmar la oferta por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en un soporte duradero.

 

  • La oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito, ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS. De este modo, se asegura que el consumidor es plenamente consciente de lo que está aceptando al garantizarse adecuadamente que recibe la información precontractual obligatoria, algo que no es posible si el proceso completo se lleva a cabo en una única conversación telefónica.

 

Otras novedades

 

  • Con respecto a la entrega de los bienes, la norma prevé que en aquellos casos en que el empresario no ha hecho entrega de los mismos en el plazo convenido con el consumidor y usuario, este último, antes de poder resolver el contrato, debe emplazar al empresario a que le haga la entrega en un plazo adicional razonable y tendrá derecho a resolver el contrato si el empresario tampoco entrega los bienes en dicho plazo adicional.

 

  • En relación con el uso de medios de pago por parte de los consumidores y usuarios, se prohíbe a los empresarios el cobro de cargos que excedan el coste soportado por éstos por el uso de tales medios de pago.

 

  • En cuanto al riesgo de pérdida o deterioro de los bienes, la norma establece disposiciones dirigidas a proteger al consumidor y usuario de todo riesgo que pueda tener lugar antes de que haya adquirido la posesión material de los mismos.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

NUEVOS LÍMITES PARA EL BALANCE ABREVIADO

 

Desde el pasado 29 de septiembre de 2013, se han introducido modificaciones en el Código de Comercio y en la  Ley de Sociedades de Capital, para elevar los umbrales que permitirán a las Sociedades Anónimas y Sociedades Limitadas formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria abreviados.

 

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (más conocida como “Ley de Emprendedores”) ha introducido modificaciones en el Código de Comercio y en la  Ley de Sociedades de Capital, para elevar los umbrales que permitirán a las Sociedades Anónimas y Sociedades Limitadas formular balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria abreviados (lo cual les permitirá evitar formular estado de flujos de efectivo e informe de gestión).

 

Para ello, se han de reunir, a fecha de cierre de ejercicio (en general, la sociedad ha de reunir los umbrales durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos; como regla particular, ha de reunirlos en el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión), al menos, dos de tres de las circunstancias siguientes:

 

a)     activo no superior a 4.000.000 € (antes, 2.850.000 €)

b)     importe neto de la cifra anual de negocios no superior a 8.000.000 € (antes, 5.700.000 €)

c)      número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no superior a 50 (no varía).

 

Hay que tener en cuenta que los nuevos límites se aplican a los ejercicios cerrados a partir del pasado 29 de septiembre de 2013. Por tanto, cabe entender que la sociedad podrá formular balance abreviado si en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 cumple al menos dos de los nuevos límites, aunque en el ejercicio 2012 hubiese superado alguno de los límites vigentes para ese ejercicio (5.700.000 euros de cifra de negocios o 2.850.000 euros de activos).

 

Se mantienen, sin embargo, los mismos límites de activo e importe neto de la cifra de negocios anteriores a la entrada en vigor de la Ley para la obligación de auditar las cuentas anuales, por lo que desde el 29 de septiembre de 2013 no siempre existirá la equivalencia balance abreviado = no obligación de auditar.

 

Es decir, se mantienen como umbrales para excepcionar la obligación de auditarse los de aquellas entidades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias: a) total activo no superior a 2.850.000 euros; b) importe neto de cifra de negocios no superior a 5.700.000 euros, y c) número medio de trabajadores empleados no superior a 50.

 

 

Requisito

Balance abreviado

No obligación de auditar

Activo no superior a

4.000.000€

2.850.000€

Importe neto cifra de negocios no superior a

8.000.000€

5.700.000€

Número medio de trabajadores no superior a

50

50

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

ACLARANDO DUDAS SOBRE LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS PARA LOS COMPRADORES O ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS

 

La Secretaria de Estado de Energía ha aclarado algunas dudas sobre la aplicación del Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, como por ejemplo que tanto los garajes como los trasteros no deben obtener el certificado de eficiencia, o qué información mínima debe contener el certificado para considerar cumplida la obligación impuesta.

 

Como ya el informamos en su día, en el BOE del día 13 de abril, se publicó el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprobaba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, que entró en vigor el pasado día 14 de abril,  siendo voluntaria su aplicación hasta el pasado 1 de junio de 2013. A partir de ese momento, la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, será exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha.

 

Pues bien, la Secretaria de Estado de Energía ha publicado un documento sobre las cuestiones más frecuentes en referencia a los certificados de eficiencia energética. Al tener el carácter de información oficial, su lectura es de interés, proporcionándonos la primera interpretación administrativa del precepto. Obviamente, no recoge todas las preguntas que ha suscitado la innovación, pero, por ejemplo aclara que tanto los garajes como los trasteros no deben obtener el certificado de eficiencia, o qué información mínima debe contener el certificado para considerar cumplida la obligación impuesta.

