Ley de Tasas Modificacion 2013

Modificado el régimen de las tasas judiciales y el sistema de asistencia jurídica gratuita

Se ha publicado el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, destacando la  reducción de la cuantía de las tasas en determinados supuestos,  su no exigencia en algunos casos en función de la naturaleza del proceso, la introducción de una escala específica para las personas físicas con un tipo menor que el general, y la limitación de la cuantía de las tasas en el orden contencioso-administrativo cuando el recurso se interponga contra resoluciones sancionadoras, impidiendo que la tasa supere el 50% del importe de la sanción.

 

En el BOE del día 23 de febrero, se ha publicado el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

 

Si bien la norma entró en vigor el día 24 de febrero, por excepción, para las tasas que hubieran de liquidarse por personas físicas y cualquier sujeto pasivo en algunos recursos contenciosos, se ha de esperar a la Orden Ministerial de adaptación de los modelos 696 y 695. A partir de entonces, habrá quince días hábiles, quedando en suspenso los procesos en el estado en que se encuentren. Si no se efectuara dicha liquidación por los sujetos pasivos, el Secretario judicial hará el requerimiento correspondiente.

 

Tras una importante presión social y la intervención de la Defensora del Pueblo, ahora se considera en determinados casos como excesivas las consecuencias de aplicar la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, y se adelanta la aplicación de varias medidas previstas en el anteproyecto de nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con la que ha de estar conectada y cuya tramitación parlamentaria presenta una mayor complejidad.

 

Principales cambios y novedades en la Ley 10/2012 de tasas judiciales

 

  • En la cuota variable, se introduce una escala específica para las personas físicas, con un tipo menor (0,1%) que el general (0,5%), que se reservaría para las personas jurídicas. El límite de cuantía variable para las personas físicas queda fijado en 2.000 euros (que se alcanza a partir de los 200.000 euros de base).

 

  • Se incorpora como exenciones expresas a la tasa:

 

ü  La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.

ü  Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

ü  Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

ü  En los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores están exentas la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con estos procesos. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos matrimoniales y de menores que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos. Cuando no estén exentos, se considerarán, a efectos de la determinación de la base imponible, como procedimientos de cuantía indeterminada (18.000 euros).

ü  Cuando el recurso contencioso-administrativo se interponga contra resoluciones sancionadoras, la tasa -incluida su parte variable- no podrá superar el 50 por ciento de la sanción.

 

  • Funcionarios públicos. En el orden contencioso-administrativo, los funcionarios públicos cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación.

 

  • Se aclara que, en caso de que no se acompañase el justificante del pago de la tasa, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de diez días.

 

  • Se determina que la devolución del 60% de la tasa se dará cuando tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio. Esta devolución también será aplicable en aquellos supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante.

 

Modificación en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita todavía vigente

 

Las modificaciones operadas tienen como objeto definir los supuestos que permiten la aplicación del derecho de asistencia jurídica  gratuita, sustituyéndose las referencias al salario mínimo interprofesional por el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

 

  • Se definen los supuestos que permiten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, estableciendo una casuística más amplia que la existente hasta ahora.  Se incluye también a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en procesos relacionados, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato y quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes en cuanto a las reclamaciones derivadas.

 

  • Se elevan los umbrales vigentes a la par que se sustituye la referencia al salario mínimo interprofesional por la del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). La regla general es dos veces el IPREM, pero puede llegar a tres.

 

  • Se incluye como contenido del derecho de asistencia jurídica gratuita la  exención de pago de las tasas judiciales. Por otra parte,  se establece que el Juez podrá acordar la asistencia pericial especializada gratuita por técnicos profesionales privados cuando deba prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato.

 

  • Respecto de la solicitud del derecho, se modifica la norma para indicar que se debe mencionar en la solicitud qué prestaciones se solicitan, se podrá solicitar el derecho a los solos  efectos de la exención del pago de las tasas judiciales; y el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita incluirá, en todo caso, la exención al pago de las tasas y depósitos.

 

  • En caso de que los solicitantes deban litigar bajo una sola defensa y representación, y se acreditara que los solicitantes superan los umbrales previstos en la Ley 1/1996, pero no alcanzan el quíntuplo del IPREM, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar las prestaciones que se otorgarán a los solicitantes.

 

Las normas de este Real Decreto-Ley serán también de aplicación en relación con el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, respecto del pago de la tasa judicial devengada conforme a la Ley 10/2012.

También reconoce que las cantidades abonadas en concepto de tasas devengadas conforme a la Ley 10/2012, desde su entrada en vigor, hasta el 24 de febrero de 2013 por quienes hubieran tenido reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita de acuerdo con los nuevos criterios y umbrales previstos en esta norma podrán ser restituidas, una vez reconocido el beneficio de justicia gratuita, a través de un procedimiento que habrá de iniciarse a instancia de los interesados.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

 

Un cordial saludo,

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