 

A continuación les informamos de algunas de esta cuestiones.

 

1. ¿Quiénes son los técnicos competentes para certificar?

 

Será considerado como técnico competente al que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o que sin poseer las titulaciones académicas anteriores hayan acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética.

 

Por tanto y en relación con la Ley 38/1999, son técnicos competentes para suscribir el certificado de eficiencia energética en los edificios, además de los arquitectos, arquitectos técnicos ó aparejadores, las personas que, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, dispongan de las siguientes titulaciones:

 

ü  Ingeniero Aeronáutico

ü  Ingeniero Agrónomo

ü  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

ü  Ingeniero Industrial

ü  Ingeniero de Minas

ü  Ingeniero de Montes

ü  Ingeniero Naval y Oceánico

ü  Ingeniero de Telecomunicación

ü  Ingeniero Técnico Aeronáutico

ü  Ingeniero Técnico Agrícola

ü  Ingeniero Técnico Forestal

ü  Ingeniero Técnico Industrial

ü  Ingeniero Técnico de Minas

ü  Ingeniero Técnico Naval

ü  Ingeniero Técnico de Obras Públicas

ü  Ingeniero Técnico Telecomunicación

ü  Ingeniero Técnico Topógrafo

 

Sin perjuicio de lo que se establezca en la Orden conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Fomento, establecida en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto 235/2013.

2. Dado que el certificado de eficiencia energética de un edificios existente contiene cuatro documentos (calificación de eficiencia energética, recomendaciones, descripción de las pruebas, cumplimiento de los requisitos medioambientales) ¿Es válido que cada documento sea suscrito por distintos técnicos?

 

No, el certificado de eficiencia energética es único y por lo tanto debe estar suscrito por un solo técnico competente.

 

Cabe destacar que, obligatoriamente, el certificado debe incluir, entre otros, el documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de eficiencia energética del edificio o de una parte de este.

 

3. ¿Es de aplicación a las viviendas excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos el Real Decreto 235/2013?

 

A las viviendas excluidas de la Ley de arrendamientos urbanos no le será de aplicación el Real Decreto 235/2013 ya que no se produce un nuevo alquiler, sino una distinta ocupación del edificio o parte del mismo.

 

4. ¿Es obligatorio obtener el certificado para las habitaciones de los hoteles, de casas rurales o espacios para eventos?

 

No es obligatoria la obtención del certificado de eficiencia energética para las habitaciones de los hoteles, habitaciones de casas rurales o espacios para eventos, ya que en estos casos no existe un contrato de arrendamiento según la Ley de Arrendamientos Urbanos.

 

5. ¿Qué se entiende por reformas importantes?

 

Reformas importantes son aquellas donde se renueve más del 25 por ciento del total de su envolvente, o la totalidad de las instalaciones térmicas o se cambie el tipo de combustible.

 

6. ¿A quién se aplica la exención de una reforma importante?

 

Sólo aquellos edificios comprados para demoler o para realizar una reforma importante están exentos, el resto tienen la obligación de obtener el certificado de eficiencia energética

 

 

7. ¿Los edificios o parte de los mismos que ya disponen del certificado de eficiencia energética realizado con base en el Real Decreto 47/2007, deben adecuarse a partir del 1 de junio al certificado establecido en el Real Decreto 235/2013?

No, los certificados elaborados con base en el Real Decreto 47/2007 son válidos y no es precisa su actualización hasta que cumpla su periodo de validez.

 

8. ¿Los garajes y trasteros de un edificio deben obtener el certificado de eficiencia energética?

 

No es obligatoria la obtención del certificado de eficiencia energética para los garajes o trasteros de un edificio ya que no se considera una “parte de un edificio” según la definición establecida en el apartado 3.r del artículo 1 del Real Decreto, y además, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación se consideran espacios no habitables.

 

9. Edificios ocupados por una autoridad pública ¿Qué se entiende por autoridad pública?

 

De acuerdo con la disposición adicional primera del Real Decreto 235/2013, se entenderá por autoridad pública a las Administraciones Públicas tal como son enumeradas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

10. ¿Cuándo deben los edificios de titularidad pública, ocupados por una autoridad pública y que sean frecuentados habitualmente por el público, obtener el certificado de eficiencia energética y exhibir la etiqueta de eficiencia energética?

 

Los edificios de titularidad pública, ocupados por una autoridad pública y que sean frecuentados habitualmente por el público, deberán disponer del certificado de eficiencia energética y exhibir la etiqueta de eficiencia energética a partir del 1 de Junio de 2013, cuando su superficie útil total sea superior a 500 m2. Y a partir del  9 de julio de 2015 cuando su superficie útil sea superior a 250 m2. La determinación de si son frecuentados habitualmente por el público la determinará la autoridad responsable del edificio, que deberá tener en consideración tanto si se produce una presencia importante de personas ajenas al edificio, motivada por la necesidad realizar trámites o gestiones de cualquier índole como el valor ejemplarizante de esta exhibición ante los ciudadanos.

 

11. ¿Cuándo deben exhibir la etiqueta de eficiencia energética los edificios de titularidad privada que dispongan de una superficie útil total superior a 500 m2  y que sean frecuentados habitualmente por el público?

 

Los edificios de titularidad privada que dispongan de una superficie útil total superior a 500 m2

y que sean frecuentados habitualmente por el público deberán obtener el certificado de eficiencia energética cuando se construyan, vendan o se alquilen. Cuando estos edificios dispongan del certificado de eficiencia energética tendrán la obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética a partir del 1 de junio de 2013.

12. ¿Se debe entregar el original del certificado cuando se venda una unidad del edificio de un bloque?

 

Sí, cuando se venda una unidad o parte de un edificio en bloque se podrá, a efectos de esta normativa, hacer uso de:

 

a) certificado de eficiencia energética de la unidad o parte de un edificio. Este certificado se podrá obtener calificando la unidad en sí misma, de forma independiente o calificando todo el edificio completo. En cualquier caso, la referencia catastral será la de la unidad del edificio y se deberá poner a disposición del adquiriente este certificado.

 

b) certificado de eficiencia energética del edificio completo. En este certificado constará la referencia catastral de todo el edificio, y será suficiente con la entrega de una copia del certificado.

13. ¿Debe estar registrado el certificado de eficiencia energética de un edificio para tener validez legal?

La validez del certificado se produce una vez firmado por el técnico competente, no obstante, “el certificado de eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el promotor, o propietario, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su ámbito territorial”. Además de lo anterior, es preciso recordar que tanto el modelo de certificado aprobado como el de etiqueta deben contener el número de registro asignado por la Comunidad Autónoma.

 

La solicitud de presentación en el registro o ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma servirá provisionalmente como código de registro en tanto el órgano competente de la Comunidad Autónoma no facilite el número de registro Oficial. Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda establecer, en la normativa que desarrolle este Real Decreto, otras exigencias o requisitos al respecto.

 

14. – ¿Qué tipo de certificado de eficiencia energética deben obtener los edificios construidos que todavía no disponen de cédula de primera ocupación?

 

Los edificios construidos a partir de la entrada en vigor del derogado Real Decreto 47/2007, tienen la obligación de disponer el certificado de certificación energética del edificio terminado. En el caso de que no lo hubieran obtenido en el momento en que estaban obligados, deberán disponer del certificado del certificado del edificio terminado a partir del 1 de junio de 2013, que será calculado con el programa de referencia Calener o cualquier otra herramienta reconocida para edificios de nueva construcción.

 

15. ¿En el momento de ofertar o publicitar un edificio o unidad del edificio dirigida a la venta o alquiler, es necesario disponer del certificado de eficiencia energética o bastaría con la calificación de eficiencia energética expresa en la etiqueta de eficiencia energética?

 

Sí, es necesario disponer del certificado de eficiencia energética suscrito por el técnico competente y de la etiqueta de eficiencia energética.

 

16. ¿En qué momento el promotor o el propietario de un edificio existente o parte del mismo debe registrar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios, el certificado de eficiencia energética?

 

Aunque no existe un plazo regulado, y sin perjuicio de que pueda regularse por las Comunidades Autónomas, una vez el técnico competente elabore el certificado de eficiencia energética del edificio o de parte del edificio, el promotor o propietario deberá solicitar la inscripción del documento en el registro que habilite la Comunidad Autónoma para su registro y efectos oportunos.

La obligación del promotor o propietario de presentar este certificado para su registro se entenderá cumplida con la solicitud de inscripción en el registro de este documento ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

17. ¿Quién tiene la responsabilidad de obtener el certificado de eficiencia energética y de mostrar la etiqueta?

Es el promotor o propietario del edificio o parte del mismo el responsable de encargar la realización de la certificación energética del edificio, lo que le otorgará el derecho de utilización de la etiqueta de eficiencia energética. Por tanto es el promotor o propietario del edificio el responsable de mostrar la etiqueta en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del mismo.

 

18. ¿Está permitido modificar el tamaño de la etiqueta de eficiencia energética en la publicidad de la venta o alquiler de los edificios?

Aunque el modelo de etiqueta aprobado establece un formato y tamaño con unas dimensiones normalizadas, para la inclusión de la etiqueta de eficiencia energética en la publicidad de venta o alquiler de edificios, se permite el reducir o agrandar la etiqueta siempre que se mantenga el formato y las proporciones establecidas y sea legible.

 

También se permitirá que, manteniendo el formato y las proporciones, se muestren solo las escalas y los valores de la etiqueta.

 

En la publicidad debe constar la etiqueta de eficiencia energética, permitiéndose mostrar solo las escalas y los valores en los folletos o portales inmobiliarios, y solo mencionar la calificación en los anuncios de prensa. En los carteles de venta o alquiler que se colocan en el exterior de los edificios, y en los que solo aparece un teléfono de contacto no es necesario que aparezca la calificación energética.

Todo ello sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda establecer, en la normativa que desarrolle este Real Decreto, otras exigencias o requisitos al respecto.

19. ¿Está permitido incluir en la etiqueta de eficiencia energética un logotipo?

 

Sí, se permite incluir en la etiqueta un logotipo de la Comunidad Autónoma correspondiente, siempre que sus dimensiones sean las mismas que las establecidas para el tamaño de la bandera de la Unión Europea en la parte inferior derecha de la etiqueta y siempre que no se superponga con los datos reflejados en el modelo de etiqueta aprobado ni conduzca a equívocos.

 

20. ¿Cómo se identifica el edificio que se certifica en la etiqueta de eficiencia energética?

 

El modelo de etiqueta aprobado establece que en él se reflejarán la dirección del edificio o parte del edificio así como su referencia catastral. Puesto que el certificado de eficiencia energética es único, la etiqueta de eficiencia energética solo puede corresponderse a un único certificado. En el caso en que el edificio o parte del edificio tenga más de un registro catastral, el número correspondiente al registro catastral reflejará este hecho, ya que se trunca en los dígitos representativos. Sin perjuicio de lo anterior, en el registro de los certificados de eficiencia energética ante el órgano competente, se podrá solicitar listado completo de referencias catastrales a las que se refiere el certificado.

 

21. ¿El propietario de un apartamento de vacaciones que tiene intención de publicitarlo en alquiler para este uso temporal, debe incluir la etiqueta energética en su oferta?

 

No, no tiene obligación de incluir la etiqueta en su oferta publicitaria.

 

22. ¿El propietario de un apartamento que ha sido utilizado normalmente como residencia temporal de uso vacacional y tiene intención de publicitarlo para su venta, debe incluir la etiqueta energética en su oferta?

Sí, es el promotor o propietario del edificio o parte del mismo el responsable de encargar la realización del certificado de eficiencia energética del edificio y de mostrar la etiqueta en toda oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta del edificio o parte del mismo.

 

Por tanto como el vendedor desconoce la utilidad que piensa darle el potencial comprador, deberá incluir la etiqueta en la oferta.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

DESDE EL PRÓXIMO 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 DESAPARECEN TRES ÍNDICES DE REFERENCIA PARA PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

El próximo 1 de noviembre entrará en vigor el nuevo índice diseñado por el Gobierno en la Ley de Emprendedores que sustituirá al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) de cajas, bancos y el tipo CECA. Este cambio afectará a alrededor de un millón de hipotecados, que verán cómo cambiarán sus cuotas en función de la nueva referencia que se les vaya a aplicar.

 

De acuerdo con la Ley 14/20136 de apoyo al emprendedor (más conocida como la “Ley de Emprendedores”), con efectos desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de España dejará de publicar en su sede electrónica y se producirá la desaparición completa de los siguientes índices oficiales aplicables a los préstamos o créditos hipotecarios de conformidad con la legislación vigente:

 

a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos.

b) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros.

            c) Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros.

 

Atención. Este cambio afectará a muchos hipotecados, que verán cómo cambiarán sus cuotas en función de la nueva referencia que se les vaya a aplicar. La alternativa depende de lo que aparezca en la escritura del préstamo.  Aunque no hay estadísticas oficiales, se calcula que en torno a un 10% del volumen total de los préstamos destinados a la compra de una vivienda tiene uno de estos indicadores como referencia.

 

¿Por qué índice se sustituirá?

 

Las referencias a los tipos que hemos señalado anteriormente serán sustituidas, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato.

 

En este caso puede haber dos escenarios:

 

a)     Por un lado, que se especifique que el índice de referencia será el Euribor+ 1, en cuyo caso los usuarios no tendrán ningún tipo de problema. Además, las cuotas se encuentran en estos momentos en sus niveles más bajos.

 

b)     Por otro -más problemático-, puede suceder que esté estipulado un sustituto para el índice desaparecido, por lo que el nuevo contrato estará vinculado al IRPH de entidades. Esto implicará un diferencial igual a la media de las diferencias entre el tipo que desaparecerá y este nuevo índice de referencia.

 

¿En el caso que una hipoteca no tenga señalado un índice sustituto, el titular podría pedir que se le vinculara al Euribor?

 

No. En defecto del tipo o índice de referencia previsto en el contrato o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo.

 

Cualquier otro cambio, como referenciarlo al Euribor, pasaría por el acuerdo entre la entidad financiera y el cliente bancario para la novación del préstamo, con los costes que ello conlleva.

 

¿Se puede reclamar?

 

La sustitución de los tipos de conformidad con lo previsto en este apartado implicará la novación automática del contrato sin suponer una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita.

 

Las partes carecerán de acción para reclamar la modificación, alteración unilateral o extinción del préstamo o crédito.

 

Las personas que tengan contratada una hipoteca referenciada al Euribor no se verán afectadas por los próximos cambios en los índices de referencia hipotecarios, por lo que seguirán con la misma normativa para abonar sus cuotas. En cambio, quienes la tengan con los índices de cajas, bancos y CECA deberán mirar con detenimiento el contrato realizado con su entidad de crédito y buscar qué índice se establece como sustituto del que desaparece, que podría ser el IRPH de entidades.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Como empresario ¿puedo asumir personalmente la actividad preventiva de mi empresa cuando tengo trabajadores a mi cargo?

LE DAMOS UNOS CONSEJOS REALMENTE ÚTILES

 

Desde el 29 de septiembre de 2013, el empresario puede también asumir personalmente la actividad preventiva, cuando cuente con un máximo de 25 trabajadores (hasta ahora la asunción por parte del empresario estaba prevista para empresas de hasta 10 trabajadores) y únicamente disponga de un centro de trabajo.

 

Regla general sobre protección y prevención de riesgos profesionales

 

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales,  la Ley de Prevención de Riesgos laborales establece que el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

 

Asunción de la prevención por parte del empresario

 

Hasta el 29 de septiembre de 2013

 

Hasta esa fecha, la Ley de Prevención de Riesgos laborales establecía que para las empresas con menos de 10 trabajadores, el propio emprendedor puede asumir las actividades de prevención, siempre y cuando la actividad de la misma no este considerada de riesgo. Es una manera de facilitar y abaratar la prevención de los riesgos laborales en empresas con menos de 10 trabajadores, que en muchos casos suelen disponer de recursos limitados.

 

Requisitos para que el empresario pueda asumir la gestión de la prevención de riesgos en su empresa:

 

ü  Sólo para empresas de hasta 10 trabajadores.

 

ü  Que el empresario desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad formativa necesaria (Titulación de Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales, en el caso de empresas que no tengan una especial peligrosidad).

 

Desde el 29 de septiembre de 2013

 

Se ha modificado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para incluir un nuevo supuesto que posibilita que el empresario pueda asumir personalmente la actividad preventiva, cuando cuente con un máximo de 25 trabajadores y únicamente disponga de un centro de trabajo.

 

Requisitos:

 

  • Empresas de hasta 10 trabajadores, el empresario puede asumir personalmente las funciones relativas a la realización de la actividad preventiva, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades.

 

  • La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.

 

Si tenemos en cuenta que según la Subdirección General de Apoyo a la PYME, (datos de 2012),  el 95,55% de las empresas españolas emplea de 0 a 9 empleados  (denominadas Microempresas) y que las que emplean de 10 a 49 personas (Pequeñas Empresas) son un 3,8 % más, esta nueva medida puede afectar a la mayoría de las empresas.

 

  • Atención. Hay que tener en cuenta que la actividad de la empresa no represente una especial peligrosidad (Anexo I del Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención) y que tenga un  único centro de trabajo. Esto reduciría la cifra de empresas afectadas, pero seguiría siendo un porcentaje importante sobre el total de las mismas.

 

Desde el 29 de septiembre de 2013, se ha modificado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para incluir un nuevo supuesto que posibilita que el empresario pueda asumir personalmente la actividad preventiva, cuando cuente con un máximo de 25 trabajadores y únicamente disponga de un centro de trabajo.

 

 

PORQUE SABER QUE TRATA CON EXPERTOS, LE DA TRANQUILIDAD

 

 

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